Foto: Marlene Martínez

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La reciente resolución del tribunales federales que ordena al Congreso del Estado a responder una petición formulada por los integrantes del Nodo de Transparencia y otros ciudadanos interesados en el tema pone de manifiesto que los integrantes de la actual legislatura son sordos a las peticiones de los ciudadanos, señaló el abogado Juan Bosco Rosillo Martínez, integrante de dicha organización.

Las afirmaciones del abogado en al menos tres ocasiones ha ganado amparos interpuestos contra la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) por sus deficientes resoluciones contrarias a la transparencia, se producen luego de que el Juzgado Quinto de Distrito resolviera una petición de amparo interpuesta contra el Congreso local ante la falta de respuesta de la autoridad a una petición que ingresaron en noviembre del año pasado.

[pull_quote_center]Puede haber muchos pretextos –sostuvo Rosillo Martínez—, pero en realidad es que las autoridades no quieren que la ciudadanía se involucre de manera participativa en algo que es su derecho.[/pull_quote_center]

Y explica: “Presentamos una petición al Congreso del estado, a la Junta de Coordinación Política, para que se nos diera la oportunidad de participar en el proceso de armonización de la Ley de Transparencia estatal para alcanzar los mínimos exigidos, básicamente lo que nosotros le pedimos al Congreso era que se iniciara con el proceso y que este fuera abierto a la ciudadanía y que se invitara a participar a los actores sociales. A la par entregamos un documentos con una serie de elementos con miras a conseguir no sólo los mínimos que exigía la Ley General, sino a lograr un marco normativo de avanzada”.

Pero la respuesta al documento que presentó el Nodo no fue contestado, por ello una vez concluido un plazo razonable el grupo de activistas por la transparencia iniciaron un juicio de amparo (folio 210/2016).

Cuando la autoridad supo que se había iniciado el proceso judicial decidió contestar informando al Nodo que sería la Comisión de Transparencia del poder legislativo la encarga de atender la solicitud.

Por su parte, explica el jurista, el entonces presidente de la Comisión de Transparencia, Luis Eduardo Espinosa Galicia –suplente de Marco Antonio Rodríguez Acosto, presidente titular de ese cuerpo legislativo—lo único que responde es que la legislatura había organizado la gira por la transparencia, y que “con eso se estaba escuchando a los actores políticos, y que las inquietudes que se escucharon en el foro iban a ser tomadas en cuenta para la reforma a la ley, pero evidentemente no nos contestaron al escrito. Lo único que nos dicen es que se llevó a cabo la gira de la transparencia”.

“Además –agrega Rosillo Martínez– no nos la dirige a nosotros como el grupo de personas que presentamos el amparo sino que se la dirige a la Amedi, desde ahí lo que el juez dice en síntesis es que la Junta de Coordinación Política cumplió al derivar la petición a otra autoridad, porque lo que se busca es que haya una respuesta. Y respecto de la respuesta que ofreció la Comisión de Transparencia del Congreso dijo que no es adecuada por que no está respondiendo lo que pedimos, entonces nos ofrece el amparo, obligando a la autoridad a que cumpla con la petición, y señala que la autoridad fue omisa en contestar a los ciudadanos que la interpelamos. El amparo se concede para que nos responda de manera puntual, y nos tiene que notificar y dirigir a quienes le presentamos el amparo.

Básicamente fue un jalón de orejas de la autoridad judicial al poder legislativo.

Lado B: ¿Tendrá que ver el hecho de que el diputado a cargo de la comisión no era el presidente titular?

Rosillo Martínez:  Algo tendrá que ver, pero me parece que las autoridades en general y el congreso en particular no le dan importancia a las peticiones ciudadanas, es evidente. Puede haber muchos pretextos, pero en realidad es que las autoridades no quieren que la ciudadanía se involucre de manera participativa en algo que es su derecho.