Marcha de las Putas, Puebla. Noviembre 2015. Foto: Ámbar Barrera
Karen de la Torre
No se evitó el acoso, ni el abuso, no se evitaron los asesinatos, las desapariciones ni la trata, ni la amplia gama de violencia normalizada, grave y extrema que se descarga contra las mujeres en Puebla.
No se evitó porque aunque no era opcional, durante la mitad de este sexenio no hubo Programa que coordinara a las dependencias del Estado para atender y prevenir la violencia contra las mujeres; y de los otros dos años no hay información sobre la aplicación de que existió, ni indicadores, ni evaluación, ni resultados difundidos.
Ahora, faltando 10 meses para que concluya el gobierno de Rafael Moreno Valle, el gobierno estrena un nuevo Programa.
Conversaciones indirectas con el gobierno
De la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal se desprende una herramienta llamada “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” (PROEVIM), y representa el deber del gobierno del Estado para diseñar una política pública que garantice esa “vida libre de violencia”. La aplicación de esta herramienta podría servir de indicador por sí misma para evidenciar lo importantes (o no) que son las mujeres para el gobierno de Puebla.
El 19 de enero del 2016 se pidió mediante la solicitud de información 00001716 conocer el PROEVIM que correspondería al periodo 2011 a 2017.
[pull_quote_right]Creo que ellos sabían que no les iba a alcanzar el tiempo para implementarlo. Es lamentable y hasta un poco ofensivo que nos digan que sí existe un programa y que están actuando en consecuencia, cuando resulta que este programa se acaba de actualizar y cuando el programa anterior, pues no sabemos si sí se evaluó, si sí funcionó o no, o sólo lo desecharon y ya[/pull_quote_right]
Luego de 65 días de espera la respuesta llegó, pero no se trataba del PROEVIM 2011-2017, sino de una “actualización” al mismo, que fue aprobada apenas el 16 de febrero de este año por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que, por cierto, aunque debía estar conformado desde 2007, en realidad comenzó a sesionar hasta 2013.
Para explicar por qué no se proporcionó el PROEVIM 2011-2017, el director jurídico del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) Jorge Arroyo, dijo que este primer Programa ya no debía ser tomado de referencia, pues estuvo vigente sólo dos años y medio aproximadamente: del 2012 hasta parte del 2014. Detalló que al ser elaborado con recursos federales, se aprobó con un año de retraso, y al cambiar en 2014 el Programa Integral que tiene aplicación nacional, se tuvo que actualizar el estatal.
Sin embargo, el “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres”, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2014, y no fue sino hasta hace menos de dos meses que se aprobó la actualización del PROEVIM estatal, aunque aún no ha sido publicado, por lo que las distintas autoridades involucradas no se han dado por enteradas de manera oficial: el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General, El Sistema DIF Estatal y los municipios, entre muchos otros organismos, incluidos medios de comunicación y sociedad en general.
En resumen, al menos los años 2011, parte del 2014 y 2015 no existió un Programa que determinara la actuación interinstitucional de las dependencias de gobierno para hacer frente a la problemática que nos atañe, como lo marca la Ley. Y en 2012, 2013 y parte del 2014 aunque existía un Programa, no hay información sobre su aplicación, evaluación, ni resultados, y al contrario, las cifras reflejan que en esos años la violencia hacia las mujeres no disminuyó.
La responsabilidad de planificar el PROEVIM, es del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a éste lo integran: el gobernador, Rafael Moreno Valle, y los titulares de las Secretarías: General de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación; así como los titulares de la Fiscalía General, de la Procuraduría del Ciudadano, de los Servicios de Salud del Estado, del Instituto Poblano de las Mujeres, del DIF, del Consejo Estatal para la Atención de Violencia Familiar y el Presidente o representante del Tribunal Superior de Justicia.
Marcha contra feminicidios, Puebla. Septiembre 2015.
Foto: Ámbar Barrera
Números que hablan
El contenido del PROEVIM –nunca publicado, nunca público— 2011-2017, vigente de 2012 hasta una parte del 2014 es de 71 páginas: 50 de ellas dedicadas a la presentación (introducción, leyes aplicables, conceptos, metodología y objetivos), 6 para exponer las acciones contra la violencia y 15 para concluir (método de medición de éxito, glosario y bibliografía).
En total, el Programa contenía sólo 27 propuestas para combatir la violencia contra las mujeres: iban desde bocetos de acción como “Promover la participación activa de los cuerpos policiacos en la detección temprana de prácticas de violencia contra las mujeres y su presencia activa y oportuna sobre todo en los casos de violencia de género hacia las instituciones especializadas”, hasta “Incluir en las páginas web del Estado y de los municipios, un enlace, un micrositio o apartado en el que se difundan los derechos de las mujeres, los programas para atender la violencia de género, las leyes que las protegen y los recursos disponibles”.
En contraste, la Actualización, esa que entró en vigor el pasado 16 de febrero y perderá vigencia al término del 2017, contiene 112 líneas de acción escritas a futuro; muchas de ellas específicas y prometedoras. Por mencionar algunas: coloca en puerta la posibilidad de establecer sanciones para servidores públicos que no actúen bajo la perspectiva de género y tengan a su cargo funciones de la administración y procuración de justicia, y plantea el diseño de esquemas para especializar a los mismos servidores públicos.
Otro punto a destacar es que se establece dar los primeros pasos para la integración de los registros de familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio al Banco Nacional de Información Genética.
Otras cifras: las organizaciones no gubernamentales que han integrado bases de datos de feminicidios, lo han hecho a partir del 2013, por lo que no hay cifras de las víctimas fatales de la falta de intervención efectiva por medio de las políticas públicas del gobierno, sin embargo del 2013 hasta justo el día de la actualización del programa, la base de datos del Observatorio de derechos sexuales y reproductivos, sumó 171 mujeres asesinadas. Hasta el lunes 4 de abril suman 183.
[pull_quote_right]Es como insistir en esta postura mediática de: sí lo estamos haciendo, aunque no sepamos cómo. Y cuando rascas un poquito en el cómo, en el fondo, te das cuenta de que hay acciones insuficientes que se quedan en intentos y que si seguimos esta lógica, lo que vamos a encontrar como sociedad será el incremento de la violencia y de la violencia extrema como ha ocurrido en el tema del feminicidio[/pull_quote_right]
Y mientras hay un registro de 183 víctimas fatales de la violencia, sólo hay 33 feminicidas procesados, 37 casos reconocidos por la Fiscalía como feminicidios y ninguna sentencia firme por feminicidio.
El tiempo, la integración y otros improperios
Natalí Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) A.C., consideró en entrevista para Lado B, que durante el tiempo que tuvo la actual administración había una gran oportunidad de invertir recursos para generar un programa sólido que pasara de la implementación a la evaluación para saber si es que, tal y como estuviera, era funcional o no.
Sin embargo, la tardanza en su elaboración y su próxima implementación hace de este programa, por bueno que sea: inviable. Podría funcionar siempre y cuando haya una propuesta de continuidad con la próxima administración, advirtió la activista, pues la vigencia del PROEVIM terminará en 2017.
“Creo que ellos sabían que no les iba a alcanzar el tiempo para implementarlo. Es lamentable y hasta un poco ofensivo que nos digan que sí existe un programa y que están actuando en consecuencia, cuando resulta que este programa se acaba de actualizar y cuando el programa anterior, pues no sabemos si sí se evaluó, si sí funcionó o no, o sólo lo desecharon y ya”.
Además, al ser una “política pública” el PROEVIM, tal y como lo señala la Ley, supone ser integral. Natalí Arias dijo que así sea bastante amplia la actualización, no se atienden todas las expresiones de violencia, pues aún faltan planteamientos concretos en cuanto a la violencia sexual específica, el acoso en los espacios públicos, las desapariciones y los feminicidios.
“Es como insistir en esta postura mediática de: sí lo estamos haciendo, aunque no sepamos cómo. Y cuando rascas un poquito en el cómo, en el fondo, te das cuenta de que hay acciones insuficientes que se quedan en intentos y que si seguimos esta lógica, lo que vamos a encontrar como sociedad será el incremento de la violencia y de la violencia extrema como ha ocurrido en el tema del feminicidio”, lamentó la directora de CAFIS.
Mientras tanto no queda más que confiar en las 112 líneas de acción escritas a futuro en un documento que perderá su vigencia en un año y (casi) 9 meses, y que no establece en su metodología fechas límites de implementación de esas líneas de acción. Sumando a ello las escasas posibilidades de que haya información sobre el avance, considerando que antes no la hubo de un Programa con sólo 27 propuestas y que tuvo dos años de vigencia.
Marcha para exigir la aparición de personas desaparecidas en Puebla. Julio 2015.
Foto: Marlene Martínez
Evaluación y articulación en duda
Algunas evidencias que apuntan a la no aplicación o al fracaso del primer Programa son:
- La reciente aprobada actualización del PROEVIM, cita cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, en lugar de citar la información procesada que debería tener el Centro Estatal de Datos, mismo que debió crearse en 2009 de acuerdo con la Ley, y éste daría pautas específicas de acción, así como un mapeo indiscutible de la articulación que deberían tener las instituciones gubernamentales. La actualización sí cita cifras de varias instancias de gobierno, pero de manera aislada, sin que sean correlacionadas.
- La Secretaría de Desarrollo Social de Puebla ignora cuáles son sus obligaciones de acuerdo con la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado, pues a una serie de preguntas al respecto (solicitud 00431015) refirió que el organismo ideal para contestar era el Instituto Poblano de las Mujeres.
- El DIF también desconoce sus obligaciones, como se puede constatar en la respuesta a la solicitud de información 00446615, donde menciona de manera general que sus tareas al respecto son dar pláticas de “no violencia” y “atención integral” a mujeres víctimas de violencia.
“Ya no podemos estar en ese nivel, este momento exige ya no plantearnos ‘sensibilización’ sino obligar a la capacitación; colocar departamentos con personas que atiendan desde un enfoque de perspectiva de género y hacer entes eficaces de atención. Siguen hablando de ‘sensibilizar’, ‘informar’, cuando a las mujeres las están asesinando y esos números van en incremento”, concluyó la directora de CAFIS.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO
