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Mely Arellano

@melyarel

En el estado de Puebla cada hora se registran 2 llamadas para reportar violencia familiar, según cifras del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) entregadas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública en respuesta a la solicitud de información 00471816.   

Del 2013 a agosto del 2016 las cifras se han mantenido más o menos constantes siendo, hasta ahora, 2014 el año en el que se ha registrado un ligero repunte.

Cuautlancingo, Izúcar, Atlixco, Puebla y Hueyapan son los municipios donde se han hecho más reportes de violencia familiar por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo.

Sin embargo el número de llamadas para reportar un evento de violencia familiar dista mucho del número de denuncias que finalmente se presentan en la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Si consideramos las cifras (página 28) que la FGJ dio al Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para que realizara su informe sobre la situación en el estado, se puede concluir que en el 2013 sólo el 11.7% de los reportes de violencia familiar terminó en denuncia; en 2014, el 9.9% y en 2015 sólo el 14.2%.

Y según el mismo informe, de los casos denunciados sólo el 12 por ciento fue consignado, prevaleciendo un alto porcentaje de impunidad, pues además el Ministerio Público seguía permitiendo “la posibilidad de conciliar y otorgar el perdón en este tipo de delitos, a pesar de las prohibiciones legales expresas” (página 74).

El reto

Atendiendo al informe de Conavim y su sexta recomendación, el pasado 14 de septiembre el Congreso aprobó una iniciativa del Ejecutivo para modificar los artículos 284 Bis y 284 Quáter del Código Penal del estado, de modo que el delito de violencia familiar se sanciona “de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos. La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera parte, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años”. Además de que “El delito de violencia familiar se perseguirá de oficio”.

Una reforma que pondrá a prueba al Ministerio Público que deberá investigar, al menos, los 2 reportes que recibe el C4 cada hora. 

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