Así lo afirman investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 10 años de la publicación de la LGAMVLV en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007

Montserrat Antúnez Estrada | Cimac Noticias

@cimacnoticias

Intereses políticos de gobernantes y falta de perspectiva de género en las instituciones son los principales obstáculos que impiden el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Así lo afirman investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 10 años de la publicación de la LGAMVLV en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007.

La doctora Aleida Hernández Cervantes,  investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, explica que uno de los principales retos para la aplicación de la ley ha sido la resistencia de los gobernantes para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo de protección propuesto para las mujeres que viven en zonas con alto índice de violencia  de género.

[quote_center]“Las y los gobernadores no quieren aceptar ni quieren que se diga que en el  estado que lideran se vive una violencia alarmante de género hacia ellas”[/quote_center]

Comentó Hernández Cervantes, en entrevista para Cimacnoticias, que los intereses políticos de los gobernadores para ganar elecciones frenan el acceso de justicia de las mujeres. “Las y los gobernadores no quieren aceptar ni quieren que se diga que en el  estado que lideran se vive una violencia alarmante de género hacia ellas”, dijo.

Para que la AVG se apruebe en una entidad, la Secretaría de Gobernación (Segob) debe comunicárselo al Poder Ejecutivo estatal, sin embargo, explica la doctora Hernández Cervantes, suele retrasarse porque: “Se vuelve un tema de negociación política entre la Segob y el gobernador. Y si, por ejemplo, el Secretario de Gobernación pertenece al mismo partido que el Ejecutivo del estado, el proceso se retrasa y necesita más presión de la sociedad civil, de la academia y hasta del ámbito internacional”, afirmó.

En México 41 municipios de Morelos, Estado de México, Jalisco y Michoacán tienen  la AVG, pero destaca que en el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila, las exigencias de la sociedad civil por declararla tardaron años en ser respondidas, pese al alto índice de violencia hacia las mujeres.

El informe “Homicidio: una mirada a la violencia en México” del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), menciona que en esa entidad  se reportaron 48 casos de feminicidios durante 2014.

Tema en la agenda pública

La implementación de la LGAMVLV en 20017 significó el reconocimiento por parte del Estado para institucionalizar y poner en la agenda pública la violencia de género hacia las mujeres.

Con la Ley se dio respuesta a las exigencias de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

Sin embargo, Teresa Ambrosio, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la eficacia de la LGAMVLV depende de una transformación en los modelos socioculturales de mujeres y hombres que están en las instituciones.

Teresa Ambrosio dijo que es esencial trabajar en la educación de todas las personas en materia de género y derechos humanos porque, de no hacerlo, la existencia de instituciones enfocadas a atender la violencia hacia las mujeres, así como la aplicación de la ley LGAMVLV no podrá cumplirse.

[quote_box_left]Publicación original: Cimac Noticias[/quote_box_left]