Sólo dos sancionados por violar la ley de transparencia en una década
Se trata de funcionarios de la administración pasada; la CAIP ha presentado 23 denuncias en el periodo
Por Ernesto Aroche Aguilar @earoche
16 de mayo, 2016
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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En los diez años que lleva vigente la ley de transparencia en el estado –aunque se aprobó en 2004 fue hasta febrero de 2006 que comenzó a aplicarse— sólo dos funcionarios estatales han sido sancionados por violar la normativa al negarse a entregar información: Gerardo Pérez Salazar, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y María Eugenia Gómez Campillo, ex titular de la Unidad de Transparencia de la SFA.

En ambos casos las sanciones de inhabilitación, de un año y tres meses respectivamente, se aplicaron por parte de la Contraloría del estado (solicitud folio 82916) una vez que terminó el sexenio en el que ambas personas ocuparon puestos en la administración estatal.

En la gráfica el ex secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar. Foto tomada de retodiario.com

En la gráfica el ex secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar. Foto tomada de retodiario.com

En ese lapso, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ha presentando 23 denuncias ante la Contraloría estatal por violaciones a la ley, según reconoció el organismo (Solicitud folio 154416). Aunque la CAIP solo da vista al órgano de control y no define quién o quiénes pueden ser los responsables, eso queda en manos de la dependencia.

Por lo demás, y a pesar de los constantes señalamientos periodísticos y de organizaciones de la sociedad civil sobre la opacidad de los gobiernos del priísta Mario Marín y del panista Rafael Moreno Valle, ningún otro funcionario estatal ha recibido sanción alguna por no entregar información pública a los ciudadanos.

Coofia, el único caso sancionado

Para ocultar la relación comercial entre la administración marinista y la empresa financiera Coofia, empresa que defraudó a más de 2 mil 300 familias, según publicó en enero de 2011 La Jornada de Oriente, la dependencia encabezada por Pérez Salazar hizo oídos sordos a las solicitudes de ciudadanos y a las resoluciones de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia ordenó en tres ocasiones se hiciera pública la copia del convenio firmado por la dependencia y la empresa financiera, y en las tres ocasiones fue ignorado.

El caso llegó entonces a la Contraloría del estado, para ese momento ya encabezada por Patricia Leal Islas, personaje del grupo cercano al panista Rafael Moreno Valle, lo que permitió que se dictaran sanciones para inhabilitar a Pérez Salazar y Gómez Campillo.

La resolución fue tomada a principios de 2011, el único momento en el que ese organismo ha tenido a dos integrantes caracterizadas por su interés en la apertura de la información, y no en la protección de los funcionarios estatales: Blanca Lilia Ibarra Cadena y Lilia Vélez Iglesias.

2011 y 2016 cascada de denuncias

En ese mismo año la CAIP promovió 10 denuncias contra funcionarios estatales por la violación al derecho de acceso a la información, cinco de esas denuncias fueron contra la Oficina de la Gubernatura, dos contra la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), y una contra la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Poblano contra la Vivienda, respectivamente. Pero, como ya se dijo, la Contraloría solo sancionó a funcionarios de la SFA.

[quote_box_left]El caso llegó entonces a la Contraloría del estado, para ese momento ya encabezada por Patricia Leal Islas, personaje del grupo cercano al panista Rafael Moreno Valle, lo que permitió que se dictaran sanciones para inhabilitar a Pérez Salazar y Gómez Campillo.[/quote_box_left]

En este sexenio las denuncias contra funcionarios estatales por la violación al derecho a la información se concentra en 2016, aunque se trata de solicitudes que se generaron en 2014 y 2015.

Es un expediente relacionado con los contratos con la empresa Creatividad y Espectáculos SA de CV (CREA) y que involucra a más de 20 solicitudes y 11 dependencias de gobierno morenovallista.

El caso, que ha seguido puntualmente esta casa editorial, se inició a principios de 2014 cuando se buscó documentar la relación comercial entre CREA, empresa que forma parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) que a su vez tiene entre sus accionistas a la empresa Televisa, y la administración panista, pues esa compañía se ha dedicado a organizar muchos de los grandes eventos de este sexenio.

La respuesta en todos las peticiones que han presentado la reportera Shanik David y este reportero, la respuesta reiterada ha sido el silencio y la opacidad.

Tepeaca, el gran sancionado

A nivel municipio la CAIP ha promovido 18 quejas desde el año 2012 a la fecha, pues fue hasta finales del 2011 cuando se le otorgo la facultad legal de revisar las respuestas a las solicitudes planteadas a los ayuntamientos.

De esas 18 quejas, en siete casos el señalado es el ayuntamiento de Tepeaca, en otros dos casos se señala al ayuntamiento de Acatzingo, el resto se lo reparten Coronango, Cuatlancingo, Amozoc, Juan C. Bonilla, Tecali, Chietla, Cuayuca, Acateno y el Sistema DIF Municipal de la capital poblana, con una denuncia respectivamente.

Ahora sancionará el órgano garante

Uno de los grandes cambios que trae consigo la nueva Ley de Transparencia que fue aprobada el pasado 4 de mayo, es que ahora será el Órgano Garante –que se transformó de Comisión a Instituto—el responsable de sancionar cuando se registren violaciones al derecho de acceso a la información (artículo 39 fracción XXXVI).

En la gráfica Javier Fregoso Foto: Es Imagen

En la gráfica Javier Fregoso
Foto: Es Imagen

Aunque hasta el momento el órgano garante aún no ha asumido las nuevas facultades que le otorga la ley, incluso en el sitio web del organismo aún se asume como «Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla», cuando por ley cambió de denominación para transformarse en «Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla”, desde el pasado 4 de mayo, fecha en que se aprobó y publicó la ley.

Incluso la ley que aprobaron los diputados locales aún no puede consultarse en el sitio electrónico del organismo, lo único que se tiene es la ley que se aprobó en 2011.

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