Texto: Ernesto Aroche Aguilar | Video: Marlene Martínez

@earoche | @Qu3tzal

Los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) es un esquema de desarrollo de infraestructura y servicios que otorga el gobierno a través de particulares que financian la obra en su conjunto y a los que el gobierno les paga mensualmente hasta completar el costo total de la obra. Es un modelo que comenzó a utilizarse en Inglaterra en los años ochentas, y que a México llegó en el inicio de este siglo con el gobierno de Vicente Fox.

Hasta ahí todo bien, el problema explica el abogado Rodrigo Díez Gargari, en un informe realizado en 2013 por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las leyes que los diputados aprobaron en 2012 para la realización de los PPS “presenta elementos que pueden generar consecuencias negativas en las finanzas estatales”.

Además, agrega, “tal como están regulados, los Proyectos de Inversión pueden ser contrarios a las disposiciones constitucionales en materia de deuda pública, así como a los criterios obligatorios que ha establecido la Corte”.

Dos años después Díez Gargari suma a las irregularidades la conformación de un fideicomiso que administra los ingresos que el estado obtiene producto del Impuesto Sobre la Nómina –que en 2014 fue del orden de los 2 mil 149 millones pesos, según nota del portal e-consulta— que será destinado a pagar los contratos de PPS que tiene el gobierno. Al que también califica de inconstitucional.

¿Cuáles son esos contratos? No hay certeza, pues el gobierno de Puebla no ha hecho pública esa información. Se sabe que la construcción del Centro Integral de Servicios y el Museo Internacional Barroco se hicieron bajo ese esquema. Algunas notas hablan también de las plataformas para Audi en San José Chiapa y de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene registrados también cinco contratos de municipios poblanos relacionados con el servicio de alumbrado público, y la información llega hasta ahí.

El gobierno de Rafael Moreno Valle ha mantenido en total opacidad el tema. Reservando la información de contratos por decenas de años, al igual que el fideicomiso señalado, aunque en este último caso Díez Gargari logró le entregaran copia del contrato tras un litigio de dos años.

Así dos palabras definen a los proyectos que estimaciones más altas aseguran que costarán al estado más de 60 mil millones de pesos: inconstitucionales y opacos.