Foto: Marlene Martínez

Shanik David

@chaneke9

La Secretaría de la Contraloría abrió un procedimiento para la determinación de responsabilidades en contra de los funcionarios responsables de que se hayan perdido los 400 millones de pesos que habían sido etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 para el proyecto de rescate del Paseo Bravo.

Esto se indica en el reporte que emitió esta semana la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la aplicación de los recursos que se etiquetaron en dicho ejercicio fiscal para el estado de Puebla, en concreto en el informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-A-21000-0969.

En su análisis la instancia fiscalizadora detectó que el gobierno de Puebla no llegó a ejercer ni recibió los recursos que se habían etiquetado dentro del fondo Proyectos de Desarrollo Regional, correspondiente al Ramo 23, dado que no se presentaron las solicitudes correspondientes.

En el documento se apunta que la Secretaría de Finanzas y Administración no presentó la solicitud formal de los recursos ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ya estaban presupuestados, y que tampoco se firmó el convenio o mecanismo de coordinación con dicha instancia que marcan las reglas de operación de este fondo para la transparencia y seguimiento de la aplicación de los recursos federales.

Por esta razón, se informa en el reporte, la Contraloría estatal abrió el expediente 40/2015 para determinar la responsabilidad de los funcionarios de la SFA que derivaron en la pérdida de estos recursos, aunque no se menciona quiénes serían los responsables de esta omisión.

Dentro del documento difundido por la ASF se incluye el oficio que emitió el 18 de noviembre de 2015 la Secretaría de la Contraloría, por medio del cual notifican el inicio de la investigación de lo sucedido con los recursos destinados al proyecto “Recuperación de la Imagen Urbana del Paseo Bravo en el Estado de Puebla”, aunque no se señala la fecha en la que se abrió el procedimiento.

En noviembre de 2014, el gobernador Rafael Moreno Valle argumentó que se había cancelado la realización de esta obra por falta de permisos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de que el despacho Ten Arquitectos -encabezado por Enrique Norten- había retrasado en la entrega del proyecto ejecutivo de esta intervención; incluso, refirió que los recursos sí se habían recibido y se habían reorientado para la remodelación del Auditorio Siglo XXI, lo cual no fue así pues el  reporte de la ASF puntualiza que este presupuesto no se ejecutó.

«La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el Gobierno del Estado de Puebla no presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de recursos, ni celebró el convenio o mecanismo de coordinación específico para la realización del Proyecto de Desarrollo Regional», se indica en el dictamen final de la fiscalización de este fondo.

Hace unos días este portal dio a conocer que junto con el proyecto de rescate del Paseo Bravo también se perdieron 12 millones que se habían presupuestado para la realización de una alberca olímpica en la ciudad de Puebla, obras que quedó a cargo del ayuntamiento que encabeza el panista Antonio Gali Fayad.