Erradicar la violencia obstétrica no es prioridad para el gobierno de Puebla

Erradicar la violencia obstétrica no es prioridad para el gobierno de Puebla

violencia obstetrica
Amira George

Han pasado poco más de dos años desde que se dio a conocer el caso de una mujer que dio a luz en la sala de espera del Hospital de la Mujer de Tehuacán, pues a pesar de llegar con los dolores de parto no fue atendida de manera inmediata por los médicos del nosocomio.

Este caso puso a Puebla en el mapa, ya que el video en el que se mostraba el hecho circuló como pólvora en redes sociales y medios de comunicación nacionales, en particular porque días antes se había dado a conocer un caso similar en Oaxaca, lo cual además hizo que el tema de la violencia obstétrica estuviera en la boca de todos.

La respuesta del gobierno fue inmediata. Al día siguiente de que se publicó el vídeo se anunció la destitución del director del Hospital de la Mujer de Tehuacán, José Hassan Chaliní, y se anunció una investigación a fondo del hecho, pues “ no se tolerarán omisiones y que no se preste la atención adecuada”, según se indicó en un comunicado emitido por la administración estatal.

A 27 meses de ese anuncio, hecho el 11 de octubre de 2013 el caso pareciera ya no ser de interés para el gobierno estatal, pues incluso la violencia obstétrica se ha convertido en un tema que no se ve.

Lo anterior se demuestra en la respuesta que dio la Secretaría de Salud Estatal (SS) a la solicitud de información con número de folio 00459715, en la cual niega la existencia de quejas por violencia obstétrica en los hospitales públicos de la entidad.

Resalta que fueron 15 cursos los impartidos, para los cuales se destinaron 480 mil pesos, tomados del Ramo 12 de participaciones federales, lo que representa que cada curso costó 32 mil pesos.

La respuesta que dio la autoridad en sí abre dudas al respecto, pues aunque la petición se hizo de manera directa a la Secretaría de Salud, el oficio en cuestión fue emitido por el Consejo Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED), y se dejaron sin responder algunas cuestiones.

De manera puntual, la pregunta que se formuló a la dependencia estatal señalaba: “Pido se me informe cuántas quejas se han recibido por casos de violencia obstétrica en hospitales públicos de 2011 a la fecha. Pido se me informe la fecha de la queja, en qué hospital o clínica se generó la queja, una breve descripción del caso y si hubo alguna sanción hacia el médico o personal de salud responsable de los hechos”.

En lo que se refiere al número de quejas recibidas hasta el 21 de noviembre, el CESAMED refirió que no se había recibido ninguna por hechos de violencia obstétrica, mientras que en el tema referente a las sanciones indicó que dicho organismo no tiene facultad de sancionar, sino que es un organismo de “composición, de advenimiento, de conciliación, de orientación, de supervisión moral, ética, técnica”.

Si bien esto es cierto, la SS tampoco dio una respuesta concreta sobre el tema en cuestión en particular en las sanciones que se han aplicado a los médicos que han incurrido en violaciones a los derechos humanos de las mujeres embarazadas, como fue la baja de Hassan Chaliní en octubre de 2013.

Esta situación pone en evidencia la falta de transparencia de parte del gobierno del estado de Puebla en cuanto a temas de salud reproductiva que ya había señalado en un informe el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Tomada de maternidadlibertaria.webs.com/
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Dicha asociación publicó en noviembre pasado el informe “Niñas y Mujeres sin Justicia: Derechos Reproductivos en México”, para el cual los miembros de la misma ingresaron numerosas solicitudes de información a los gobierno estatales y organismos de derechos humanos para hacer un análisis de diferentes rubros de salud pública a nivel nacional.

En el documento se critica, por ejemplo, que Puebla junto con Tamaulipas, Colima, Guerrero y Yucatán fueron los estados que más solicitudes de información dejaron sin responder en los temas relacionados con la salud pública en materia de reproducción. En el caso concreto de Puebla, las peticiones que quedaron pendientes refieren al tema del aborto, muerte materna y vida laboral y reproductiva de las mujeres.

De la información que sí logró obtener el GIRE de parte de instancias estatales resalta que entre 2013 y 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reconoció haber recibido 15 quejas por casos de violencia obstétrica en los hospitales adscritos a la SS -cuestión que contrasta con lo reportado por el CESAMED-, sin embargo hasta la fecha no se han emitido recomendaciones al respecto.

Gastos en capacitación

Las inversiones hechas por la Secretaría de Salud en el tema de atención de mujeres embarazadas parecieran ser menores, pues incluso en el portal de transparencia del gobierno del estado sólo se registra un contrato para la atención de emergencias obstétricas.

Fue en febrero de 2014 cuando el gobierno estatal contrató a la empresa VSB Custom Services S.A. de C.V. para la atención de emergencias de parto en 44 hospitales públicos por un período de un año, por lo cual recibiría hasta 13.8 millones de pesos, dependiendo del número de casos que atendiera en ese período.

Si bien desde entonces ya se tenía identificada la necesidad de mejorar la atención obstétrica en los hospitales y clínicas estatales, el tema de la capacitación pasó a un segundo término.

Al respecto, se presentó la solicitud de información con número de folio 00459615, por medio de la cual se requerían datos sobre la inversión hecha para capacitación en materia de violencia obstétrica, así como el número de personal que hubiera sido capacitado, esto entre 2009 y 2015.

Sin embargo, la SS, por medio de un oficio firmado por el director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Leonardo Hernández Barrios indicó que hasta 2014 no se habían dado cursos en relación es a este tema.

Fue hasta 2015 cuando se dieron las primeras capacitaciones, a las cuales asistieron 77 doctores, 85 enfermeras y y 73 personas adscritas a áreas como psicología, trabajo social, camilleros, administrativos y fisoterapeutas de diferentes hospitales del estado.

A finales del tercer período ordinario de sesiones del Congreso del estado, el cual culminó el 15 diciembre pasado, se aprobó una iniciativa presentada por la diputada Silvia Tanús Osorio, por medio del cual se reconoce la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Resalta que fueron 15 cursos los impartidos, para los cuales se destinaron 480 mil pesos, tomados del Ramo 12 de participaciones federales, lo que representa que cada curso costó 32 mil pesos.

Tipificar, no es la solución: GIRE

En el informe que elaboró el GIRE se indica que hasta mayo del año pasado, sólo los estados de Veracruz, Guerrero y Chiapas contemplaban la violencia obstétrica como un delito dentro de sus Códigos Penales, mientras que en Jalisco y Zacatecas se tenían iniciativas para hacer lo propio.

Sin embargo, la organización emitió una recomendación para que se elimine este tipo penal en las normas estatales, pues asegura que la tipificación de la violencia obstétrica en sí no es una solución ante este problema.

Esto, se asienta en el documento, ya que no se atienden los factores de fondo que llevan a este maltrato hacia la mujer, y se queda sólo en una acción para inhibirla, por lo que más allá de penalizar estas acciones se debe recurrir a la capacitación para cambiar la mentalidad de los servidores públicos en esta materia; en caso de que se incurran en estas faltas, lo recomendable es imponer sanciones administrativas o civiles en vez de llegar a instancias penales.

En este tenor, a finales del tercer período ordinario de sesiones del Congreso del estado, el cual culminó el 15 diciembre pasado, se aprobó una iniciativa presentada por la diputada Silvia Tanús Osorio, por medio del cual se reconoce la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres.

La propuesta de la legisladora priísta no llega al grado penal, sino que sólo se incluye entre los tipos de violencia que se reconocen en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De esta manera, con la aprobación de la propuesta hecha por Tanús Osorio, ahora dentro del artículo 10 de la citada ley, se contempla la violencia obstétrica como “toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer”.

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