Errores de Fiscalía y Tribunal atrasan justicia para Gina

Errores de Fiscalía y Tribunal atrasan justicia para Gina

Sus abogadas denuncian fallas procesales del Ministerio Público que invisibilizan las causales de feminicidio

Foto: Marlene Martínez.
Samantha Páez

@samantras

Cuando la mamá de Gina —como todo el mundo conocía a María Georgina Panohaya Castillo- entró al anfiteatro a reconocer el cuerpo de su hija, vio lo que también algunos medios refieren: que tenía una espuma color rosa en la boca, así como varios moretones en las manos.

La mamá de Gina, Sonia Castillo, sabe que no fue suicidio, ni un accidente como le dijeron los agentes del Ministerio Público que llevan el caso. Sonia sabe que la muerte de su hija fue un feminicidio, porque la expareja de Gina era violento con ella antes de matarla ese 23 de junio de 2016.

Para las abogadas de la familia Panohaya es una prioridad que el delito se encuadre como tal, sin embargo algunos errores de las autoridades, como no documentar la sustancia rosa en la boca y las marcas en las manos de Gina, han dificultado este proceso.

Errores en necropsia

Diana Felipe Morales, una de las representantes jurídicas de la familia Panohaya, explicó a LADO B que el médico forense que hizo la necropsia a Gina nunca mencionó en su reporte la sustancia rosa, de tal forma que ahora es imposible saber si fue causante de la muerte.

El médico forense que hizo la necropsia nunca mencionó en su reporte una sustancia rosa en la boca de Gina; ahora es imposible saber si fue causante de la muerte

Los moretones en las manos y dedos tampoco aparecen en el dictamen médico, para la abogada esas huellas indicarían que Gina peleó con su agresor y que no murió de forma accidental.

En las dos únicas fotografías que se tomaron durante el levantamiento de cadáver sí se aprecian tanto la espuma como las marcas, por lo tanto hubo un error en la cadena de custodia pues no se tomaron muestras de la sustancia ni se detallaron las lesiones que tenía Gina.

El Manual de Organización del Servicio Médico Forense (Semefo), del Tribunal Superior de Justicia, establece que los médicos deben tomar todas las muestras necesarias durante la necropsia para su remisión a Centros especializados en Ciencias Forenses o Laboratorios.

De hecho la carpeta de investigación que se abrió por el asesinato de Gina incluye un documento con folio 840/2016/FIR, donde el Ministerio Público pide de forma explícita que el médico legista recabe en la necropsia “tantos y cuantos indicios o muestras sean necesarios” del cuerpo, una petición que fue incumplida.

Se manipuló el expediente

Estos yerros fueron los que las abogadas de la familia Panohaya pudieron identificar a partir de que tomaron el caso en enero de este año, pero hay otros que quizá quedaron enterrados, debido a que los agentes del Ministerio Público le quitaron a la mamá de Gina su copia certificada del expediente.

Consta en la carpeta de investigación el 9 de septiembre de 2016 que la mamá de Gina pidió copia de la carpeta de investigación y se la entregaron hasta octubre, sin embargo tiempo después los policías ministeriales Joel García Peña y Jorge Luis Nieto Cordero le pidieron esa copia y ya no se la devolvieron.

Karina López Bello, también asesora jurídica de la familia Panohaya, contó a LADO B que cuando revisaron con la mamá de Gina hoja por hoja, la señora Sonia notó que el nuevo expediente era más grueso, había partes de la investigación que no le entregaron en un inicio y hojas con sello que antes no lo tenían.

Desde la perspectiva de la abogada, esto significa que hubo una manipulación del expediente y podría constituir un delito.

Foto: Marlene Martínez.

En el artículo 419 del Código Penal fracción IV se menciona que un servidor público comete abuso de autoridad cuando ejecuta cualquier acto “arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución”, así como cuando “abusando de su poder” haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado.

Otro desatino del Ministerio Público es que ha excedido el periodo para investigar el homicidio de Gina, puesto que las disposiciones del nuevo sistema penal acusatorio indican que la fase de investigación debe durar de dos a seis meses, pero en el caso de Gina la investigación lleva once meses sin que siquiera se cite al presunto culpable a declarar.

En diciembre del año pasado la mamá de Gina solicitó de manera oficial que se ejerciera la acción penal contra el exnovio de su hija. Hasta ese momento se contaba con el testimonio de una persona, que vio entrar a Gina y a Mauricio en la caseta de vigilancia donde fue hallado el cadáver.

Un feminicidio más

El jueves 23 de junio de 2016 Jennifer, la hija de Gina, fue la última persona que la vio con vida. Su mamá la fue a ver a la escuela durante el receso; iba acompañada de su expareja aunque tenía dos meses que habían terminado su relación porque él era violento.

Fue hasta el sábado 25 de junio cuando el administrador de los Condominios donde trabajaba su expareja como encargado de mantenimiento encontró el cuerpo de Gina en la caseta de vigilancia: estaba en el piso y una mancha de sangre la rodeaba.

El feminicidio de Gina fue el número 45 registrado durante 2016, de acuerdo con el conteo hemerográfico del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr). La organización contabilizó 59 casos el año pasado y 219 desde 2013.

De acuerdo con el Código Penal poblano hay nueve hipótesis para que la muerte de una mujer sea considerada feminicidio: odio o aversión a las mujeres; celos extremos; lesiones o mutilaciones que degraden a la víctima, así como cualquier indicio de violencia sexual y tratos crueles previos o posteriores a la muerte; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; cuando haya existido una relación sentimental entre víctima y victimario; amenazas, acoso o lesiones previas; que la víctima haya sido incomunicada; que el cuerpo de la víctima esté expuesto o en un sitio público, y que la víctima tenga parentesco con el victimario.

El caso de Gina cumple con cuatro de las nueve hipótesis, pero aun así los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sostienen que «se trata de un homicidio culposo», es decir, que su expareja nunca tuvo la intención de matarla y que fue un accidente.

Con tal conclusión la Fiscalía y el Tribunal contradicen con su actuar lo establecido en el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el estado Puebla.

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