Foto: Marlene Martínez

Samantha Páez

@samantras

Mucho se ha hablado en los últimos meses de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla a raíz de los feminicidios que han ocurrido en el estado en los últimos años.

Tan sólo en lo que va del año el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) ha documentado 27 casos de manera hemerográfica.

La diputada local Geraldine González Cervantes envió el 2 de septiembre pasado una iniciativa al Congreso del estado para solicitar la alerta, sin embargo debido a que el Legislativo no está facultado para ello, dejó la tarea a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.

El organismo dio a conocer el 28 de diciembre de 2015 que no haría la solicitud debido a que no encontró «elementos objetivos para hacerlo».

Sin embargo el 11 de marzo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitió la convocatoria para conformar el grupo de trabajo, para que estudie y analice «la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existen violaciones a los derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida».

Ante este panorama surgen varias dudas sobre el proceso de AVG, quién o quiénes la solicitaron y quiénes conformarán el grupo de trabajo que evaluará la situación de violencia contra las mujeres en el estado. Eso justo lo que vamos a ir resolviendo a continuación.

Foto: Ámbar Barrera

1.¿Quién pidió la AVG?

Hasta el momento son dos organizaciones de la sociedad civil las que la solicitaron: el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica AC y Todos para Todos.

La primera agrupación lo hizo el 9 de marzo de 2016, mientras que Todos para Todos la pidió el 15 de marzo pero se le hizo un requerimiento y se promovió de nueva cuenta el 30 de marzo.

Se preguntó a la Secretaría de Gobernación (Segob) federal por cuál de las dos peticiones se lanzó la convocatoria para conformar el grupo, sin embargo el director adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Conavim), David Ricardo Uribe González, dijo vía telefónica que esa información no se puede revelar debido a que «no han sido notificadas formalmente las partes».

Foto: Ámbar Barrera

2. ¿Quiénes son las organizaciones promoventes?

El Instituto Mexicano de Psicología Jurídica AC, de acuerdo con su blog, fue fundada el 20 de septiembre del 2001 y tiene por objeto contribuir a la prestación de los servicios de educación y formación, investigación, prevención criminal e intervención, victimología, periciales y de expertos, mediación o resolución alternativa de conflictos, terapia, evaluación y selección, así como estudios legislativos, todo en el campo de la Psicología Jurídica.

Su presidente es Manuel Galván Castañeda, maestro en Sicología social y licenciado en Sicología por la BUAP; el secretario es Eliseo Hernández Villaverde, maestro en Procuración e Impartición de Justicia por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, y el tesorero es Alejandro del Castillo Saavedra, uno de los abogados de Elia Tamayo Montes (madre del menor que falleció en el operativo policial de Chalchihuapan) e integrante de Puebla Libre, grupo que impulsó la candidatura independiente de Ana Teresa Aranda Orozco.

Todos para Todos es una asociación registrada en el Sistema de Información del Registro Federal de las OSC el 12 de Abril del 2007. Su presidente es Yesica Martínez Taracena, aunque los voceros son la ex diputada federal Violeta Lagunes Viveros, la agrupación Puebla Libre y los integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marco Antonio Mazatle, Ricardo Jiménez e Irene Herrera.

De acuerdo con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), Todos para Todos tiene por objetivo «Impulsar el desarrollo integral de las mujeres y sus familias, a través de la formación humana, educación, participación ciudadana, organización social y comunitaria» (sic), además de «participar en acciones de protección civil y promover la participación ciudadana en asuntos de interés público y en ejercicio y defensa de sus derechos» (sic).

Foto: Marlene Martínez

3. ¿Por qué solicitaron la alerta de género?

De acuerdo con Alejandro del Castillo, tesorero del Instituto de Sicología Jurídica entrevistado vía telefónica, la solicitud se presentó por toda la violencia de género que hay en el estado y no sólo los feminicidios.

En el documento que se entregó a Inmujeres se mencionan los 16 homicidios de mujeres que acontecieron hasta principios de marzo, aunque dice que algunos de ellos no se consideren como feminicidios debido a que la tipificación es “insuficiente”.

También refiere que no es deber de los ciudadanos proporcionar más datos sobre la violencia contra las mujeres, pues será función del grupo de trabajo estudiar y analizar si la alerta procede.

Por su parte Violeta Lagunes dio a conocer en una rueda de prensa que la solicitud se promovió por dos supuestos: violencia feminicida y agravio comparado, porque las leyes y reglamentos de municipios están promoviendo la violencia contra las mujeres.

En un extracto del documento que Todos para Todos mandó a Inmujeres se dice que son los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Atlixco, Tecamachalco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tecali de Herrera, Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, Cuautlancingo, Acajete, Ajalpan, Amozoc, Calpan, Coronango, Chiautla de Tapia, Hueytamalco, Palmar de Bravo, San Salvador El Seco, Santiago Miahuatlán, Chietla, Almecatla, Tlaltenango, Tepeaca y Tlaola, donde existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres.

Algunos elementos que refiere para solicitar la alerta es que las órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia se incrementaron de 59 en 2013 a 126 en 2014, para el parcial de 2015 sumaban 92.

De igual forma se abrieron 414 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por el delito de Trata de Personas de 2009 a 2015; 284, por el delito de homicidio doloso de 2007 a 2015, y 23 feminicidios consignados.

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4. ¿Qué participación tendrán las OSC en el grupo de trabajo?

De acuerdo con la reforma del 25 de noviembre de 2013 al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los solicitantes ya no forman parte del grupo de trabajo.

“El grupo se integra por 8 personas: cuatro servidores públicos que representan respectivamente al Inmujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad bajo escrutinio; y cuatro expertos seleccionados mediante convocatoria pública (dos estatales y dos nacionales) representantes de instituciones académicas o de investigación especializada en violencia contra las mujeres”, dice la Ley.

Con el reglamento anterior las organizaciones solicitantes sí participaban en el grupo.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, manifestó -en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero pasado- que el cambio en el reglamento se debe a que la alerta de género se ha solicitado para muchos estados y la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.

—Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran.

Foto: Ámbar Barrera

5. ¿Quiénes conformarán el grupo de trabajo?

Según la convocatoria publicada en la página oficial de Inmujeres serán “las y los expertos e investigadores de instituciones académicas o de investigación de carácter nacional, que cuenten con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de violencia contra las mujeres”.

Las personas que sean elegidas ocuparán el cargo de forma honoraria, es decir, que su participación no implicará vínculo laboral alguno con las instituciones convocantes y sólo se cubrirán sus gastos por concepto de viáticos.

Entre los requisitos están: ser mexicano o mexicana; no ser o haber sido dirigente de algún partido político y pertenecer a una institución académica o de investigación reconocida por la Secretaría de Educación Pública u otra institución pública de educación superior.

También demostrar que se que ha trabajado cuando menos dos años  en el tema de violencia contra las mujeres y/o derechos humanos de las mujeres, no tener antecedentes penales o haber sido destituido del servicio público y, sobre todo, contar con tiempo para realizar la investigación.

En ese sentido María de la Luz Estrada recomendó a las organizaciones peticionarias y a los grupos promujeres que estén pendientes de quienes conformarán el grupo de trabajo, porque en caso contrario pueden escoger a los especialistas a modo.

—Si las organizaciones no están buzas de quiénes serán los (especialistas) locales, se las comen, porque puede ser alguien que sea ad hoc (que está pensado para una situación concreta). Nos pasó que en Michoacán se escogió a un tipo que era acosador sexual.

Foto: Ámbar Barrera

6. ¿Cuándo comenzará a operar?

El director adjunto de Asuntos Jurídicos de la Conavim señaló que será esta semana que se termine de conformar el grupo de trabajo, para que “inicie actividades próximamente”.

Luego se tendrán 30 días naturales para analizar la situación de violencia contra las mujeres, así como elaborar un informe con sus conclusiones y propuestas para enfrentar la problemática.

A partir de la publicación del informe, así como de la aceptación por parte del Ejecutivo estatal, hay un plazo de seis meses para que éste diseñe estrategias y se establezcan las medidas para cumplir con las propuestas y combatir las problemáticas detectadas.

En caso de que el gobierno estatal no acepte el informe o que en un plazo de seis meses no demuestre que se están atendiendo las propuestas, la Secretaría de Gobernación declarará la AVG y determinará las acciones de prevención, seguridad y justicia que deberán implementarse.