Su pareja tuvo un accidente y quedó inconsciente. En el hospital no le permitían verla porque no tenían un documento que reconociera su relación. Las dos son mujeres. Una historia que se repite silenciosamente en Guatemala, donde no existen figuras legales que amparen relaciones del mismo sexo

Daniel Villatoro García | Plaza Pública

@PlazaPublicaGT

Ella lloraba y decía “mi pareja se está muriendo”. Jany Campos Pérez contaba la historia de cómo su novia cayó del techo del centro cultural que gestionan mientras intentaba repararlo. La rutina diaria de la directora teatral cambió con brusquedad desde el accidente, en la tercera semana de mayo. Ya no pasaba todo el día con la mujer con la que convivía, por trabajo y por amor. Su pareja estaba en el hospital semiinconsciente y ella tenía contadas las horas para verla.

“Yo me quedé con ella hablándole hasta que reaccionara, porque ya la había dado por muerta. Pero cuando le hablé, empezó a respirar otra vez y esperamos a los bomberos para que la atendieran”, narraba la también gestora cultural. “Tiene una fractura fuerte en la cabeza, un hematoma, y el lado derecho de su cuerpo derecho está golpeado, incluyendo un pulmón que los médicos le están drenando”, detallaba a una semana del accidente.

En el hospital le dijeron que sólo su esposo podría encargarse de ella. “¿Y su esposa?”, preguntó Jany. A la mujer que vive con ella desde hace un año y con quien mantiene una relación desde hace cinco, quien la llevó a emergencias y quien la cuidó los primeros tres días, después le fueron vedadas las visitas. Una disputa entre ella y los padres de su novia provocó que le impidieran verla por un tiempo. La familia no estaba de acuerdo en que Campos pidiera ayuda y donaciones a nombre de la paciente y decidió encargarse del cuidado de la mujer de 30 años.

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional San Juan de Dios sólo se entrega un pase de visitas a la familia. El personal del hospital insistía en que tenía que ser la familia quien cuidara a la paciente. “No lograban atar ese cabo de que yo soy su familia”, se quejaba la directora nacida en Venezuela, también actriz y docente.

Ante el Estado no hay nada que ampare la relación de Jany y su novia.

Con una publicación en Facebook, Jany canalizó su frustración. Comenzaba llamando «A TODAS LAS LESBIANAS que están HARTAS» y continuaba explicando la necesidad de una figura legal que las ampare, «que me proteja como ciudadana y también proteja a la persona con la que elija compartir mi vida». La publicación finalizaba con una invitación a organizarse para exigir esos derechos.

El sábado 28 de mayo una veintena de lesbianas acudieron a la convocatoria, y se dispusieron a escucharla. Jany dice que si el mundo no sabe sobre estos problemas es porque quienes los sufren no se atreven a contarlos. “Conté mi historia para que vean lo que les puede pasar”, explica.

En un salón del centro cultural que fundó junto a su novia, con la ilusión de crear un espacio donde no se discriminara a nadie, la mujer sostenía dos marcadores con los que empezó a explicar los obstáculos de los últimos días y definió estrategias para exigir protección legal. Trazó círculos en los que situó a los sectores u organizaciones que podrían apoyarlas. Descartó el sector público, pues veía muy difícil encontrar apoyos y reconoció que existe un vacío legal y de políticas públicas para las personas de la diversidad sexual. Su estrategia con el sector privado se basaba en demostrar que ella y otras personas como ella son sus clientes. Y con la sociedad, explicó que hay que contar sus historias para que las personas que las escuchen entiendan que también tienen problemas y que su lucha no es la de unos pocos.

[pull_quote_center]Porque no tenemos una base de leyes. Porque no tenemos nada que nos proteja. Porque no existimos, porque somos una molestia para la sociedad. Porque somos invisibles… Porque no tienen idea de cuántas somos porque no se los hemos dicho[/pull_quote_center]

Jany Campos sabe que su situación se justifica socialmente: “Porque no tenemos una base de leyes. Porque no tenemos nada que nos proteja. Porque no existimos, porque somos una molestia para la sociedad. Porque somos invisibles… Porque no tienen idea de cuántas somos porque no se los hemos dicho”. En efecto, no hay datos o cifras que indiquen cuántas personas se han visto desprotegidas en dificultades similares. Carlos Romero Prieto, secretario ejecutivo de la Red Nacional por la Diversidad Sexual coincide con la directora de teatro. Casos como éstos no están documentados porque las personas se sienten revictimizadas al tener que enfrentarse al tortuoso proceso de poner denuncias o chocar contra la burocracia que desde el inicio no reconoce sus derechos, explica Romero.

La defensoría de la Diversidad Sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) registra 27 casos de violencia o conflictos familiares desde su creación en 2014, sólo en el departamento de Guatemala. En los otros departamentos, las auxiliaturas departamentales no tienen defensorías específicas que lleven registro de las personas a las que se les vulneren sus derechos por cuestiones de género.

Patricia Vargas, consultora del Observatorio de Derechos Humanos, quien participó en la reunión convocada por Jany, entiende que al atreverse a visibilizar y denunciar estos problemas, las personas de la diversidad sexual se arriesgan, entre otras cosas, a perder su empleo y encontrarse en un aislamiento de su círculo social que les afecte la salud mental.

Ese sábado, en el grupo del centro cultural, las asistentes —todas mujeres— desahogaron la frustración sobre la violencia y discriminación que viven a diario. “Sabés que a un idiota se le puede ocurrir pegarte sólo porque sos lesbiana”, decía una de ellas. En la sala de la casa del centro histórico con zócalos de madera y piso antiguo, Jany Campos cerró su participación con un llamado: “Muchá, no esperen a que les pase esto”.

La discriminación invisible

“Existe una invisibilidad a los problemas de las lesbianas en Guatemala, quienes sufren violencia por ser lesbianas, pero también por ser mujeres, violencias que socialmente son legitimadas”, ha dicho Vargas, para quien la lucha por una legislación que ampare a la comunidad LGBTI —sea a través del matrimonio, la unión de hecho, la ampliación del concepto de familia en el Código Civil o una política pública— implica romper estructuras de poder que han excluido a una porción de guatemaltecos por su preferencia sexual.

Hay, al menos, tres vacíos en la atención a las personas de la diversidad sexual en el sistema: Una política pública de atención para que los usuarios puedan acercarse a las instituciones del Estado sin temor a ser discriminados, una ley de identidad de género, y una ley para las parejas y familias que no entran en el canon “hombre y mujer”.

La Constitución de la República establece que el Estado se organiza para proteger a la familia, cuya base legal es la figura del matrimonio. La Carta Magna se refiere a cónyuges, pero no establece el sexo de las parejas que formen familia.

Pero el Código Civil sí los define. “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos…”, se lee en el Artículo 78. El matrimonio entre personas del mismo sexo no estaría prohibido constitucionalmente, pero la mención de hombre y mujer en esa ley, la coarta.

[pull_quote_right]El Código Civil se redactó en 1963. Es conservador y anticuado porque no corresponde a las necesidades de la sociedad. Deja afuera a formas de familia que no son un matrimonio y sus hijos. Los núcleos familiares son diversos[/pull_quote_right]

Según Gabriela Tuch, defensora de la diversidad sexual en la PDH, un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, pero un funcionario puede hacer sólo lo que la ley le permite. “El funcionario tiene las manos amarradas si no tiene una legislación que se lo permita”, indica Tuch.

“Para que el matrimonio igualitario se permita se tendría que reformar el Código Civil”, plantea Stephanie Rodríguez, abogada experta en discusiones de género del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Legalmente, ese código es una ley de carácter ordinario, la Constitución y los tratados internacionales están sobre ella.

El Código Civil se redactó en 1963. “Es conservador y anticuado porque no corresponde a las necesidades de la sociedad. Deja afuera a formas de familia que no son un matrimonio y sus hijos. Los núcleos familiares son diversos”, opina la abogada.

En cuanto a la figura legal de la unión de hecho, el Artículo 173 del Código Civil establece que se da entre un hombre y una mujer para tener beneficios legales por la vida en común y de ayuda mutua que comparten.

Jany Campos no quiere matrimonio. “Eso se lo dejo a la iglesia”, dijo. Lo que quiere, indicó, es tener opciones legales para compartir su vida con alguien y recibir los beneficios que eso conlleva como el acceso a servicios de salud, el seguro social, compartir patrimonio, tener beneficios laborales, y también ser reconocida como parte del núcleo familiar de la persona para que se garantice su comunicación en caso de que existan problemas de salud, tutela; y que tengan garantías con el sistema penal, de justicia, e incluso el sistema penitenciario.

La ley del clóset

A finales de los años 90 un grupo de activistas redactaba una propuesta de anteproyecto de ley sobre las uniones entre parejas del mismo sexo. “Teníamos la idea de que era sencillo plantear la igualdad de derechos”, cuenta Jorge López Sologaistoa, director de Oasis, la primera organización por los derechos LGBTI de Guatemala, quien participó en ese grupo. Ese borrador se envió a algunos parlamentarios, pero pocos estuvieron dispuestos a discutirlo.

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