Hay una cifra a considerar: el 30 por ciento de las agresiones a medios digitales en todo el país de 2009 a 2015 se concentró en Puebla.

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El quinto año de gobierno de Rafael Moreno Valle fue también el periodo en el que la prensa poblana vivió más agresiones en los últimos siete años. Y fue justamente el poder político y en especial los funcionarios gubernamentales los responsables de la mayor cantidad de agresiones, de acuerdo con el informe anual de agresiones que la organización Artículo 19 dará a conocer este día.

De acuerdo con el reporte en ese año se incrementó en 137 por ciento el número de agresiones con respecto al 2014, un año ya crítico para el periodismo en el estado, cuando se registraron 16 agresiones.

Y señalan al crecimiento de violencia contra la prensa en el estado, especialmente en plataformas digitales, como un casos relevantes en todo el país.

“La situación de dos estados del país sobresalieron por las tendencias que marcan los números de incidencias, independientemente de su volumen. Más allá de las estadísticas, hay hechos que por su contenido se convierten en un foco rojo para llamar la atención sobre lo que ahí pasa. Se trata de Guanajuato y Puebla, con grandes diferencias en sus antecedentes”, se lee en el informe.

Y señala: Puebla, en 2015, “ocupó el cuarto lugar entre las entidades federativas donde se agredió a la prensa, con 38 ataques documentados. La entidad permanece como una de las de mayor incidencia de violencia contra la prensa. De 2009 a 2015, se registraron 85 ataques contra medios de comunicación y periodistas poblanos, de los cuales 44.7% ocurrieron el año pasado”.

“Además, en lo que va del periodo de gobierno de Rafael Moreno Valle, desde el 1 de febrero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2015, se documentaron 71 agresiones. Destaca el registro de 2013 a 2014, cuando se pasó de 3 ataques a 16. El continuo ascenso de las cifras no deja de representar una gran preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Puebla, y esto no excluye el ejercicio de la libertad de expresión”.

Artículo 19 señala que lejos del discurso institucional que ubica al crimen organizado como el principal agresor de la prensa es el poder político quién está en mayor proporción detrás de la agresiones.

“Los funcionarios son los principales agresores de periodistas. En el periodo de 2009 a 2015, 860 agresiones fueron cometidas por autoridades, que es la incidencia más elevada en comparación con la que le sigue, de 360, de perpetradores no identificados. Este dato resulta fundamental, porque el Estado afirma que la violencia contra la prensa en México está a cargo del crimen organizado”.

“El hecho de que en estos 7 años el 46.9% del total de las agresiones provengan de quienes tienen como obligación garantizar los derechos humanos de la sociedad refleja la gravedad de la situación y nos arroja el principal problema: la impunidad. Los servidores públicos no contemplan la aplicación de la justicia cuando se trata de ellos mismos”.

Y en Puebla la historia no solo mantiene la tendencia sino que incluso el porcentaje es más alto. En 2015 el 58 por ciento de los responsables de las agresiones a la prensa fueron funcionarios de gobierno. Y en muchos casos, como sucedió en La Jornada de Oriente, el personaje señalado directamente es el gobernador Rafael Moreno Valle.

Censura digital en Puebla from Article19 on Vimeo.

“La documentación de ARTICLE 19 señala que en 14 casos de las 38 agresiones contra la prensa en Puebla en 2015, las víctimas señalan al gobierno estatal y a su dirigente como principales responsables. Los testimonios de los periodistas de La Jornada de Oriente y de otros medios que también han recibido agresiones y fueron entrevistados aseguran que se trata del modus operandi de Moreno Valle”.

Publicaciones digitales, el nuevo objetivo

Hay una cifra a considerar: el 30 por ciento de las agresiones a medios digitales en todo el país de 2009 a 2015 se concentró en Puebla. Y son dos medios no nativos digitales pero si con versión online los más golpeados en el estado, y que forman parte del top de medios agredidos en todo el país: Periódico Centro y La Jornada de Oriente.

Así lo plantea el informe “Los ataques a la prensa en Puebla se caracterizan por su sofisticación y discreción. La intención es golpear sin dejar marca. Así, agresiones como los ataques cibernéticos, por ejemplo, se consideran inofensivos. Su efectividad, sin embargo, es completa: no sólo impiden la difusión de información, también deja graves secuelas económicas para los medios que a la postre dificultan su labor”.

[pull_quote_right]Y es que la impunidad, caracterizada por la participación, omisión e inacción del Estado, abona en la repetición de estos hechos violentos. Baste decir que en 41.5% de los casos de agresiones contra la prensa se presume que los responsables fueron funcionarios públicos. Es decir, las autoridades, de cualquier nivel de gobierno son, hoy por hoy, los principales agresores de periodistas en México. Darío Ramírez[/pull_quote_right]

Y agrega: “Es importante recordar que el gobierno morenovallista ha adquirido programas y software malicioso específicamente desarrollado para el espionaje y la vigilancia ilegal de políticos, periodistas y opositores, señalado como uno de los principales clientes de Hackig Team – empresa desarrolladora de este tipo de software- revelado mediante filtraciones publicadas en junio de 2015.

En la era digital es imposible condicionar los contenidos informativos a la distribución de papel o tratar de contener el impacto de la información con el secuestro de las ediciones, que fue otra práctica recurrente de quienes ostentaron el poder en el siglo XX. Los mecanismos de censura evolucionaron a la par que las nuevas plataformas digitales. Y del ataque físico a la publicación pasamos al ataque digital de denegación de servicio (DDoS), inyección de malware o incluso ataques por vía de la fuerza bruta para romper contraseñas”.

Entrevistado para el informe, Felipe Ponce Mecinas, director de Centro dijo: “desgraciadamente, los medios tuvieron que alinearse con la llegada de Moreno Valle, y ahí la política es: publicas lo que quiere el gobierno o desapareces por asfixia económica”.

El 18 de marzo se comenzaron a registrar las agresiones al sitio web del periódico, aunque, puntualiza Ponce Mecinas que entre mayo y junio, en plena campaña electoral federal, fue cuando se registró la mayoría de las agresiones.

El medio documentó que entre el 12 y el 21 de mayo se registraron 190 intentos para acceder a las contraseñas. El día más crítico fue el 18, cuando se registraron 78 intentos de ingreso por fuerza bruta.

De hecho, Centro es uno de el segundo medio en todo el país con el mayor número de agresiones registradas, 12; solo la supera AVC Noticias de Veracruz.

Al respecto, el director de la organización Darío Ramírez plantea: “El silenciamiento de la prensa asume en nuestros días formas nuevas. A los crímenes contra los periodistas, cuyas cifras van en aumento, se suman los ataques a los medios digitales que crean un entorno de desconfianza y miedo. En éstos, la amenaza se expresa como una respuesta automatizada o dirigida, o como intervenciones agresivas (raids y bots), desde el anonimato, y resulta prácticamente imposible prever hasta dónde son capaces de llegar”.

Peña y los gobiernos estatales no quieren a sus periodistas

En la introducción del documento, Darío Ramírez plantea que la realidad documentada por Artículo 19 muestra que “el deterioro del ejercicio de la libertad de expresión desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto ha sido constante (…) Sin embargo, el deterioro al cual me refiero no solamente tiene que ver con la ineficacia del gobierno federal, pues la mayor descomposición se vive en algunos estados de la República. Obviamente, con la aquiescencia de la federación.

“Y es que la impunidad, caracterizada por la participación, omisión e inacción del Estado, abona en la repetición de estos hechos violentos. Baste decir que en 41.5% de los casos de agresiones contra la prensa se presume que los responsables fueron funcionarios públicos. Es decir, las autoridades, de cualquier nivel de gobierno son, hoy por hoy, los principales agresores de periodistas en México”.

Y concluye: “El miedo a la violencia acalla los intereses de la sociedad e impide el ejercicio democrático, ahoga las voces críticas y alienta la autocensura. Un país con una prensa arrinconada se debilita y exhibe la falta de voluntad del Estado en generar las condiciones necesarias para que los mexicanos ejerzan sus derechos fundamentales, entre éstos, uno de los más trastocados: el libre acceso a la información”.