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Ante la presunta intención del gobierno federal de poner todavía más trabas a las declaratorias de Alerta de Violencia de Género, activistas llamaron a defender la AVG como un mecanismo útil a favor de las mujeres al que se debe mejorar y no entorpecer su aplicación.

“Por eso debemos estar atentas y no decir ‘no sirve’ (la AVG), porque es lo que quieren (las autoridades) para desaparecer este mecanismo que ha sido útil. Lo que falla es que no se aplica correctamente”, advirtió la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza.

La defensora de Derechos Humanos (DH) insistió que la AVG se creó como un mecanismo de protección para las mujeres, y para que el Estado integre todas sus capacidades en aquellos lugares del país donde se ha detectado la existencia de violencia feminicida, es decir, todas aquellas violencias que en conjunto ponen en peligro la integridad y vida de las mexicanas o que culminan con su asesinato.

[quote_box_right]La AVG se ha solicitado desde 2008 para entidades como Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Baja California, Michoacán, Colima, Sonora, Morelos, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Quintana Roo[/quote_box_right]

Luz Estrada consideró que pese a sus deficiencias, la AVG ha sido un mecanismo útil aun cuando las fallas reales están en su aplicación, y en la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la problemática, ya que prevalece la preocupación por la imagen (del estado) o la ignorancia hacia el umbral de la violencia feminicida y sus consecuencias para la sociedad.
“Nos han dicho las mismas autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) que ahora todo mundo está pidiendo la alerta y que hay organizaciones que piden y que no están argumentando debidamente. Yo lo que les contesté es que como autoridad es su trabajo investigar, pero no se pueden cerrar o condicionar los criterios para pedir la AVG».

“Ellos ya no quieren investigar y el Congreso de la Unión, a través del Senado, está volviendo a llamar a mesas para discutir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Entonces es un riesgo que tenemos porque quieren poner ‘candados’ a la alerta, como mecanismo que está evidenciando la gravedad del feminicidio y las desapariciones de mujeres en México”, criticó la coordinadora del OCNF.

La AVG se ha solicitado desde 2008 para entidades como Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Baja California, Michoacán, Colima, Sonora, Morelos, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Quintana Roo.

Desde entonces sólo se han obtenido tres declaratorias. Uno de los casos más complicados fue el del Estado de México, donde finalmente se decretó el 30 de julio de 2015. También se declaró en Morelos y recientemente en Jalisco.
[pull_quote_left]Nos han dicho las mismas autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) que ahora todo mundo está pidiendo la alerta y que hay organizaciones que piden y que no están argumentando debidamente. Yo lo que les contesté es que como autoridad es su trabajo investigar, pero no se pueden cerrar o condicionar los criterios para pedir la AVG.[/pull_quote_left]
El Reglamento de la LGAMVLV posibilita que, antes de que se declare la AVG, se emita una recomendación a los estados, opción que ha suplido a la alerta como tal, replicando la simulación para atender la problemática, observó Estrada.

Una vez que se solicita la AVG, se conforma un Grupo de Trabajo coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres, e integrado por instancias federales y estatales, y especialistas de instituciones académicas a nivel nacional y local.

Después de un mes de investigaciones, el grupo rinde un informe que debe ser publicado. Emite recomendaciones al gobierno estatal y le da un plazo de seis meses para aplicar programas o acciones  de combate a la violencia contra las mujeres.

Si se cumplen las recomendaciones, lo más probable es que no se declare la AVG. Si el estado rechaza el informe y sus recomendaciones, o pese a aceptarlo incumple con sus preceptos durante los seis meses de plazo, se declarará la alerta.

“Para mí ese es el mayor obstáculo, porque en el momento en que se emiten las recomendaciones se debe declarar la AVG. De lo contrario, pasan los seis meses y las autoridades locales siguen investigando mal, sin protocolos, siguen simulando que atacan el problema cuando en realidad no hacen nada, o todo lo siguen haciendo igual de mal, mientras a las mujeres las siguen matando”, apuntó la activista.

[quote_box_left]Publicado originalmente por Cimac Noticias[/quote_box_left]