Cuauhtémoc Cruz Isidoro

@cuau_cruz

[dropcap]E[/dropcap]n el hoy olvidado Pacto por México, la Presidencia de la República en conjunto con los tres principales partidos políticos habían planteado la creación de una instancia ciudadana que supervisara la contratación de publicidad gubernamental en los medios de comunicación, así como establecer un límite al ejercicio de dicho gasto.

El compromiso 95 –el último de dicho acuerdo– establecía lo siguiente:

“Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud…”

Cuatro años después, de dicho compromiso ni sus luces. Ni instancia, ni límite. El gasto en publicidad oficial se sigue ejerciendo a discrecionalidad, sin criterios claros y muchas veces bajo opacidad. En cuanto al límite del gasto, los presupuestos anuales siguen en aumento, tanto a nivel federal como a nivel estatal, donde destacan los sobre ejercicios que se realizan.

Tan sólo en 2015 se ejercieron 22 mil 103 millones de pesos en dicho rubro, mismo que equivale, de acuerdo con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al doble del gasto ejercido por el Programa Nacional de Becas, con lo cual se pudieron haber beneficiado a 4 millones de estudiantes.

El único avance que hemos tenido ha sido en materia legislativa. Con la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información –a partir de la cual se armonizaron tanto la ley federal como las estatales– se estableció como una obligación de transparencia (es decir aquella que debe ser pública sin que medie una solicitud de información) el que se transparenten los gastos en publicidad oficial.

A partir del próximo 5 de mayo, los sujetos obligados a nivel federal, estatal y municipal, deberán transparentar “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”, según la fracción XXII del artículo 70 de la mencionada Ley.

En el marco de lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en coordinación con Fundar, desarrollaron la herramienta Transparencia en Publicidad Oficial, sitio web donde se puede subir la información planteada en la Ley General y que permite una mejor visualización de los datos a favor de los ciudadanos, y lanzaron, en noviembre pasado, la campaña Reto #PublicidadAbierta, para exhortar a los gobiernos estatales –principalmente– y demás instancias, para que transparenten la información a través de esta plataforma.

Al día de hoy, sólo una entidad federativa se ha sumado a dicha herramienta: Chihuahua. Otras 3 entidades –Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo– han expresado su interés para sumarse. Los restantes 28, nada.

El asunto no es nada sencillo. Dejar al descubierto de la ciudadanía los montos de los convenios que celebran las instancias gubernamentales con los medios de comunicación puede no agradar tanto a políticos, que han encontrado en el uso de estos recursos una medida para promoverse personalmente como para callar medios incómodos, como para los medios de comunicación que se han beneficiado de estos presupuestos anteponiendo los recursos sobre el periodismo. Ahí está el ejemplo del golpeteo que está en marcha en contra del gobierno encabezado por Javier Corral.

Sin embargo, la adopción de la herramienta es una oportunidad que puede beneficiar al derecho a la información. Para los gobiernos es una oportunidad para generar confianza ante la sociedad el rendir cuentas sobre el ejercicio de grandes cantidades de recursos públicos. Como señalaba arriba, el presupuesto de comunicación social y publicidad oficial ha sido utilizado por algunos gobernantes para promoverse personalmente a partir de la difusión de sus logros de gobierno. Por ejemplo el caso Peña Nieto – Televisa. El transparentar cuánto y a quiénes se destinan los recursos públicos puede ayudar a entender la información y las opiniones vertidas en los medios de comunicación.

Para los medios de comunicación es la oportunidad para que esos recursos, que son resultado de las recaudaciones públicas, sean distribuidos manera más equitativa, sin que sirva como mecanismo beneficiar a los medios denominados “oficialistas” o para “asfixiar” a los medios incómodos, como se documentó en Puebla. Ayudaría a generar una competencia informativa más equitativa y donde se pueda privilegiar el contenido periodístico sobre los nexos económico-políticos.

Para los ciudadanos, lectores y audiencia de los medios de comunicación, es una oportunidad para conocer cómo se gastan los recursos que aportamos todos y sobre todo para vigilar el comportamiento entre medios y funcionarios (o gobiernos) cuya relación en ocasiones atenta contra el derecho a la información al hacernos pasar publicidad como información periodística.

Aún más importante es, si consideramos que en estos momentos en la Cámara de Diputados se plantea una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para modificar los derechos de las audiencias, específicamente aquellos que se refieren a que  “se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y que “se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”, el transparentar los gastos en comunicación social ayudaría a reducir esos espacios que permiten la publicidad encubierta.

La oportunidad está sobre la mesa, depende de la voluntad política de los gobiernos de sumarse al reto y de contribuir a fortalecer nuestra democracia desde un punto clave: la relación medios-gobierno y el derecho a la información de los ciudadanos.

En dicho sentido, el pasado martes 18 de abril, en la Universidad Iberoamericana Puebla se desarrolló el Foro #RetoPublicidadAbierta: transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en publicidad oficial. El evento fue convocado por el Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos y el Departamento de Humanidades, en coordinación con Fundar y un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla); la Comisión Anticorrupción de Coparmex; el Nodo de Transparencia y Lado B, con el objetivo de hacer un llamado al Gobierno del Estado y a su titular José Antonio Gali Fayad, para que se sumen a la herramienta.

En la IBERO Puebla dejamos una pregunta al aire… Puebla ¿se sumaría al reto?