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Aranzazú Ayala Martínez
@aranhera

El gobierno del estado de Puebla ha presumido el programa Crédito a la Palabra de la Mujer, a cargo del DIF estatal (y ahora replicado también por el municipal) como uno de los principales apoyos económicos para el trabajo de las mujeres. En 8 de marzo, Día de la Mujer, el gobernador Rafael Moreno Valle entregó miles de créditos en una ceremonia, presumiendo haber cumplido su promesa de campaña.

Según un comunicado oficial del gobierno del estado, durante la administración de Moreno Valle y mientras Martha Erika Alonso encabeza la dependencia estatal, se han entregado 92 mil 108 apoyos con un monto total de 192.9 millones de pesos, apoyando a 5 mil 799.

El programa funciona por etapas. En cada una se da un préstamo a las mujeres que lo pidan que tienen que conformar grupos para recibir desde mil hasta diez mil pesos. En cada etapa, cada una de las integrantes recibe mil pesos y tiene un tiempo determinado para regresar la misma cantidad más una cuota por manejo de la cuenta bancaria, ajena al DIF. Mientras se avanza en las etapas los montos de préstamo aumentan mil pesos por persona.

Pero, ¿cómo se puede comprobar cuántas mujeres han recibido apoyo y por cuánto tiempo, y si la cifra que anuncia el gobierno es real?

El DIF estatal ha hecho 22 entregas del programa, oficialmente llamado “Fondo de apoyo productivo a la palabra de la mujer poblana”, y es necesario conocer el número de mujeres que han pedido los apoyos, cuánto tiempo los han recibido, cuántas han abandonado los grupos y en qué etapa van. Pero la información no se puede conocer.

En la página oficial de transparencia del estado lo único que hay es un resumen de la 21va entrega, realizada a finales de 2015, con cifras generales de montos de beneficiarias que han llegado hasta la séptima etapa.

El equipo de Lado B hizo una solicitud de información al sistema DIF estatal el 8 de diciembre de 2015 para conocer “Cuántas mujeres han sido beneficiadas con el programa “Crédito a la palabra de la Mujer” durante la presente administración, durante cuánto tiempo ha recibido apoyo cada una, cuáles han sido los montos y para qué proyectos específicos. También cuánto dinero se ha gastado en los eventos de entrega, promoción y difusión del programa.”

A través del sistema Infomex, el Sujeto Obligado amplió el término de la respuesta para finalmente responder el 21 de enero de 2016 con una liga (incorrecta, por cierto) a la página oficial de transparencia del gobierno estatal donde se pueden ver un resumen de las beneficiarias y un cuadro de apoyo.

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La respuesta explicaba que “la información adicional”, sin decir cuál era exactamente, estaba puesta a disposición para su consulta directa. Después de intentar fallidamente por dos semanas hacer la cita para ver la información, se interpuso un recurso de revisión con folio RR00000316, ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), explicando que era imposible concertar la cita.

El 19 de febrero comenzó el proceso y fue hasta el 13 de abril que Montserrat Reyes, la titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del DIF, envió la ampliación con la información faltante pero con montos generales y con un link que no se puede abrir, en el cual supuestamente se explican las características de los apoyos. Además, la cifra que daba era muy distinta a la oficial que presumió Moreno Valle -5 mil 799- el 8 de marzo, pues daba cuenta de haber beneficiado a 36 mil 110 mujeres durante la presente administración estatal.

Finalmente el 11 de mayo la Caip (expediente 19/SEDIF-01/2016), con María Gabriela Sierra Palacios como ponente, resolvió dar la razón al DIF argumentando que la solicitud se intentó ampliar interponiendo el recurso y que nunca se pidió específicamente que se desglosaran los montos. Esto, pese a que la solicitud inicial pedía los montos recibidos por cada mujer y por cuánto tiempo cada una, aunque no incluía la palabra “desglosada”.

El recurso fue sobreseído por mayoría de votos a favor de José Luis Javier Fregoso Sánchez y María Gabriela Sierra Palacios, y voto en contra de Norma Estela Pimentel Méndez.

En entrevista, Pimentel explicó que la liga electrónica dada en la respuesta no funcionaba, además de que se discutió mucho el hecho de especificar si estaba desglosada o no. Dijo que a título personal consideró que al Sujeto Obligado, en este caso el DIF, “se le debe pedir que nos presente los soportes documentales, archivos, en los que se haya obtenido la información, precisamente para que se pueda hacer un análisis porque efectivamente la información existe”.

Aunque sí hay una posibilidad de que la ley reservara esta información, Pimentel consideró que en este caso no existía y que además no hubo una ampliación de motivos en el recurso de revisión. Dijo que queda claro que desde un principio se quería conocer de manera separada la información y que eso era lo que se le estaba requiriendo al DIF, aunque no dijera textualmente que se pedía desglosada.

Después de casi medio año, la mayoría de integrantes de la Caip respaldó la negativa y opacidad del DIF, por lo que no se puede comprobar –aunque ahora con la entrada en vigor de la nueva ley ya se debe poder– cuánto ni cómo ha gastado el gobierno del estado en este programa ni su eficacia en apoyo a las mujeres.

Ampliación de solicitud de información sobre Crédito a la palabra de la mujer

Resolución recurso de revisión