En respuesta a la conferencia de prensa generada el 27 de abril por el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa demandaron al Presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuradora Arely Gómez que el señor Tomás Zerón de Lucio sea separado de su puesto en la AIC a efecto de que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.
Pretendiendo defenderse, el titular de la AIC ha evidenciado la ilegalidad en la que ha incurrido, apuntaron las familias: «Es falso que la ley le brinde facultades para excarcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio. Es falso que el marco jurídico le permita ordenar acciones que son propias de diligencias formales que deben ser conducidas y ordenadas por el Ministerio Público».
Las ilegalidades confesadas por el Director en Jefe de la AIC confirman, de acuerdo con las familias de los desaparecidos, que el expediente de averiguación previa iniciado tras la desaparición de sus familiares no refleja la investigación real, misma que, como lo documenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó múltiples irregularidades y tuvo siempre un sesgo confirmatorio tendente a sostener a costa de la legalidad y los derechos humanos la llamada “verdad histórica”.
Frente a lo revelado, las familias exigen:
La salida del GIEI por disposición del Estado mexicano fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal, pues los últimos hallazgos dados a conocer por el GIEI dan cuenta que incluso frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad. Por ello, es indispensable continuar con el estrecho monitoreo internacional sobre nuestro caso hasta que accedan a la justicia y a la verdad.
Consulta aquí la ficha técnica donde se detallan las irregularidades derivadas de la presencia del Director de la Agencia de Investigación Criminal al Río San Juan, el 28 de octubre de 2014.