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Agresiones de funcionarios e incremento de criminalidad en Puebla están poniendo en riesgo a los periodistas

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A quien corresponda:

Hace unos días la organización Artículo 19 emitió una alerta por la agresión a dos colegas en la zona de Tehuacán. Según documentó el organismo el pasado 24 de noviembre, Maximiliano Santos, periodista de En Tiempo Comunicaciones, fue golpeado en las inmediaciones de su lugar de trabajo en Tehuacán. Al acudir a realizar la denuncia a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tehuacán, Santos fue recibido por los funcionarios con negativa porque “ya estaba fuera de horario laboral”.

Además los funcionarios de la Procuraduría consideraron que las agresiones por haberse registrado cuando el periodista no estaba haciendo un reportaje, tomando video o fotografías tenían que tratarse como un asunto del fuero común. De acuerdo con Artículo 19 “los argumentos son esbozados y van contra el mandato constitucional de la PGR de atender los casos de violencia contra la prensa”.

En el segundo caso se informó que la reportera Mariana Gutiérrez, de El Mundo de Tehuacán, fue agredida por una funcionaria de Chapulco el 23 de noviembre. Belén Leticia Hernández, regidora de Educación en ese municipio, sacó a empujones a la reportera de su oficina cuando Gutiérrez realizaba una nota sobre temas de Protección Civil.

Las agresiones se produjeron semanas después de que la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández, amenazara con demandar a los colegas y medios de la región que publiquen información incómoda para la administración de la priísta.

A la par, el pasado 11 de noviembre un grupo de colegas del interior del estado exigieron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla que atienda la situación de violencia que vive la prensa, especialmente en la que se registra en el área conocida como “el triángulo rojo” o la franja del huachicol, en donde el crimen organizado se ha apoderado de la región.

De hecho, en ese encuentro de periodistas con los responsables de vigilar que se cumplan con los derechos humanos, la coordinadora del Capítulo Puebla de la Casa de los Derechos de Periodistas, Claudia Martínez, aseguró que las denuncias por amenazas de muerte a periodistas se han incrementado y que actualmente hay seis casos de alto riesgo en la entidad.

Según una nota del portal e-consulta, en la reunión que sostuvieron los periodistas con personal de la CDH, Claudia Martínez, llamó la atención sobre el caso de Silvia Campos, corresponsal de El Sol de Puebla, quien sufrió la persecución de un auto en el municipio de Los Reyes de Juárez -zona del Triángulo Rojo-, luego que difundiera un trabajo de investigación de células del crimen organizado dedicadas a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex.

Las condiciones para el ejercicio periodístico han empezado a deteriorarse en la entidad a la par del crecimiento del crimen organizado, a lo que se suma la violencia que están ejerciendo las autoridades municipales y de otros órdenes de gobierno ante la pasividad e indolencia de los responsables de la seguridad y protección de la ciudadanía en general y de la prensa en particular.

Desde la red exigimos a las autoridades atención a las denuncias presentadas tanto en el ámbito judicial –pues existen—como en el ámbito de la protección de los derechos humanos, y las alertas y llamados que han expresado organismos de protección a periodistas como La Casa de los Derechos y Artículo 19, y cumplir con su obligación de generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la profesión de la libertad de expresión de los trabajadores de los medios, recordando que el trabajo que realizamos cumple con atender el derecho a la información de la sociedad.

No es una concesión, lo que se pide es el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y el respeto irrestricto de la libertar de expresión de los comunicadores, nada más, pero nada menos.

Atte.

Red Puebla de Periodistas

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