Tomada de academiadeprisiones.es
Suzana De los Ángeles
Si bien sus derechos civiles están suspendidos por estar en prisión, las mujeres presas en los penales de Puebla padecen la violación de sus derechos humanos fundamentales al enfrentar maltratos, vejaciones, acoso sexual e incluso abortos no deseados cometidos por las autoridades penitenciarias a cargo de su seguridad y custodia, sin posibilidades de denunciar debido a las amenazas para alcanzar una preliberación.
Sin embargo de 2005 a 2016, 19 de los 21 Centros de Readaptación Social de Puebla acumulan sólo 51 quejas formuladas por reclusas en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH), de las cuales sólo una ha terminado en recomendación, cinco están en proceso y el resto fue desechada.
Esta cifra apenas representa el 15 por ciento de las 336 quejas presentadas en los penales de Puebla en el mismo periodo por internos varones, principalmente por el temor y la intimidación del personal penitenciario a las reclusas para inhibir las denuncias por abusos en las cárceles
Además de que la población femenil es infinitamente menor en comparación con la varonil. En 19 penales hay recluidas 589 mujeres, que representan apenas el 7%, de los 8 mil 305 varones internados en los penales de Puebla.
En 2012, el informe “Mujeres privadas de su libertad. ¿Mujeres sin derechos?” reveló que 7 de cada 10 mujeres en las cárceles sufren agresiones por parte de las mismas autoridades.
Miedo a las represalias impiden quejas
Para las reclusas formular una queja por violaciones a los derechos humanos desde el penal no es cosa fácil, a pesar de que existe un Programa Penitenciario de la CDH.
En estos centros prevalece una constante intimidación y hostigamiento por parte de las custodias y el personal penitenciario para evitar precisamente que las reclusas denuncien los abusos, afirma Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SC de la Universidad Iberoamericana de Puebla -que participó junto con la organización no gubernamental Asilegal en la elaboración del informe ya citado-, pues existen testimonios que aseguran que cuando intentan llamar al personal de derechos humanos hay represalias y amenazas.
—Las amenazan con que quedará señalado en su expediente y que tendrán problemas para alcanzar una preliberación, esto inhibe la queja —explica Cariño Cepeda, lo que lejos de favorecer la denuncia, la inhibe, y es una situación que no se evidencia en los expedientes.
Según el programa Penitenciario adscrito a la Primera Visitadora General de la CDH para formular una queja desde un centro penitenciario puede hacerse vía telefónica o por medio de sus familiares; sin embargo, de acuerdo con la especialista de la Ibero Puebla, la mayoría de las internas no recibe visitas o no tiene acceso al teléfono público.
Sumado a ello, en los penales de Puebla no hay módulos del personal de la Comisión de Derechos Humanos y las visitas de supervisión son escasas.
En los últimos 11 años, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se iniciaron sólo 51 quejas de reclusas de 19 penales, de las cuales el Cereso de San Pedro Cholula y Puebla acumulan el mayor número.
Con una población penitenciaria de apenas 44 mujeres, la prisión de Cholula tiene iniciadas 11 quejas de 2005 a 2016 por maltratos físicos, amenazas, vejaciones, prostitución forzada y falta de atención médica.
Cinco de estos procedimientos fueron presentados por reclusas embarazadas que sufrieron un aborto no deseado en el interior del penal por falta de atención médica, malos procedimientos médicos, maltrato físico y trabajos forzados impuestos por el personal de seguridad.
De acuerdo con el Informe Especial de Mujeres en Reclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este penal la atención médica es deficiente, no hay ginecólogos, medicamentos, anticonceptivos, ni campañas preventivas contra el cáncer de mama, el cérvico-uterino y el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).
Además las instalaciones son deficientes, carecen de mantenimiento, hay insalubridad, faltan espacios dignos para la alimentación, el trabajo, el descanso o el esparcimiento de los internos.
El segundo penal que contabiliza el mayor número de quejas es el de Puebla, conocido como San Miguel. En este lugar hay 325 mujeres presas, de ellas 180 están procesadas y 145 sentenciadas, sus edades oscilan entre 20 a 60 años. El robo, homicidio y secuestro, son los delitos más comunes de su detención.
Aquí las internas sólo han formulado siete quejas en más de una década, principalmente por maltrato de parte de custodios que las obligan a desnudarse y hacer sentadillas, las segregan sin procedimiento, las obligan a prostituirse, hay vejaciones y tocamientos de parte de las custodias, entre otros abusos, pero según la información de la CDH -otorgada en respuesta a la solicitud de información 00090216- no se emitió recomendación por alguna de estas faltas.
La cárcel de Izúcar de Matamoros es otro lugar donde más se cometen abusos. Con sólo 15 reclusas de 2011 a 2014 se acumularon ocho quejas, de las cuales tres fueron por discriminación por preferencia sexual y cinco más por propuestas indecorosas de custodios, acoso sexual, intimidación, maltrato y amenazas, aunque sólo se emitió una recomendación por estas quejas, la de una interna que denunció al comandante del centro que tomó represalias contra ella, por negarse a sostener una relación sentimental a cambio de beneficios.
[pull_quote_right]Las mujeres en prisión son abandonadas, no tienen recursos para que sus hijos o familiares las visiten. Lo que obtienen trabajando, lo destinan para el cuidado de su familia, alimentación, útiles escolares, etcétera. Mientras que en el caso de los varones, regularmente son visitados y ayudados por las mujeres de la familia[/pull_quote_right]
Penales de Puebla, sin derecho a la salud y al trabajo
En Puebla no hay penitenciarias femeniles, todos los espacios son mixtos, lo que agudiza las malas condiciones de vida y trato digno de las reclusas, señala el Informe Especial de 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.
El documento reconoce que las mujeres en presidio son más vulnerables que los hombres, pues prevalecen en condiciones de desigualdad, no hay programas, ni campañas de salud preventiva y las instalaciones penitenciarias no están adaptadas a las reclusas.
Revela que hay una inadecuada separación y clasificación de reclusas, lo que propicia el hacinamiento, hay irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, segregación en celdas de castigo e incomunicación con el exterior.
El informe menciona que en los penales de Tehuacán y San Pedro Cholula, -donde reclusas han sufrido abortos no deseados por falta de atención médica-, carecen de ginecólogos, comparten los servicios de los médicos del área varonil, no hay campañas de detección de cáncer cérvico-uterino y de mama, no se imparten cursos de planificación familiar, no hay anticonceptivos y faltan medicamentos.
Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, afirma que las condiciones de vida de las mujeres recluidas en los penales de Puebla son graves y preocupantes, sobre todo porque existe una diferencia abismal con relación a los varones internos.
“Las mujeres en prisión son abandonadas, no tienen recursos para que sus hijos o familiares las visiten. Lo que obtienen trabajando, lo destinan para el cuidado de su familia, alimentación, útiles escolares, etcétera. Mientras que en el caso de los varones, regularmente son visitados y ayudados por las mujeres de la familia”.
Además aunque las mujeres están encarceladas, esto no las exime de continuar siendo las proveedoras y aun en estas condiciones buscan ganar unos pesos, tejiendo, cosiendo o realizando labores de limpieza y así contribuir a la economía familiar.
Añade que en las cárceles poblanas no hay programas que ayuden a superar sus condiciones económicas, pues en la mayoría de estos centros no hay fuentes de empleo digno, bien remunerado o programas de formación laboral que las prepare para cuando recuperen su libertad, lo que implica que muchas terminen ejerciendo la prostitución.
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CANIJO CONEJO
