Foto: Marlene Martínez

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Fue necesario tramitar un Amparo ante la justicia federal para que el Congreso del estado respondiera a las organizaciones dedicadas a la defensa de la transparencia y el derecho a la información, a pesar de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura, Jorge Aguilar Chedraui aseguró en enero pasado que ese órgano sería “cercano a la sociedad”.

La respuesta al oficio que entregaron en conjunto el Nodo de Transparencia, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capitulo Puebla, Puebla Vigila e Integradora de Participación Ciudadana, entre otras, llegó después de que se hizo público que las organizaciones no gubernamentales promovieron un recurso jurídico ante el silencio del Congreso local.

La petición jurídica fue aceptada desde el pasado viernes 12 de febrero en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo con el número de expediente 210/2016.

Una respuesta que no responde

Aunque el documento que se hizo llegar a Amedi Puebla, excluyendo al resto de las organizaciones, se intenta responder a la petición que plantearon las ONGs el pasado 19 de noviembre, hace casi tres meses, lo cierto es que no responde nada.

En su petición que se dirigió a la Junta de Coordinación Política las organizaciones pidieron al Congreso se inicie la discusión para la reforma a la ley de transparencia local para que se armonice con la Ley General de Trasparencia “con miras a conseguir no sólo los mínimos que exige la Ley General, sino a lograr un marco normativo de avanzada”.

En la respuesta, firmada por el presidente de la Comisión de Transparencia, Luis Eduardo Espinosa Galicia, se afirma que con la realización del foro “Gira por la Transparencia” que promueve el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) se cumplió pues se trató de “un ejercicio plural en donde se discutieron de manera abierta los retos en la materia”.

El foro al que hace referencia el legislador se llevó a cabo el pasado 5 de febrero, y estuvo copado por funcionarios gubernamentales de las oficinas de transparencia, y no fue publicitado. Y si bien es cierto que se invitó a la Amedi Puebla, la invitación llegó un día antes del acto y luego de que la organización envió una carta al INAI señalando la exclusión al foro.

Temas a integrar en la nueva ley

La petición que se entregó al Congreso local hace tres meses incluyó también un documento con un diagnóstico que identifica 34 temas a ser considerados para una armonización que se ajuste a la reforma constitucional de 2013 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en 2015. Entre los asuntos más importantes, destacan los siguientes:

• Incluir a los fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad como sujetos obligados directos de la ley;
• Establecer la prohibición de reserva en caso de violación a derechos humanos y casos de corrupción;
• Agregar que en la generación, publicación y entrega de información, se garantice que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna;
• Incorporar la obligación de publicar la lista de expedientes clasificados;
• En cuestiones de reserva de información, incorporar la prueba de daño, es decir, que el sujeto obligado deberá aportar elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva;
• Prohibir la generación de acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos;
• Garantizar que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el solicitante; y
• Asegurar que el solicitante pueda interponer un recurso de revisión de manera directa o a través de medios electrónicos, derogándose la ratificación del mismo.

El documento que contiene estos puntos y la solicitud de apertura de la discusión fueron firmados por AMEDI Puebla, México Infórmate, Puebla Vigila e Integradora de Participación Ciudadana.