Samantha Páez
No hay rastro de que el gobierno de Puebla haya adquirido 236 cámaras de video, como le aseguró a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en cumplimiento con el punto 7 de la recomendación 2VG/2014, sobre los hechos ocurridos el 9 de julio del 2014 en San Bernardino Chalchihuapan donde perdió la vida el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Dicha recomendación tiene todavía el estatus de “parcialmente cumplida” pues quedan pendientes los puntos 2, 3 y 10, según informó la CNDH el pasado 26 de mayo.
Pero el punto 7, respecto de “proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos”, ya lo considera atendido pues así lo informó el gobierno de Rafael Moreno Valle al organismo.
Sin embargo ni la Secretaría de Finanzas y Administración, ni la Secretaría de Seguridad Pública tienen registro del contrato de la supuesta adquisición.
Reportan adquisición de cámaras
A través de una solicitud de información se pidió a la CNDH (folio 00025316) las pruebas ofrecidas por el gobierno poblano para demostrar el cumplimiento del punto 7 recomendatorio, en respuesta la CNDH entregó dos oficios.
En el primero de fecha 14 de octubre del 2014, Juan de la Cerda Hermida, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa a Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la Oficina del gobernador, la adquisición de 236 cámaras ofreciendo como única prueba 3 fotografías del supuesto equipo y sus cajas.
En el segundo oficio, con fecha 7 de noviembre del 2014, De la Cerda informa a Piña Kurczyn que entregaron 80 cámaras a la entonces Procuraduría General de Justicia y 156 a la SSP, el 28 de octubre y el 6 de noviembre respectivamente.
En ese oficio hay dos anexos. El anexo 1 es un listado del equipo supuestamente entregado, certificado por el notario público número 1, Enrique Camarillo Domínguez. El anexo 2 es un oficio de Víctor Carrancá Bourguet a Juan de la Cerda, con fecha 19 de septiembre del 2014, que incluye una cotización de 5.7 millones por 180 kits de sistema móvil de video vigilancia, la infraestructura del centro de monitoreo y 80 cámaras para policías ministeriales, cuyas características no coinciden con las que supuestamente le entregó el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin pruebas de la compra
Para confirmar la adquisición del equipo se solicitó (folios 00165216 y 00165116 respectivamente) a las secretarías de Seguridad Pública Estatal (SSP) y de Finanzas y Administración (SFA) copia del contrato de compra, pero ambas dependencias dijeron no tener registro de dicha información.
Y es precisamente la SFA la responsable de los “procedimientos de Adjudicación de Obra, Bienes y Servicios” del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley Orgánica.
Para descartar posibilidades, se consultó además el portal Compranet -que depende de la Secretaría de la Función Pública y que tiene el objetivo de transparentar las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público- para buscar las licitaciones existentes sobre adquisición de equipo de grabación de audio y video, pero no hay ninguna convocatoria que coincida con las características y fechas de la supuesta compra.
Respuesta de CNDH sobre punto 7 de recomendación 2VG/2014
Respuesta SFA punto 7 recomendación CNDH 2VG/2014
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