Protesta contra expropiaciones en Cholula. Enero 2015
Foto: Karen de la Torre

Lado B

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Aunque existen al menos siete resoluciones de jueces federales que amparan a los integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna a quienes se les giró orden de aprehensión, todos ellos acusados de los mismos delitos luego de manifestarse en contra del proyecto del parque intermunicipal (o de las 7 culturas) y las expropiaciones en Cholula, del entonces gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle; aún hay tres de sus compañeros perseguidos por la autoridad: el caso del profesor Roberto Formacio podría llegar a revisión por la Suprema Corte de Justicia.

Roberto Formacio es el único perseguido aún por los delitos por los que fueron acusados los diez integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna luego de su manifestación y plantón en la Presidencia de San Andrés Cholula el 6 de octubre del año 2014. Los delitos son: motín, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación y despojo.

Las resoluciones dictadas por jueces federales, que amparan al resto de los integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna, determinan que no existe el delito de despojo e incluso este criterio fue confirmado por el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Manuel Barajas Vélez, cuando revisó los casos de Adán y Paul Xicale, y de Karina Pérez Popoca.

El magistrado Manuel Barajas determinó para esos casos que el delito de despojo no era aplicable, pues para que pudiera encuadrar en el tipo penal, la intención de los sujetos debía ser “despojar un bien”, o “apropiarse de éste con fines lucrativos”, lo cual no sucedió: los manifestantes al cerrar la Presidencia no mantuvieron la posesión del edificio municipal, ni tenían la intención de apropiarse del inmueble.

Esta determinación no la sostuvo en el caso de Roberto Formacio, el magistrado se contradijo: en este caso sostuvo que si existía dicho delito y que Roberto Formacio era probable responsable. Con esto violenta el principio de igualdad jurídica: si no existe el cuerpo de delito, quiere decir que el delito nunca existió en los hechos descritos y por tanto, si no existe para uno, no existe para nadie.

Por lo anterior, Roberto Formacio decidió solicitar la intervención de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asignándole el número de expediente 41/2017, el cual será revisado en próximas fechas para decidir si el caso es de especial trascendencia a nivel nacional, principalmente por las violaciones que hubo para su proceso.

El profesor, ahora jubilado de la BUAP, no se encontraba ese día en la manifestación, y ahora con su proceso, no alcanza fianza por los delitos que se le imputan.

Lo anterior fue dado a conocer por Cholula Viva y Digna mediante un comunicado, en el que explicaron que “ante la falta de justicia en Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y la interminable lista de irregularidades judiciales que han sucedido en contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y activistas se decidió llevar a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este caso particular. Será de especial relevancia para el Estado de Derecho en Puebla y la independencia de poderes, que este caso sea analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

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