Susana Sánchez Sánchez

@multiplesvoces

[dropcap]S[/dropcap]i bien el siglo XXI es testigo de importantes cambios en las formas de hacer periodismo desligado de los intereses de las esferas del poder, también es escenario de prácticas que se arrastran del pasado.

Con la Independencia de México el periodismo se tornó político e incluso partidista; después, en el México revolucionario y posrevolucionario, la prensa fue oficialista, característica que se agudizó en la década de los sesenta y setenta del siglo XX. La gobernabilidad informativa creció cuando la prensa moderna se hizo más dependiente del Estado mediante la expansión de la producción capitalista y el desarrollo de la industria publicitaria; la prensa contemporánea es una extensión de la prensa dependiente de los intereses políticos y económicos que mantiene con sus clientes publicitarios (entre ellos el Estado).   Por ejemplo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (presidente de México de 1934 a 1940), nació el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), con el fin de brindarle información al gremio periodístico mediante boletines, además se estableció la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA), que se erigió como “el monopolio  mexicano para la compra de papel al exterior, y en el monopolio interno para su producción y distribución. A pesar del peligro potencial para la libertad de prensa que constituye el control del Estado sobre la fuente de la materia prima esencial del periodismo escrito” (Arredondo y Sánchez, 1987: 40 y 41)

En México, las oficinas de comunicación (o departamentos de comunicación), son un ejemplo del control que el Estado tiene con la información de carácter público, a través de la censura y la propaganda. Si bien la figura de  oficinas de comunicación empezaba a dibujarse durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, con el propósito de quitar la imagen del maximato a nivel nacional e internacional, a través de la Dirección de Publicidad y Propaganda, creada el 17 de junio de 1936; con el paso del tiempo ese objetivo se encaminó hacia un control sobre la información pública. El gobierno de José López Portillo (presidente de 1976 a 1982), por ejemplo, fue significativo, pues concentró en la Secretaría de Gobernación, la elaboración de manuales de organización sobre los servicios públicos, entre ellos el de comunicación.

[pull_quote_right]Con la Independencia de México el periodismo se tornó político e incluso partidista; después, en el México revolucionario y posrevolucionario, la prensa fue oficialista, característica que se agudizó en la década de los sesenta y setenta del siglo XX.[/pull_quote_right]

En el caso de México, es extraña la empresa mediática que sobreviva sin la autorización del Estado mexicano, mediante licitación u otorgación de concesión o convenios publicitarios, de ahí que exista una amalgama entre prensa y Estado, y se geste una relación de autoridad a la par, pues en cada esfera de poder existen intereses económicos y políticos similares: la dominación de un pueblo (en el caso del Estado) o de la audiencia (en el caso de los medios masivos de comunicación), y en medio de ese propósito en común hay una reciprocidad de pagos de favores entre la prensa y el Estado.

Con la expansión de los medios de comunicación, al Estado le dejaron de pertenecer totalmente las funciones de dirección, educación y gobernabilidad, los medios empezaron a adquirir capacidades de administración, educación y dirección, de tal manera que  se convirtieron en una estructura de poder con la atribución de informar, entretener y educar, aunque ello implicaba también una forma de manipulación. A estas nuevas atribuciones de los medios, el investigador Javier Esteinou le ha llamado Estado Mediático, en tanto son el  primer poder ideológico en la estructura cultural de la sociedad mexicana, pues  las fuerzas de la comunicación monopólica gradualmente se posicionaron, cada vez más, por encima de las instituciones y los poderes del Estado mexicano, y desde allí los oligopolios informativos han impuesto su voluntad e intereses a los gobiernos en turno y al resto de la sociedad, a través del poder fáctico que está por encima  la organización, regulación y conducción del Estado nación.

Desde el México posrevolucionario hasta la expansión neoliberal, los medios masivos de comunicación no solamente han adquirido poder político y simbólico a través de los contenidos sino que han ingresado en los espacios de toma de decisiones del país, por ejemplo en las cámaras de diputados y senadores, desde donde defienden no intereses públicos sino privados.

El desplazamiento del poder hacia los medios de comunicación masiva es uno de los síntomas de la debilidad del Estado mexicano, cuyos poderes públicos federales y republicanos: Ejecutivo, Legislativo y  Judicial, ahora se han desplazado a la oferta de contenido de entretenimiento, educativo e informativo del Estado mediático, instaurado desde el último tercio del siglo XX a la fecha, a través de la mediocracia, es decir de la creciente hegemonía política, cultural e ideológica dominada por las empresas mediáticas.

P.D. Estimado lector, me voy de vaga, pero amenazo con regresar a través de esta colaboración quincenal: Informar tiene su chiste, en enero de 2017.