Agencia Enfoque

Samantha Páez

@samantras

Por unas horas, el gimnasio de la secundaria federal “Ricardo Flores Magón”, en San Bernardino Chalchihuapan, más que escuela parece velorio: personas que hablan a murmullos, otras más yendo y viniendo con la tensión estacionada en el rostro, algunas esperan al lado de una mesa donde se colocaron un dispensador de café, botellas de agua y galletas.

En realidad el ambiente funerario en esa junta auxiliar del municipio poblano de Santa Clara Ocoyucan se arrastra desde hace un año ocho meses, cuando José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años y alumno de la institución, falleció después de permanecer diez días en coma debido a que una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal le perforó el cráneo y le truncó la vida.

La tensión ocupa una de las sillas vacías que han sido dispuestas para los pobladores reprimidos el 9 de julio de 2014 cuando protestaron contra las reformas a la Ley Orgánica Municipal, que limita las facultades de los 600 presidentes auxiliares sobre el registro civil de sus comunidades.

Pero no, no es un funeral lo que se desarrolla en la escuela de ese municipio, es el evento de disculpas públicas que tiene que ofrecer el gobierno del estado de Puebla a las personas lesionadas por “balas de goma” o latas de gases lacrimógenos que agentes de la Policía Estatal arrojaron ese 9 de julio, a las personas que fueron arrestadas e inculpadas injusta e ilegalmente antes, incluso, de que los pobladores repelieran a los policías, antes de que el cráneo de José Luis fuera destrozado.

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En el gimnasio hay una mesa con tres membretes, se lee de izquierda a derecha: David Flores Gómez, Secretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaría de Seguridad Pública; Enrique José Flota Ocampo, Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y María de Lourdes Martínez Medellín, Subsecretaria de Prevención del Delito de la Secretaría General de Gobierno.

Son los tres funcionarios estatales que a nombre del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas deben disculparse este medio día del 23 de marzo, tal como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 2VG/2014: disculparse por el uso excesivo de la fuerza permitido por la llamada “Ley Bala”.

De frente a la mesa de los funcionarios hay cinco hileras de sillas, la primera tiene marcados los nombres de las víctimas que reconoció la CNDH. El resto es para los habitantes de Chalchihuapan, aunque la mayoría es ocupada por reporteros, fotógrafos y funcionarios menores.

A las 12:00 horas se cuentan a siete pobladores y dos niños pequeños. Poco después aparece Martín Romero Montes, a quien un cilindro metálico le impactó en la mejilla izquierda y le reventó la quijada; dice que le avisaron un día antes del evento y no fue el gobierno, sino sus vecinos.

Vicente Tecalero, quien tiene problemas de audición debido a un golpe en la cabeza, ya está sentado junto a los familiares de Sergio Clemente Jiménez, quien falleció por un cuadro depresivo después de haber sido encarcelado injustamente, y Santiago Pérez, que estaba de visita y regresaba a su domicilio en Veracruz cuando fue arbitrariamente detenido, acusado de lesionar policías y liberado tras comprobarse su inocencia.

El arroyo de murmullos se silencia en cuanto entra Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto, la única de las víctimas que no ha aceptado la compensación económica que ofreció el gobierno del estado. De inmediato algunos funcionarios se le aproximan para guiarla a su asiento. Elia se encamina a una de las filas de atrás pero es llevada a la primera y justo en el centro.

Pocos minutos después un séquito de trajeados rodea a una mujer de pelo rubio, un hombre con pelo y barba blanca, así como a un sujeto delgado de lentes -María de Lourdes Martínez Medellín, Enrique José Flota Ocampo y David Flores Gómez, respectivamente– que se colocan en la mesa adornada por flores blancas.

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Cuando Martínez, Flota y Flores toman sus lugares, sólo la primera fila de sillas está llena, la segunda tiene uno que otro lugar vacío y en el resto hay funcionarios desperdigados. Los periodistas se levantan para rodear a Elia con cámaras y teléfonos en mano, otros se acercan a las bocinas.

María de Lourdes Martínez es la primera en hablar, titubea un poco, explica que el evento se realiza para cumplir con una de las once recomendaciones que hizo la CNDH por el caso Chalchihuapan.

El fiscal de Derechos Humanos agradece a los presentes, sobre todo a Elia Tamayo. Ofrece las “disculpas institucionales” por los agravios que realizaron los servidores públicos estatales, exige que el tema de la recomendación no sea politizado y hace un llamado a la reconciliación.

Quizás el fiscal olvida que hubo una segunda embestida contra el pueblo de Chalchihuapan el 18 de octubre de 2014, cuando agentes ministeriales tumbaron las puertas de cinco casas con marros, rompieron cristales y se llevaron con lujo de violencia a cinco hombres que dormían con sus familias. Un mes después también fue arrestado el presidente de la junta auxiliar, Jairo Javier Montes Bautista.

Elia Tamayo y el resto de agraviados escuchan en silencio. Sus miradas están fijas en el fiscal José Flota, pero sus rostros no tienen expresión. Las víctimas y sus familiares tienen los brazos cruzados; la madre de José Luis, los hombros caídos y las manos entrelazadas.

El abrazo forzoso
Foto: Agencia Enfoque

Al final de su discurso Flota Ocampo se acerca a Elia Tamayo, la abraza como un niño que abraza a un desconocido por orden de sus padres: con torpeza y rigidez. Le entrega un fólder con su discurso y lo mismo hace con las demás víctimas y familiares.

A los pocos minutos Elia Tamayo sale del gimnasio sin decir palabra, va del brazo de Aracely Bautista Gutiérrez, madre del edil de Chalchihuapan. La rodean cámaras, grabadoras y celulares. Le preguntan “¿Acepta las disculpas?”.

—No, eso jamás -responde y suspira. Mueve la cabeza de un lado a otro. Suelta un par de frases más, pide la liberación de Javier Montes, que los policías que mataron a su hijo sean castigados y niega haber cobrado la indemnización. Prácticamente lo mismo que ha pedido desde que su hijo José Luis fue herido de muerte.

El resto de las preguntas de los reporteros quedan en el aire, Elia Tamayo se sube al coche rojo que la llevará a su casa y se cubre el rostro con las manos por unos segundos.

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La representante de la Secretaría General de Gobierno (SGG) dice que la disculpa pública en la comunidad se da hasta ahora, casi dos años después de los hechos, debido a “los movimientos” al interior de la Secretaría.

La memoria le traiciona: el 17 de octubre de 2014, horas antes de que detuvieran a los cinco pobladores sacándolos de sus casas, el gobierno del estado hizo otro acto, fallido, de disculpa en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla. A los habitantes se les avisó también un día antes. No acudieron.

Martínez Medellín reconoce al final que el acto anterior no cumplió con los estándares internacionales: no fue en la comunidad, ni hubo afectados.

La misma CNDH apunta en el seguimiento a la recomendación 2VG/2014, el cual se puede consultar en el portal del organismo, que es “Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial”. De los once puntos recomendatorios seis se cumplieron y cinco están pendientes, uno de ellos es las disculpas públicas.

En el seguimiento de la CNDH se menciona que el argumento del gobierno de Puebla para no acreditar la participación de la gente de Chalchihuapan fue que “a solicitud de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evitó cualquier acto de molestia o intimidación, por lo que no se insistió a ningún asistente a registrar sus datos”.

[quote_box_right]La representante de la Secretaría General de Gobierno (SGG) dice que la disculpa pública en la comunidad se da hasta ahora, casi dos años después de los hechos, debido a “los movimientos” al interior de la Secretaría. La memoria le traiciona: el 17 de octubre de 2014, horas antes de que detuvieran a los cinco pobladores sacándolos de sus casas, el gobierno del estado hizo otro acto, fallido, de disculpa en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla. A los habitantes se les avisó también un día antes. No acudieron.[/quote_box_right]

La recomendación tampoco se cumple ahora porque a pesar de que el gobierno estatal entregó cinco cheques de caja y diversas cantidades económicas a siete víctimas, Elia Tamayo no ha aceptado el dinero ofrecido -que según su abogado son un millón 200 mil pesos-; y además no hay pruebas contundentes de las sanciones a los servidores públicos involucrados.

Los enviados del gobernador Rafael Moreno Valle se retiran uno a uno en sus camionetas y coches de lujo. Poco más tarde el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, dirá en una rueda de prensa en vísperas de Semana Santa que se cumplió con el punto seis de la recomendación.

En el gimnasio sólo quedan los empleados que quitan las sillas, las mesas, el dispensador de café y los adornos florales. Luego se se queda vacío, sólo el recuerdo de José Luis permanece.