Tomada de laopinionpuebla.com/

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Alejandro Jiménez, abogado defensor del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), afirma que el respeto a los Derechos Humanos en una entidad no se ve reflejado en las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino en las quejas que la ciudadanía interpone.

En este sentido, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta (SNA) de la CNDH, de 2015 a febrero de 2017 las dependencias con mayor número de quejas recibidas son las de salud pública y de seguridad.

En Puebla, las autoridades con más quejas en 2015 fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), seguido del ISSSTE, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Para 2016 fueron nuevamente el IMSS, después la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el INM, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Y durante los dos primeros meses del año en curso el IMSS y el ISSSTE encabezaron la lista, seguidas de la Policía Federal (PF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la PGR. La situación a nivel local es similar a la nacional, pues durante el periodo registrado por el SNA es el IMSS la autoridad con más quejas.

Para Alejandro Jiménez las quejas que finalmente llegan a recomendaciones se administran políticamente, por ello no llegan tantas y “es difícil identificar la situación de los Derechos Humanos dependiendo de las recomendaciones emitidas contra autoridad y estado”.

De acuerdo al SNA, en Puebla se registraron 126 quejas en 2015 y 133 en 2016, pero sólo se emitieron una recomendación en 2015 y dos en 2016.

Si bien Puebla no está entre los primeros lugares a nivel nacional entre las entidades que suman más quejas, estas reflejan una ausencia de políticas públicas, atención integral y de un enfoque general de prevención en vez de reacción, consideraron expertos.

No hay prevención ni garantía de no repetición

Fernando Cuéllar, abogado defensor del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga, dijo en entrevista para LADO B que en el sector salud el principal problema es la simulación, pues se inauguran centros médicos que no están debidamente equipados ni tienen personal suficiente.

“No hay trabajo de prevención ni de anticipación. ¿Cómo se consolida el sistema de salud con una inversión sostenida? La relación de inversión y gasto no la veo equilibrada y lo que noto es la ausencia total de planeación para un sistema integral de atención de salud”.

Si bien los problemas en el sector salud en Puebla han sido visibilizados y discutidos en la opinión pública –la propia CNDH ha emitido varias recomendaciones al gobierno del Estado de Puebla violaciones al derecho a la salud, principalmente reproductiva–, el tema de seguridad sigue sin ser ampliamente discutido ni atendido.

Cuéllar dijo que actualmente toda la policía que está en las calles –no sólo en Puebla sino en el país– está en funciones de acción, lo que significa que nadie está previniendo ni anticipando los conflictos: “todo mundo está tratando apagar el fuego”.

Según el abogado la disminución de la inseguridad no tiene que ver con el número de elementos de seguridad pública sino con políticas públicas integrales, que se enfoquen sobre todo en prevenir, perseguir y sancionar las conductas ilegales. “Tenemos un problema en el que los estados de la República y el Estado Mexicano no son capaces de garantizar la integridad física de sus habitantes”.

Para Galilea Cariño, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) de la Universidad Ibero Puebla, otro problema radica en la ineficiencia de las comisiones de Derechos Humanos para investigar las quejas, incluyendo la ausencia de medidas preventivas para la no repetición.

La directora del IDHIE dijo en entrevista para LADO B que la cifra negra de denuncia en Puebla, según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGi es de 92%, lo que refleja una muy escasa posibilidad de denuncia por parte de la ciudadanía debido a la desconfianza de las autoridades, y eso mismo podría estar pasando con las quejas por violaciones a Derechos Humanos.

El alto número de quejas en los sectores de salud y seguridad evidencia que son muy pocos los Derechos que están siendo cubiertos y garantizados adecuadamente por el Estado.

Informe PRO

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (PRODH) publicó el informe “La magnitud de la crisis de Derechos Humanos en México”, donde documenta casos de violaciones relacionadas con el tema de seguridad en el periodo de 2010 a mediados de 2015.

Y si bien es sólo una parte del lapso de tiempo de las quejas registradas por el SNA, en este periodo Puebla figuró en el 5o lugar nacional en cuanto a casos en materia penal, tanto por solicitudes de información como por personas que pidieron directamente asesoría. Materia penal se refiere a situaciones como irregularidades en procesos, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y fabricación de pruebas.

Puebla también figuró entre las entidades con más quejas por detenciones arbitrarias de 2004 a 2014, y tuvo un dictamen por el delito de tortura.