Durante varios años, especialmente entre 1986 y el 2004, Colombia ocupó los primeros lugares en el ranking de periodistas asesinados en el mundo junto con Sierra Leona, Afganistán, Irak y Sudán. Unos años después, México ha pasado a integrar ese listado.

Cuando se recorre la lista de los periodistas colombianos asesinados se empiezan a revelar los verdaderos signos de este desastre: diversidad de victimarios, diferentes modalidades del crimen, asociaciones delincuenciales, prácticas mafiosas, debilidades y fracturas del Estado, intervenciones estratégicas de los perpetradores, daños colectivos ocasionados por la eliminación sistemática de los informadores y un denso y persistente manto de impunidad que ya se acerca al cincuenta por ciento de los periodistas muertos. Y en el fondo, una sociedad que no salía de su sorpresa como también de su parálisis.

En el caso colombiano los victimarios fueron principalmente narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, algunos agentes del estado (autoridades, organismos de seguridad, policías y fuerzas militares), bandas delincuenciales (apodadas “bacrim”) y políticos corruptos. Cuando la magnitud del desastre se ubica en una línea de tiempo, se observan fenómenos muy interesantes. Como en un proceso de metamorfosis los narcotraficantes se fueron convirtiendo en bandas de paramilitares o en socios muy efectivos de quienes bajo el manto de defensores de las arbitrariedades de la guerrilla, cooptaron rápidamente desde los gobiernos locales hasta el propio Congreso de la República. Por eso los neologismos cumplen el propósito de nombrar las realidades que emergen y aún no tienen nombres precisos: “parapolíticos” es uno de ellos, “bacrim” y “Falsos positivos”, son otros.

Los primeros son los políticos que apoyaron o se aliaron con los paramilitares; las “bacrim” son bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico y que están conformados por antiguos paramilitares e inclusive desmovilizados de las guerrillas y algunos ex integrantes de las fuerzas militares y los “falsos positivos” son los asesinatos, habitualmente de jóvenes, cometidos por policías u oficiales del ejército para presentarlos como guerrilleros supuestamente dados de baja en combate.

Los narcos no perdieron completamente su identidad porque desde los 70 hasta ahora, han tenido una particular relación con la información y sus mediadores. También se aliaron con las guerrillas, alcaldes, policías, miembros del ejército y por supuesto, políticos. En un testimonio reciente una periodista antioqueña, que ha vivido en el exilio, narró con una precisión escalofriante las amenazas que ha sufrido por revelar la existencia de las “polibandas”, alianzas criminales de policías y los “Urabeños”, una banda delincuencial que a su vez mezcla narcos, paramilitares y delincuentes comunes, involucrados directamente en el negocio del narcotráfico. Una de las regiones en que delinquen es el Bajo Cauca Antioqueño, una zona que fue señalada por Reporteros sin Frontera como de las más peligrosas del mundo para el ejercicio del periodismo.

Las alianzas de la corrupción

Una alianza, sin embargo, ha sido completamente letal en el caso colombiano: la que une a la política con los actores armados legales e ilegales. O mejor: la que conecta políticos, corrupción y delincuentes. La variedad de las combinaciones son todas peligrosas. Lo demuestra el caso del asesinato de Orlando Sierra, Subdirector del periódico La Patria de Manizales que acaba de tener un desenlace ejemplar. Y excepcional. Es uno de los cuatro asesinatos de un periodista colombiano en que se han revelado y sentenciado todos los actores que intervinieron en su muerte, ocurrida frente a la redacción de su periódico, un mediodía del 2002, cuando regresaba de almorzar acompañado de su pequeña hija y un sicario que le disparó de frente dos tiros.

El autor intelectual, Ferney Tapasco, diputado y gamonal político de Caldas, fue sentenciado el pasado mes de junio por el Tribunal Superior de Manizales a 36 años, tres meses y un día de prisión. Se comprobó que varias columnas de opinión que había escrito Sierra sobre las irregularidades del político habían desencadenado en él un odio visceral contra el periodista. Unos meses antes, en un encuentro fortuito entre los dos, el político le arrebató las gafas al periodista y las aplastó en el suelo, un acto agresivo de una enorme carga simbólica. En el transcurso de estos 13 años fueron asesinadas nueve personas involucradas de un modo u otro con el asesinato del periodista, y su autor material cayó tiroteado por la policía en una escaramuza callejera cuando acababa de cometer otro crimen en la ciudad de Cali.

La corrupción desencadena casi de inmediato las iras y las represalias de los criminales. Si se revisan las publicaciones hechas por un grupo importante de periodistas colombianos antes de sus crímenes, se encuentran investigaciones sobre desfalcos, robos de servicios públicos, obras monumentales dejadas a mitad del camino tras la desaparición de los presupuestos y alianzas delincuenciales. Con frecuencia aparecen policías y organismos de seguridad involucrados activamente en los delitos, cumpliendo los oficios macabros de amenazar, secuestrar, violar, estigmatizar y asesinar. Todo un catálogo de actuaciones que están detrás de los asesinatos de periodistas que en muchas ocasiones son verdaderas empresas criminales creadas expresamente para llevar adelante las acciones delincuenciales.

Esta conexión entre políticos, algunos integrantes de las fuerzas militares y miembros del hampa es letal. El periodismo y los periodistas se convierten muy rápidamente en enemigos porque revelan públicamente una asociación que conforma, a su vez, una trama densa y llena de imbricaciones, senderos falsos y puertas sin uso. Una suerte de telaraña del crimen, que se suele deshacer o recomponer con la desaparición de uno de sus hilos, los silencios comprados, las máscaras de decencia y legalidad que utilizan. Son feroces hasta la crueldad para “desaparecer” a quienes han participado en el entramado de los asesinatos y se cubren con la retórica legal de sus abogados que aprovechan todo resquicio para dilatar los procesos, denunciar que son perseguidos, acusar al aparato judicial de falta de garantías o simple y llanamente recurrir a las mentiras, las mas capciosas o las más evidentes, para encubrir sus delitos.

Generalmente estas asociaciones están incrustadas en la vida de sociedades locales en que tienen una presencia prácticamente omnímoda y en las que dominan el poder político, la estructura del estado, los procesos eleccionarios y el manejo del presupuesto. Por eso las investigaciones y denuncias periodísticas los alteran de inmediato y reaccionan frente a ellas con un catálogo del delito que incluye amenazas, estigmatizaciones, demandas, clausura de la pauta publicitaria y creciendo en gravedad, torturas, secuestros y asesinatos.

Las modalidades de los delitos contra los periodistas superan a la imaginación criminológica. Hay periodistas que fueron asesinados dentro de las salas de sus casas, en autobuses o en sus automóviles, caminando por una calle o descansando en el solar de su casa. También lo fueron en las cabinas de radio desde las que trasmitían habitualmente sus informaciones, junto a las puertas de sus periódicos o a pocos metros de puestos de policía. Lo hicieron sicarios y asesinos a sueldo y una buena parte de ellos fueron atacados por desconocidos. Los expedientes de sus casos se fueron arrumando en el olvido y cerca de un 50% de sus delitos ya prescribieron entre la desidia de las investigaciones, la ineficiencia de las autoridades, las dilaciones o la eliminación física de los testigos. Las armas no son solamente los revólveres o las pistolas. Una de las más letales es el olvido.

No fueron frutos del azar o simplemente de embestidas irracionales de la crueldad. Por el contrario, detrás de cada una de las formas de violencia contra los periodistas colombianos, existió casi siempre un proyecto intencionado, estratégico y diferenciado, que buscaba provocar el miedo, el silencio, el aleccionamiento o claramente la eliminación de quien era percibido como un enemigo. Y todos estos fines, aunque se dirigían explícitamente a las personas y sus medios de comunicación, terminaron impactando en las comunidades de cercanía y en general en la sociedad. Por eso en una novedosa Ley de Víctimas aprobada en Colombia se habla de daño colectivo y de medidas colectivas de reparación. Uno de los sectores que está en un complejo proceso de esta naturaleza es precisamente el de los periodistas.

Los asesinatos de periodistas en México y en general el incremento de la violencia en ese país ha sorprendido a los colombianos. Pero sobre todo los ha sobresaltado la enorme crueldad de sus victimarios., la magnitud y sevicia de la acometida de los delincuentes así como la presunta participación de policías, actores armados ilegales y autoridades.

México, lindo y querido

Desde hace años se ha comparado la situación colombiana con la mexicana. Inclusive se habló injustamente de la “colombianización” de México. El tópico ha hecho carrera pues ahora se habla de la “mexicanización” de otros países. En un artículo del historiador colombiano Marco Palacios, durante años profesor en el Colegio de México, con la investigadora mexicana Marcela Serrano afirman que “En la primera década del siglo XXI las manifestaciones de la violencia en México permitieron advertir nuevos rasgos y tendencias. Aunque la guerra multidimensional que azotó a Colombia tiene menos relevancia en la experiencia mexicana, en la historia de los años recientes predominan la fragmentación y la feroz competencia entre las organizaciones criminales por el mercado, así como la creciente privatización de los ámbitos de protección y de extorsión”.[1]

Cuando se comparan las noticias que llegan de México sobre la violencia contra los periodistas frente a las realidades y los análisis de lo acontecido en Colombia en las últimas cuatro décadas, parece que estamos frente a los efectos de un papel calcante. Hay, por supuesto diferencias en los actores, las dinámicas locales, las respuestas del estado y hasta las propias reacciones del gremio de la información. Pero son pavorosas y reveladoras las similitudes. Como si las figuras que aparecen en el espejo actual de la realidad mexicana estuvieran ya dibujadas en el retrovisor de los años de infamia de los acontecimientos colombianos.

Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado fueron asesinados en los estados de Oaxaca y Veracruz. Al primero lo esperaron sus asesinos a la salida de la emisora de radio donde conducía un noticiero y le propinaron siete tiros y al segundo lo secuestraron en su automóvil y después apareció muerto y con signos de tortura.

A Gustavo Rojas Gabalo, periodista de Radio Panzenú en Montería (Colombia) le dispararon desde una moto en Barranquilla. En sus últimos trabajos se habían referido a un problema de tierras en San Anterito y a robos en la Secretaría de Salud de su municipio. “El espacio de Gaba”, con más de 25 años de emisión, era muy reconocido en esa región del Caribe colombiano. Unos meses antes fue asesinado en Magangué (Bolívar), Rafael Enrique Prins Velásquez . Su crimen fue atribuido al alcalde de esa ciudad apodado ,“El gatico”, hijo de una famosa empresaria de chance (loteria popular) a quien se la conoce con el alias de “La gata” y procesada por diferentes delitos. El periodista escribía en un periódico llamado “Apocalipsis” y solía hacerlo sobre casos de corrupción de las autoridades locales.

He aquí la primera figura que revela el calco: hay una geografía del terror que se va conformando a partir de los crímenes contra periodistas. En uno y otro país secuestran, torturan y disparan, como si todo formara parte de un patrón criminal que se repite de manera incesante. En Colombia, el Valle de Cauca y Antioquia han sido dos de las regiones más asoladas. Las dos tienen razones para ser peligrosas: han sido centro de poderosos carteles del narcotráfico –el cartel de Medellín, el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle-, son circuitos de paso de las remesas de cocaína hacia los Estados Unidos –y también hacia Centroamérica y México- y han tenido fuerte presencia de guerrillas, paramilitares y bandas delincuenciales (bacrim).

Filadelfo dirigía la estación de radio La Favorita, en el municipio de Miahuatlán en Oaxaca y era el locutor estrella de La Voz de la Sierra Sur. Juan Mendoza dirigía un modesto portal de noticias en Veracruz. Según testimonios, ambos habían recibido amenazas de los narcotraficantes y de los poderes locales. Son otras proximidades del caso mexicano con el colombiano. Durante los años estudiados en “La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2010), el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que se acaba de publicar, se confirmó que el mayor porcentaje de periodistas asesinados en el país lo han puesto los pequeños medios locales y muy especialmente las pequeñas emisoras de radio. Pero la segunda similitud es aún más escalofriante: las amenazas han partido de los mismos victimarios, aunque la realidad colombiana es más compleja y diversa, por la existencia durante estos años del conflicto armado interno. Sin embargo, un dato estremecedor en los dos países es la presencia de autoridades locales, fuerzas de policía, militares y políticos, en las amenazas e inclusive la determinación intelectual y material de los crímenes. En un Informe de la organización Artículo 19 se asevera que durante el 2014 el mayor número de amenazas contra periodistas en México las hicieron funcionarios públicos.[2]

Uno de los periodistas mexicanos asesinados, Juan Mendoza Delgado, trabajó durante 16 años en el periódico El Dictamen como reportero policíaco y desde hace dos años dirigía el portal electrónico “Escribiendo la verdad”. Investigaciones realizadas por Consejo de Redacción y el Centro ÁTICO (Universidad Javeriana) en Colombia, demuestran el incremento exponencial de los portales digitales, su incidencia en las regiones y el aumento de los que ya no provienen de prensa ni de radio y son originalmente digitales. Detrás de los grandes portales mediáticos está una multitud de pequeños emprendimientos virtuales desperdigados por todo el territorio nacional y dedicada a la divulgación de noticias.

El gobernador priista Javier Duarte, duramente criticado en una carta de cerca de 300 intelectuales dirigida a los organizadores del festival Hay que se celebra en Veracruz, señaló que “vienen tiempos difíciles”, y que tanto él como su gobierno saben que hay comunicadores “que andan en malos pasos” y “coludidos con la delincuencia organizada”.

A su vez los escritores e intelectuales anotan que “El gobierno de Duarte ha demostrado ser –sin exageraciones- el peor enemigo de la libertad de expresión, del derecho a la información y del pensamiento crítico en México”. Una parte importante de los crímenes de periodistas se han cometido precisamente en el estado de Veracruz.

Ambos periodistas mexicanos trabajaban como taxistas, lo que no es una simple coincidencia de la fatalidad. Muchos de los periodistas locales que cayeron durante estos años en Colombia se ocupaban al mismo tiempo de otros trabajos para tratar de paliar las dificultades laborales y la precariedad económica de su oficio. Gregorio Jiménez, periodista y fotógrafo veracruzano de 43 años, trabajaba en varios medios y cobraba 1.5 dólares por cada artículo publicado. El piso de su casa era de tierra y su vivienda no tenía agua corriente, luz eléctrica o drenaje. El secretario de la Gobernación de Veracruz se apresuró a señalar que el asesinato del periodista estuviera relacionado con el desempeño del oficio. La organización Artículo 19 señaló que “Resulta alarmante que, como en casos anteriores en ese mismo estado, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz pretenda descartar de inicio la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico señalando que un conflicto personal entre vecinos fue el móvil del asesinato de Jimenez”. Esta es otra proximidad de la realidad mexicana con la colombiana. Con relativa facilidad se niega que los delitos estén conectados con la condición de periodistas de las víctimas, a quienes habitualmente se atribuye motivos pasionales.

Por ello la pauta oficial es uno de los elementos de este puzzle. Numerosos medios y periodistas locales sobreviven de los aportes de alcaldes, entidades del Estado y políticos que son fundamentales para la sobrevivencia de sus pequeños medios.

En un artículo de El País de Madrid[3] se recuerda que son 86 los asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, mientras que Javier Garza, un experto del proyecto Periodistas en Riesgo de Freedom House señala que “esta ola de muertes es fruto de la impunidad. Hay actores políticos y criminales que aún ven la eliminación de periodistas como una solución a sus problemas y se sienten con licencia para hacerlo”. Este diagnóstico podría fírmalo también un experto colombiano y deja ver algunos de los grandes problemas de la violencia contra periodistas: el mensaje de impunidad de los crímenes y el aleccionamiento que producen tanto en el sector informativo como en general en la sociedad. En el índice global de impunidad de 2014 del CPJ (Committee to protect Journalist), México ocupa el 7 lugar en el mundo y Colombia el 8°, una terrible vecindad. Matar a un periodista no tiene implicaciones para sus perpetradores y es un eficaz sistema para promover el miedo, la autocensura y el silenciamiento. Un mensaje fatal para la democracia y la convivencia de una sociedad.

Los problemas que unen a la violencia colombiana contra los periodistas con la mexicana son varios: la debilidad y en algunos casos la complicidad de los agentes del estado con los narcotraficantes o en general los actores guerreros, la fragilidad del reconocimiento social de la libertad de expresión dentro del conjunto de las libertades civiles de los ciudadanos, la indefensión y el desamparo de los periodistas frente al crimen organizado, la debilidad de los comunicadores de pequeños medios locales que trabajan en estados particularmente violentos, sus deficiencias formativas y la cuestionable calidad de su trabajo informativo y la rampante impunidad, son algunos de ellos.

Aún en medio del desastre que significa el asesinato de periodistas por los violentos hay signos de esperanza. Lo que enseña la realidad colombiana, en donde los índices de criminalidad han descendido aunque persisten amenazas, bloqueos del oficio y prácticas de autocensura, es que no hay posibilidades de superación del problema si se le observa desligado de los proyectos más integrales de la sociedad. Y que es necesario fortalecer la valoración social de la tarea del periodista, los mecanismos estatales y sociales de alerta y protección, los procesos de asociación y solidaridad, los procedimientos de investigación, de justicia y de reparación, los proyectos de formación y mejoramiento de la labor periodística, la promoción nacional e internacional del debate sobre la situación vivida por los periodistas y el mejoramiento de las condiciones laborales de quienes están comprometidos con la salvaguarda y el desarrollo del derecho a la información de la sociedad.

El papel calcante revela diferencias y muestra extraordinarias coincidencias entre las realidades que viven el periodismo y los periodistas en México y Colombia. Y la realidad demuestra nuevamente que suele ser más imaginativa que la propia ficción. El periodista mexicano Juan Mendoza Delgado, como también José Moisés Sánchez Cerezo, editor del semanario La Unión, asesinado presuntamente por orden de un alcalde, trabajaban en un pequeño municipio de ese país con un nombre de premonición: Medellín Bravo.

[1] “Colombia y México, las violencias del narcotráfico”, Marco Palacios y Mónica Serrano, México: Colegio de México, página 133-134.

[2] Informe “Estado de censura”, Artículo 19, México, 24 de marzo de 2015.

[3] Jan Martínez Ahrens. “El asesinato de dos periodistas sacude México”, El País, Madrid, 3 de julio de 2015.