Camino a San Pedro Naranjestil
Foto: Heriberto Paredes | Tomada de animalpolitico.com/

LADO B

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Cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, en el municipio de Aquila, Michoacán, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México y entregados al crimen organizado, denuncian La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas.

Lo anterior fue dado a conocer en una Acción Urgente en la que las organizaciones de derechos humanos antes nombradas informan que:

“Hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

“Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo, debido a que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas”.

En el comunicado, las organizaciones reiteran que el 15 de noviembre del 2016 ya habían alertado a las autoridades federales y estatales sobre “la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, quienes viven en constante amenaza y vulnerabilidad a la integridad personal”.

Y ante la probable comisión “de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas”, hicieron un “llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado”.

El pasado 29 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Sedena y al gobierno de Michoacán por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Ostula.