Luis Felipe Lomelí

@lfelipelomeli

[dropcap]E[/dropcap]n 1975 sucedió lo inesperado. El ejército español estaba atrincherado en la frontera del Sahara Occidental y dispuesto a masacrar a esa ola verde de marroquíes devotos y desarmados que avanzaban hacia ellos. Pero bajaron los fusiles y las ametralladoras. Se fueron moviendo hacia el sur y, en pocos meses, el ejército colonial abandonó el territorio dejando tras de sí un reguero de minas antipersonales.

El suceso anterior sigue causando acalorados debates entre los ibéricos que consideran que se hizo lo correcto y los que sienten “nostalgia” por la pérdida de su excolonia; una nostalgia muy independiente de la cantidad de vidas humanas que habría costado disparar contra la multitud marchante (sobre las minas, eso sí, pocos hablan). No me detengo en lo que ha sucedido después en ese territorio ni en abordar la situación actual de los polisarios pues lo que me interesa es esta pregunta: ¿por qué un dictador, alguien que coqueteó con Hitler al grado de cubrir de suásticas Madrid, alguien que había llegado al poder bombardeando pueblos de su propio país (recuerde Guernica) y que no vaciló en implementar un régimen de terror con desapariciones forzadas y campos de exterminio, de repente no quiso volver a disparar contra civiles desarmados?

Los historiadores nos dicen que no fue él quien tomó la decisión, que no fue Francisco Franco –pues agonizaba- sino el rey Juan Carlos. Y, entonces, ¿desde cuándo los reyes hacían eso? ¿Cuándo el rey de un imperio colonial –recordemos a Leopoldo II de Bélgica, por ejemplo, y su genocidio de más de un millón de congoleses- se preocupó por no masacrar a sus revoltosos siervos de algún bastión ultramarino? ¿Qué había cambiado?

Lo que había cambiado entre Leopoldo II de Bélgica y Juan Carlos I de España era el mundo. Todo el mundo. Hace no mucho tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, masacrar civiles desarmados, construir campos de exterminio o hacer de la tortura y la mutilación una práctica consuetudinaria de las “fuerzas del orden” era algo común para los europeos; cuantimás si eso se lo hacían los propios europeos a seres humanos no europeos, africanos y asiáticos de preferencia.

Incluso, después de la Segunda Guerra Mundial la práctica continuó por un par de décadas: bombardear poblados, bañar de napalm aldeas completas, pasar con los tanques por encima de los niños, etc… Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, por un lado, había llevado el terror del exterminio a la propia casa de Europa y, por otro, había polarizado la política internacional entre los defensores del “mundo libre” (la OTAN) y los defensores de la “dictadura del proletariado” (el Pacto de Varsovia). También, había traído consigo las bombas atómicas y acelerado los procesos de independencia en África y Asia.

Lo anterior llevó a las potencias a repensar sus estrategias. Se revivieron, por ejemplo, las llamadas proxy-wars, ya no entre metrópolis coloniales sino entre capitalistas y comunistas. Pero, y este es el busilis aquí, también se aprovechó el desarrollo y popularización de la radio, la televisión, el cine y la prensa para abonar otro frente del conflicto: la propaganda.

Si usted es lo suficientemente viejo la recordará. En resumen, la propaganda consistía en decir que “nosotros” éramos los buenos y “los otros” los malos. Y para enaltecer la bondad de los buenos se resaltaba que en el mundo de “nosotros” todos vivíamos muy bien mientras que en el mundo de “los otros” no sólo todos vivían muy mal sino que, además, sus líderes eran tiranos sanguinarios capaces de las peores atrocidades.

Para 1975, cuando el ejército español aún tenía la orden de disparar a quien intentara cruzar la frontera del Sahara Occidental, el furor independentista había triunfado ya en casi todo el mundo, formando por igual países que coqueteaban con el Pacto de Varsovia, con el del Atlántico Norte o con ambos. Ése mismo año los comunistas de Vietnam del Norte tomaban Saigón mientras los estadounidenses terminaban de huir y un año antes, en abril de 1974, la Revolución de los Claveles tumbaba al último dictador fascista que quedaba en Europa junto con Francisco Franco: el portugués Antonio Salazar (y lo tumbaba, entre otras razones, precisamente porque sus militares ya estaban hartos de las guerras coloniales en Guinea, Angola y Mozambique).

Así, supiéralo el agonizante Franco o no, quisiéralo el rey Juan Carlos I o no, masacrar civiles era ya una opción muy poco conveniente. Era un hecho que podría aprovechar la propaganda comunista para desacreditar a los defensores del supuesto “mundo libre” al que en teoría pertenecía España desde la instalación de las bases de la OTAN en su territorio (repletitas de ojivas nucleares, por supuesto). Y bajaron las armas.

[quote_left]Lo que había cambiado entre Leopoldo II de Bélgica y Juan Carlos I de España era el mundo. Todo el mundo.[/quote_left]

En el lenguaje de las relaciones internacionales se le conoce como The power of shame –el poder de la vergüenza- al uso mediático que se puede hacer de un suceso para avergonzar a un gobierno si éste lleva a cabo una acción determinada como, por ejemplo, masacrar o torturar civiles. Y en las últimas décadas ha sido una herramienta que, con todo, ha sido más o menos eficaz para contener los excesos y abusos de poder de los jefes de estado alrededor del mundo. O, por lo menos, para que se preocuparan porque sus atrocidades fueran poco conocidas y, por lo mismo, eran más limitadas que si hubieran tenido carta abierta para hacer linchamientos públicos: no, no es lo mismo desaparecer ciudadanos en las dictaduras latinoamericanas –asunto que requiere un gran aparato logístico y burocrático- que promover los linchamientos, bombardeos y ejecuciones públicas que solían hacer los regímenes coloniales antes de la Segunda Guerra.

Durante las décadas de los 70 y 80 este “poder de la vergüenza” estaba estrechamente vinculado, como se dijo, con el frente propagandístico entre comunistas y capitalistas. Pero aún después de la caída del Muro de Berlín y las revoluciones sucedidas en el bloque comunista después de 1989, continuó su uso en la variante de “defensa de los derechos humanos y la democracia”. Fue una bella época: se desmovilizaban los grupos armados, los regímenes dictatoriales hacían concesiones democráticas (antes también habían hecho concesiones socialistas, como la legalización de la propiedad de un departamento o el seguro social, pero ésa es otra historia) y el ejemplo más claro y mediático de la efectividad de este “poder de la vergüenza” sería, sin duda, el impacto que tuvo para instaurar las sanciones internacionales que desembocaron en el cambio de gobierno en Sudáfrica, del apartheid a Mandela.

Pero poco a poco, a partir del 2001, el poder de esta herramienta se ha ido minando. Cada vez más, los escándalos no pasan de ser escándalos mediáticos con poca repercusión jurídica nacional o internacional. La llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos no parece augurar nada bueno para el repunte de esta herramienta precautoria, moral, como una medida de defensa para los ciudadanos de un territorio frente a los posibles excesos de sus gobernantes. Tristemente, podemos estar en la antesala de una nueva época donde aparezcan –si no ya como reyes sí como magnates con ejércitos privados- menos Juancarlos que ordenen bajar las armas y más Leopoldos Segundos dispuestos a administrar impunemente y de la forma más aterradora.

Ojalá me equivoque.