Distintas Latitudes

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A Latinoamérica cada vez le pesan más las desigualdades. El último informe de Oxfam le puso números y estadísticas. A lo ya sabido, que es la región más desigual en cuanto a reparto de tierras, se le agrega un dato: el 1% de las fincas de América Latina concentra más tierra que el 99% restante. Hechos y números que profundizan la violencia en el continente y un retroceso cada vez mayor de la democracia.

De acuerdo con el informe de Oxfam titulado “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, la mayoría de los países de la región presentan niveles de concentración de la tierra extremadamente altos, si se les mide con el coeficiente de Gini.

El coeficiente de Gini es un indicador que permite medir la desigualdad, en el que 0 significa que todas las personas tienen los mismos recursos y 1 es la “desigualdad perfecta” (una sola persona tiene todos los recursos, y los demás ninguno). En el caso de las tierras, Paraguay es el país de la región que tiene la repartición más desigual, con un coeficiente de 0,93, seguido por Chile (0,91) y Venezuela (0,88). En el otro extremo, se sitúa Costa Rica (0,67) con la distribución de tierra más equitativa. La mayoría de los países latinoamericanos puntúa por encima de 0,80.

La dependencia del extractivismo, el “neoextractivismo” y la economía de materias primas parecen estar detrás de estos resultados. Las materias primas minerales, combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales representan juntas más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de los países de la región, según afirma Oxfam, y en los casos extremos de Chile y Ecuador van por encima del 80%.

Las tierras de los pueblos indígenas: las más apetecidas y vulnerables

“Una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina (…) pertenece a pueblos indígenas”. El dato del informe Oxfam es conciso, las empresas multinacionales están saqueando las tierras latinoamericanas, pero sobre todo, las que pertenecen a la población más vulnerable. Sigue: “El derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios apenas existe en el papel, pues en la práctica la inmensa mayoría de las inversiones son impuestas a las poblaciones afectadas”. Esto a pesar de los numerosos llamados de atención que han hecho organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a la expansión minera y petrolera, los conflictos con las comunidades indígenas son muy “frecuentes y agudos” en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Sea por afectar sus territorios, como por contaminar las fuentes de agua de las que dependen.

Frente a tal avasallamiento, los campesinos e indígenas se ven forzados a ocupar, manifestarse y hacer huelgas para reclamar lo que les pertenece. Situaciones que derivan en múltiples ataques, hostigamiento y hasta el homicidio de activistas y defensores como el caso de Berta Cáceres en Honduras o el de los once trabajadores rurales en Curuguaty, Paraguay, por parte de las fuerzas estatales.

A esta creciente persecución y criminalización, el informe Oxfam la define como una estrategia de represión extendida por toda Latinoamérica. Los mecanismo son la militarización de los territorios, la participación de los desalojos de agentes de seguridad privada y grupos criminales junto a fuerzas policiales y militares, o la instrumentalización del aparato de justicia para deslegitimar la protesta social. Pueden proceder de los gobiernos, como desde las empresas o latifundistas, con la complicidad de los gobiernos.

De la concentración extrema en Paraguay a la distribución de Costa Rica

El caso de Paraguay es paradigmático. Según Marielle Palau, integrante de la organización paraguaya Base Investigaciones Sociales, en los últimos doce años el cultivo de productos agrícolas orientados a la exportación pasó de poco más de 2.3 millones de hectáreas a alrededor de 5.4 millones. Todo a costa de las comunidades campesinas e indígenas que en el mismo período de tiempo disminuyeron a la mitad la superficie que ocupaban, pasando de 668 mil hectáreas a 329 mil. Además, Palau dijo a Distintas Latitudes que el modelo extractivista de los agronegocios no solo agudiza la vulneración de los derechos de la población indígena, sino que afecta a toda la población paraguaya: “la dependencia alimentaria va en aumento, al tiempo que se incrementan los costos de los alimentos y disminuye su calidad”.

En el otro extremo, según el informe de Oxfam (basado en los últimos datos disponibles), Costa Rica tiene la distribución más equitativa de la tierra en América Latina, si se evalúa con el coeficiente de Gini. Sin embargo, el 1% de las explotaciones más grandes maneja el 33,89% de las tierras, lo cual, si bien está por debajo del promedio regional (51,19%) está lejos del nivel de Uruguay (el más bajo de la región), con un 18,69%.

Sin embargo, para Gustavo Oreamuno, de Ditsö, una coordinación de luchas indígenas y campesinas de Costa Rica, en este país se está viviendo una “reconcentración” de las tierras, la cual arrancó a mediado de la década de 1980.

“Esta reconcentración en muchos de los casos se ha dado hacia empresas transnacionales o nacionales, pero monocultivistas. Hay un crecimiento en cuanto a (cultivo de) palma africana, piña, y disminuye un poco el cultivo de banano”, dijo Oreamuno a Distintas Latitudes. Según cifras que maneja Oreamuno, alrededor del 60% de la tierra cultivada en Costa Rica está sembrada en monocultivos. Pero también hay otra problemática importante en el país: los territorios indígenas.

“En Costa Rica hay ocho pueblos originarios que se dividen en 24 territorios. En muchos de estos, y más que todo en la zona Pacífico Sur del país, en promedio un 70% de las tierras declaradas legalmente como territorios indígenas está en mano de personas no-indígenas. Ahí hay una problemática muy grave. Por razones históricas ellos se han hecho de esas tierras de manera ilegal, y esto no ha sido atendido por ninguna administración, de ningún partido. Desgraciadamente, en los últimos cinco años esto ha generado actos de mucha violencia contra los pueblos originarios. En estos casos ha habido mucha impunidad. La tierra de los pueblos indígenas es un tema muy grave, en el que no se ha resuelto, pese a que las condiciones jurídicas sí lo permiten”, dijo Oreamuno.

La desigualdad en la repartición de las tierras también se expresa en una brecha de género. En América Latina las mujeres representan menos del 12% de la población beneficiada en procesos de reforma agraria.