Lado B

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El 9 de julio del 2014 la Policía Estatal desalojó violentamente una manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, una junta auxiliar del municipio Santa Clara Ocoyucan, que protestaban contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal que, entre otras cosas, quitó a las juntas auxiliares las facultades de administrar el registro civil.

Unos días antes, el 19 de mayo, el Congreso estatal había aprobado la denominada “Ley Bala”, (Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado), que permite a los elementos de seguridad pública utilizar armas contra manifestantes.

El objetivo del operativo policiaco era despejar la autopista Puebla-Atlixco que había sido cerrada por los pobladores de Chalchihuapan, pero ignorando los procedimientos de priorizar el diálogo inició con el lanzamiento de gas lacrimógeno sin justificación.

La policía también lanzó granadas de gas y proyectiles de largo alcance, uno de los cuales hirió de muerte al niño José Luis Tehuatle Tamayo, de 13 años, quien falleció 10 días después. Hubo además otras 13 personas heridas y detenciones arbitrarias.

Como resultado de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una investigación en la que reveló que el gobierno de Puebla encubrió, mintió y manipuló las pruebas para mantener la hipótesis de que José Luis había muerto a consecuencia de la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios pobladores y así evadir su responsabilidad.

La CNDH emitió una recomendación al gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle, la cual se ha cumplido parcialmente.

A dos años de los hechos, ninguna persona ha sido responsabilizada y/o procesada judicialmente por la muerte del menor.

ACTUALIZACIÓN:

Hace unas horas la Secretaría General de Gobierno anunció mediante un boletín que seis ex trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública recibieron sentencia por su responsabilidad en los sucesos del pasado 9 de julio de 2014, una sentencia que aún no está firme, pues todavía pueden ampararse y llevar el proceso jurídico a una siguiente instancia.

«Este jueves 7 de julio de 2016, el Juez Tercero Penal de la ciudad de Puebla, dictó sentencia condenatoria en contra de seis exservidores públicos, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. A dos de ellos se les declaró penalmente responsables del delito de Homicidio Culposo en agravio del menor fallecido, en tanto que a otros cuatro se les declaró penalmente responsables de los delitos de Lesiones y Falsedad de Declaraciones».

En el boletín se agrega: «De acuerdo con las normas que rigen el proceso penal, se está en espera de que esta resolución quede firme, para así informarlo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que da seguimiento al cumplimiento de cada aspecto de la recomendación».