Jorge Machuca Luna

@jmachucaluna

Hoy es 5 de febrero de 2016, Día de la Constitución. El 5 de mayo, en tres meses, en cosa de 90 días naturales -que se reducen a unos 64 hábiles- vencerá el plazo para que la Quincuagésimo Novena Legislatura del estado de Puebla armonice la Ley de Transparencia estatal con la Norma General, producto de una reforma constitucional que en el fondo busca proteger el derecho humano a saber que tenemos los mexicanos.

En Puebla, no está por demás decir que pese a contar con una Ley de Transparencia de avanzada resultado de la participación de la sociedad civil, nuestro derecho a saber ha sido constantemente violentado. La ley va por un lado, y su aplicación por otro.

Como botón de muestra está lo hecho por el Poder Ejecutivo, que “ha clasificado como información reservada la relativa a las auditorías al gasto corriente, procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial, además de expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que lo custodian, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal”, hechos documentados profusamente en el Informe Ciudadano de la Política de Transparencia y Cumplimiento del Derecho de Acceso a Información Pública publicado en el Portal Con Los Ojos Abiertos en enero.

En el mismo documento se evidencia que los acuerdos para reservar la información de obras, adquisiciones y los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) han ido incrementándose; el Nodo de Transparencia ha documentado que “en menos de un año, entre el 3 de marzo de 2014 y el 24 de febrero de 2015, el número de acuerdos de reserva del gobierno del estado aumentó de 56 a 98”.

A esto se suma el constante cambio de modalidad de entrega de la información pública, que se materializa en la puesta a disposición in situ de algunos documentos oficiales a los que por reglamento no se les puede fotografiar, fotocopiar o escanear, contraviniendo la disposición constitucional de privilegiar la máxima publicidad. Eso sin contar la opacidad con que se ha cedido a particulares -por medio siglo-, vía fideicomiso, la administración de los impuestos de los poblanos. Dicen por ahí que si en México se quiere que algo desaparezca, se le debe convertir en fideicomiso.
Al presentar un recurso de revisión, en la CAIP tampoco se aplica la suplencia de la queja pese a que es una obligación plasmada en el artículo 86 de la ley; asimismo se ha preservado un elemento absurdo que complica el derecho a saber: la obligación de ratificar el recurso de revisión a más tardar en 5 días hábiles.

Estas son apenas unas pinceladas de los obstáculos que tenemos enfrente y que debemos resolver en el marco de la armonización de la Ley de Transparencia de Puebla con la General.

Y precisamente por eso acudo a este foro, para manifestar públicamente las deficiencias en la aplicación de la Ley de Transparencia y la obstaculización del derecho a saber, pero también es necesario hacer propuestas concretas a nuestros legisladores locales para mejorar la norma, tal y como lo hemos hecho en las reformas anteriores –como consta en los considerandos de la ley vigente- y desde la promulgación de la primera Ley de Transparencia en Puebla.

Y qué mejor que proponer, de arranque, que se haga una discusión abierta, a la luz pública, de la armonización de la Ley de Transparencia estatal con la General. Nada resultaría más paradójico –por no decir absurdo- que discutir en la opacidad los cambios a la Ley de Transparencia.

Pedimos conocer la iniciativa que se había trabajado desde el año pasado, cuando presidía la comisión en la materia el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, para enriquecerla y discutirla públicamente. De acuerdo a la información expuesta en la inauguración  en este foro por la comisionada Patricia Kurczyn, se ha evidenciado que existe una iniciativa de Ley o al menos un proyecto de ley que hasta el momento no se conoce públicamente.

A eso sumamos las siguientes propuestas en apego a lo establecido en la Ley General de Transparencia:

1. Incluir a los fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad como sujetos obligados directos de la ley.
2. Establecer la prohibición de reserva en caso de violación a derechos humanos y casos de corrupción.
3. Agregar que en la generación, publicación y entrega de información, se garantice que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna.
4. Incorporar la obligación de publicar la lista de expedientes clasificados.
5. En cuestiones de reserva de información, incorporar la prueba de daño, es decir, que el sujeto obligado deberá aportar elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva.
6. Prohibir la generación de acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos.
7. Garantizar que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el solicitante.
8. Asegurar que el solicitante pueda interponer un recurso de revisión de manera directa o a través de medios electrónicos, derogándose la ratificación del mismo.

Todo esto fue presentado por escrito por el Nodo de Transparencia, que aglutina a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil poblana como AMEDI, Puebla Vigila, Integradora de Participación Ciudadana y México Infórmate, que desde el 19 de noviembre pasado, hace 77 días, presentaron estas propuestas acompañadas de cuadros comparativos y un análisis jurídico a fondo.

Hasta la fecha no hemos recibido contestación de ese oficio, vulnerando nuestro derecho de petición. Y aunque soy parte del Nodo de Transparencia, vale la pena remarcar que además de que no se ha contestado el oficio que presentamos, tampoco hubo una invitación formal para el Nodo para este foro pese a que en el mismo oficio se indicó una dirección para recibir comunicaciones en espera de una contestación de nuestras propuestas.

[quote_box_right]*El texto fue leído durante el foro Gira por la Transparencia que organizaron en conjunto el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Congreso del estado.[/quote_box_right]

Ahora la pelota está en la cancha de los congresistas poblanos, que decidirán si toman en cuenta éstas y otras propuestas, como la hecha a Puebla por el propio INAI, que pueden ayudar a hacer posible que en el escenario de la vida pública local prevalezca la verdadera rendición de cuentas y la ética pública. Simplemente que se respete nuestro derecho a saber. Que se respete la ley.

No pedimos nada más, pero nada menos.

Gracias.