Megaproyectos en Puebla siguen violando derechos humanos

Megaproyectos en Puebla siguen violando derechos humanos

Tomada de facebook.com/pahuatlanvsgasoducto/
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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El consejo de Pueblos Indígenas Xangu Yamui, defensores de la Sierra Norte de Puebla y del estado de Hidalgo, estuvieron en la ciudad de Puebla para exigir la cancelación del proyecto del Gasoducto Tuxpan–Tula.

Un grupo de mujeres otomíes del municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, en representación de comunidades de 13 municipios y 3 estados (Puebla, Hidalgo y Veracruz) pidieron la intervención del gobierno federal y del estatal su intervención para parar el Gasoducto.

Denunciaron que la empresa TransCanadá, a través de su filial mexicana Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, es la compañía que desde principios de 2016 llegó a la zona sin aclarar sus intenciones. Las indígenas dijeron que la empresa no ha sido directa pues se han acercado a las comunidades diciendo que van a buscar agua, manantiales o pozos.

Las integrantes del Consejo Xangu Yamui dijeron que desde hace tres meses han ido a las comunidades investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), quienes les han explicado los riesgos que conlleva que el trazo del gasoducto pasara por sus tierras. Ellas, en nombre de cientos de indígenas, dijeron que rechazan totalmente el proyecto pues no quieren destrucción ni contaminación del agua.

Para las comunidades, el agua es sagrada. Las mujeres explican que incluso en San Pablito, una comunidad en Pahuatlán, tienen un cerro sagrado que les da agua, alrededor del cual hacen rituales para la cosecha de frijol y maíz. Y aseguraron que el gasoducto destruirá su forma de vida, su agricultura y alimentación.

Ante la pregunta de si las autoridades ya hicieron la consulta para la obra, respondieron que no es necesario que la hagan porque de entrada no quieren que el proyecto pase por los lugares donde viven.

Y si bien aún no hay obra física, las mujeres explicaron que los trabajadores llevan cerca de 9 meses inspeccionando la zona, para ver dónde es el lugar idóneo para el trazo del gasoducto.

Además de pedir la cancelación del gasoducto Tuxpan–Tula, pidieron también que se cancelen todos los proyectos mineros en la zona, que van desde la parte baja en Ixtacamaxtitlán, pasando por Tetela de Ocampo y hasta Cuetzalan, mismos que se unen con proyectos de hidroeléctricas en Tepatlán, todo para alimentar un mismo polígono de redes de minas, presas y los trazos por donde pretenden se transporte gas natural.

También hicieron un llamado a la Misión de las Naciones Unidas, pidiendo que incluya esta problemática en su informe sobre la situación general de Derechos Humanos en México.

En un comunicado que leyeron al inicio de la rueda de prensa, los pueblos nahuas y otomíes dijeron que este proyecto es “la mejor oportunidad para que el presidente Enrique Peña Nieto reivindique su compromiso con los pueblos indígenas”. También pidieron también al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que respete la decisión de no permitir el paso del gasoducto por los territorios de los pueblos originarios y también que garantice sus Derechos como indígenas.

Pahuatlán Tomada de facebook.com/pahuatlanvsgasoducto/
Pahuatlán
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En Ixtacamaxtitlán se siguen violando derechos humanos

Otro de los proyectos más grandes de la zona es el de la mina de oro en el municipio de Ixtacamaxtitlán, de Almaden Minerals. Si bien el proyecto está detenido temporalmente, el Consejo Tiyat Tlali, el Cesder, PODER y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario presentaron los primeros resultados de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del Proyecto Minero.

Luego de 20 meses de evaluación en la zona, desde septiembre de 2014, las organizaciones, acompañando a los habitantes y ejidatarios, encontraron varias irregularidades que se hicieron durante la etapa de exploración, misma que acabó el año pasado. La cantidad, profundidad y fecha de las perforaciones fue distinta a la reportada, además de que hubo daños del manto acuífero y el área de afectación fue mayor.

El tajo de la mina sería de más de mil metros de largo y casi mil de ancho, lo que equivale a 140 canchas profesionales de futbol. La mina en Ixtacamaxtitlán dejaría 165 millones de toneladas de residuo, casi lo mismo que pesan 183 mil automóviles, y 8 millones de toneladas de mineral.

El llamado Proyecto Tuligtic impactaría directamente en el Derecho a un Medio Ambiente Sano, tanto sobre la sierra, la atmósfera y el paisaje como sobre la fauna, la flora y el equilibrio ecológico. Otra de las principales violaciones sería al Derecho al Agua. Pese a que la empresa Almaden Minerals ha dicho que no necesitaría utilizar el agua de los mantos acuíferos para la mina, las organizaciones dijeron que es necesario hacer un análisis de equilibrio hídrico general y detallado por cada instalación, junto con un plan de gestión hídrica.

La mina vulneraría el Derecho Humano a la salud, ya que los trabajos para la extracción del metal generan mucho ruido, emisiones gaseosas, polvo y metales pesados que son potenciales contaminantes del agua y los alimentos. Esto, aunado a que las exposiciones a altos niveles de cianuro –utilizado en este proceso– dañan el corazón y el cerebro. Los efectos de estas consecuencias incluyen trastornos del sueño, estrés, problemas respiratorios y enfermedades en la piel.

En esta primera parte del estudio, las organizaciones encontraron que 70% de las personas encuestadas, habitantes de las comunidades donde estaría la mina y donde Almaden Minerals ha explorado consideran que si se consolida el proyecto, su salud se afectaría. Otro 20% respondió que tan sólo la etapa de exploración ya ha afectado su salud, tanto física como emocional.

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