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Congreso ignora petición ciudadana para iniciar la reforma a la Ley de Transparencia

Redacción

El Congreso del estado ha ignorado por dos meses la petición que presentó el Nodo de Transparencia para que se inicie con la discusión de la reforma a la Ley de Transparencia, pues hasta el momento no ha habido una respuesta formal y la armonización del marco normativo sigue sin cumplirse.

Tomada de ultra.com.mx
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En rueda de prensa, Rafael Hernández García Cano, integrante de la organización de la sociedad civil señaló que quedan 100 días para que el Congreso cumpla con la ley, toda vez que el 5 de mayo vence el plazo para realizar las modificaciones a las que obliga la Ley General.

“A la fecha, únicamente seis entidades han legislado al respecto: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Tabasco, siendo impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las leyes de los dos últimos estados por atentar contra el derecho de acceso a la información”.

Lo grave de la situación, destacaron integrantes del Nodo de Transparencia, es que no se ha presentado siquiera una iniciativa para discutir, lo que puede derivar en que el Congreso local desacate el mandato del Congreso de la Unión o trabaje de manera apresurada y descuidada en una reforma que luego podría ser impugnada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El proceso de armonización, destacaron, debe ser abierto a la sociedad, favoreciendo la inclusión y la participación activa de las organizaciones sociales y los expertos que quieran sumarse.

El Nodo de Transparencia recordó que el pasado 19 de noviembre entregó también al Congreso local un documento con un diagnóstico que identifica 34 temas que deben ser considerados puntualmente para una armonización que se ajuste a la reforma constitucional de 2013 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en 2015.

Entre los asuntos más importantes, destacan los siguientes:

  • Incluir a los fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad como sujetos obligados directos de la ley;
  • Establecer la prohibición de reserva en caso de violación a derechos humanos y casos de corrupción;
  • Agregar que en la generación, publicación y entrega de información, se garantice que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna;
  • Incorporar la obligación de publicar la lista de expedientes clasificados;
  • En cuestiones de reserva de información, incorporar la prueba de daño, es decir, que el sujeto obligado deberá aportar elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva;
  • Prohibir la generación de acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos;
  • Garantizar que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por el solicitante; y
  • Asegurar que el solicitante pueda interponer un recurso de revisión de manera directa o a través de medios electrónicos, derogándose la ratificación del mismo.
Bloquean la información

Hernández García Cano, también académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA), señaló que tanto los sujetos obligados como el órgano garante -Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CAIP)- cometen irregularidades que bloquean el acceso a la información.

Entre estas señaló prácticas dilatorias para la entrega de la información, como puede ser la ratificación del recurso de revisión de manera presencial para quienes viven en la ciudad de Puebla y a través de un documento escaneado para los ciudadanos que habitan en otro municipio.

También está la consulta de la información de manera personal, para lo cual primero se tiene que agendar una cita con el sujeto obligado -a veces no se responde la llamada o se cancelan las citas- y después acudir a la cita, donde no dejan tomar fotografía o video.

Para Rafael Hernández estas son algunas de las acciones que utilizan los sujetos obligados, principalmente el Ejecutivo, para obstaculizar el acceso a la información.

La organización internacional Artículo 19, en su informe titulado “Transparencia, la deuda de Moreno Valle”, apuntó que en Puebla abundan las malas prácticas para no revelar información pública entre las que destacó la diferenciación del proceso de acceso, de acuerdo con la calidad de los usuarios; el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada; la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente); la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos, y la cooptación del organismo garante.

El documento que contiene estos puntos y la solicitud de apertura de la discusión entregados el 19 de noviembre al Congreso de Puebla fueron firmados por las siguientes organizaciones: AMEDI Puebla, México Infórmate, Puebla Vigila e Integradora de Participación Ciudadana.

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