Ociel Mora

@ocielmora

[dropcap]P[/dropcap]or primera vez en la historia de Puebla tres mujeres compiten por la gubernatura. El asunto cobra interés no sólo por tratarse de mujeres, sino porque hay condiciones mas que sobradas para que una de ellas gane el primer puesto de la administración en la entidad. Sólo se requiere que las tres tengan una visión “política” de la política. Que el interés general prive sobre los personales, de partidos, grupos y grupúsculos.Poner por delante a Puebla y los poblanos. No tienen que hacer mucho en la práctica, sólo repetir la experiencia de hace seis años, cuando Moreno Valle concitó a la mayoría de la población votante en un solo objetivo: echar al marinismo de las arcas del poder y establecer un gobierno de justicia, transparencia, leyes y rendición de cuentas. La cuestión, así lo decía personalmente el ahora gobernador, no era contra los priistas, sino en particular contra Mario Marín y los suyos. Puebla fue engañada con vileza. A la vuelta del quinquenio, en materia de libertades políticas y civiles, hemos reculado a los años setenta; y en bienestar social, la desigualdad se profundizó y el número de pobres es mayor que hace seis años. El supremo principio de soberanía popular, por citar un ejemplo al azar, se ha vuelto un proceso prescindible, excusable, innecesario, vaya, que no lo podemos ahorrar. Los partidos se tornaron monedas intercambiables.

El imperativo de las señoras Blanca Alcalá Ruiz, Roxana Luna y Teresa Aranda es que lleguen a un contrato político-electoral con el compromiso explicito de salvar a Puebla, que es salvarnos a nosotros mismos. Y ese contrato común no es otro que deshacerse del morenovallismo, y restablecer un gobierno estatal de instituciones. Sí, de instituciones. En primerísimo lugar reintroducir la división de poderes. En el que el poder Legislativo haga las veces que le manda la constitución y el poder Judicial las suyas. El Ejecutivo debe constreñirse a sus tareas, sin invadir y muchos menos someter a sus pares. Porque Moreno Valle acabó con la poca institucionalidad democrática y el estado de derecho que mantienen la estabilidad política, y hacen la magia en la que los gobernantes mandan y los ciudadanos obedecemos.

Vemos en este momento como al órganos electoral se le ha prostituido hasta la medula y es usado de manera desvergonzada por el Ejecutivo para cobrar venganzas políticas personales. Ya sabemos que en el Instituto Estatal Electoral su consejo general y sus puestos administrativos, los nombró directamente el propio gobernador, para lo cual echó mano de funcionarios suyos, violentando la ley respectiva; y ese consejo electoral y esos funcionarios electorales nombrados por Moreno Valle, en un acto de vandalización de la legalidad, le quitaron al PRD las prerrogativas que por ley le corresponden; y Ana Teresa Aranda –otra de las candidatas– es amenazada judicialmente por ese mismo órgano electoral con llevarla a la cárcel. En ambos casos los mentados funcionarios electorales se han valido de argucias legaloides que no tienen ningún viso de prosperar, salvo que como hasta ahora, se mantenga indeleble la ley de la impunidad.

[pull_quote_right]No tienen que hacer mucho en la práctica, sólo repetir la experiencia de hace seis años, cuando Moreno Valle concitó a la mayoría de la población votante en un solo objetivo: echar al marinismo de las arcas del poder y establecer un gobierno de justicia, transparencia, leyes y rendición de cu[/pull_quote_right]entas.

En el caso de la priista, la señora Blanca Alcalá, se ha enderezado en su contra una campaña bien calculada que la hace aparecer como una candidata cuya derrota ya fue negociada por el gobernador Moreno Valle con el mismísimo presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, para favorecer los intereses presidenciales del poblano. Los voceros morenovallistas aducen como razones de peso los compromisos financieros del gobernador adquiridos con el grupo económico de Atlacomulco, el que ha sido favorecido de muchos modos. El más notorio: la entrega del negocio redondo del Museo Internacional Barroco. La otra razón es que Moreno Valle estaría siendo utilizado por el gobierno federal como garrote para golpear las aspiraciones de Margarita Zavala. Al parecer, la señora genera urticaria entre los priistas. Otra razón en esa misma línea, es que Moreno Valle también le echaría de garrotazos y habladas a AMLO. Como cuando envuelto en los hábitos de la democracia fustigó en contra de los populistas, ¿lo recuerdan?

El caso es que la señora Alcalá Ruiz y su equipo no han dicho nada al respecto, lo que en efecto, abona a los díceres interesados que conspiran contra su persona, contra Puebla y contra quienes anhelan una Puebla diferente. Alguien dirá que ese es asunto del partido que postula a la señora y de su equipo de campaña, y no de los ciudadanos. Sin embargo, y por raro que lo parezca, no lo es. Los partidos son organizaciones de interés público, que reciben grandes cantidades de dinero del erario, las que en periodo electoral se incrementan de manera inmisericorde. Están obligados por ley al escrutinio público y al ejercicio de rendición de cuentas. Por lo demás, y no obstante la crisis de representatividad que padecen, y la bien ganada enemistad de los ciudadanos, los partidos son centrales para la vida democrática. Ya lo dijo el ilustre de Hans Kelsen, la idea de “la democracia sin partidos políticos no tienen sentido”.

Luego entonces las aspirantes a la gubernatura tienen la obligación, legal y moral, de actuar en primerísimo lugar con base a los intereses de todos los poblanos, desde las partes que representan. Alcalá y Luna desde sus respectivos partidos, el PRI y el PRD; Aranda, desde la sociedad civil, que es tan honorable como las personas organizadas en partidos. La emergencia de Puebla les exige trabaja en un proyecto mancomunado en el que el eje sea la salvación de la entidad: el restablecimiento de la legalidad institucional. Esa condición es indispensable en primer lugar para tener unas elecciones libres y limpias de toda sospecha. Y no habrá elecciones libres y limpias, creíbles, en tanto el IEE y su consejo general no retornen a niveles de institucionalidad medianamente aceptables. De no se así, el próximo gobernador, sea quien sea, y salga de donde salga, carecerá de legitimidad para ser obedecido. Es la hora de las mujeres.

Porque, insisto, sin las bases de la institucionalidad no se podrán resolver los problemas de los feminicidios, de la transparencia, el patrimonio cultural, el gobierno de familias, de cuates, la pobreza, el desempleo, la educación, la participación ciudadana, de los medios, el campo, los indios, la apropiación del territorio por mineras, y un etcétera tan largo como problemas se enlisten.

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