Moreno Valle extiende su presencia política más allá del sexenio

Moreno Valle extiende su presencia política más allá del sexenio

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Con la reforma constitucional para transformar la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la Fiscalía General del Estado, el gobernador Rafael Moreno Valle sumará un personaje afín más que dejará incrustado en las siguientes administraciones.

De acuerdo con el líder de la bancada panista en el Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, la iniciativa de reforma que fue presentada ayer, y que aún tendrá que ser discutida en comisiones, permitirá que el actual procurador sea nombrado Fiscal General y se mantenga en la administración estatal durante los próximos siete años, es decir que dejará el cargo hasta el 2022.

Se trata, dice Diego Velázquez Caballero historiador y politólogo, de un paso más por parte de Moreno Valle en sus intenciones de perpetuar a su camarilla en el poder y consolidar un cacicazgo que trascienda periodos de gobierno, 10 años al menos.

“Hoy vemos que el morenovallismo ha recibido algunos reveses en el contexto nacional y parece que se está concentrando en Puebla. (…) Prácticamente lo que Moreno Valle ha hecho es construir el neoavilacamachismo, es decir un nuevo cacicazgo, lamentablemente la política mexicana sigue siendo un asunto de camarillas, y acá los ismos predominan más que las instituciones, la democracia o los partidos. Pocos cuerpos políticos en México se ven a salvo del personalismo, de estos liderazgos que se tutelan con un apellido o un padrinazgo político, y el morenovallismo lo es”.

“El Fiscal General del Estado durará en su encargo siete años”

Aunque, puntualiza, la consolidación de la camarilla y la continuidad en el poder “dependerá de los incentivos (del cacique), mientras el poder les de cemento para obtener riqueza, prebendas seguirán, sino cambian, transfugan como lo hizo Moreno Valle cuando el escenario ya no es conveniente”.

“Si el morenovallismo tiene dificultades para alcanzar la presidencia de la república, ten por seguro que van a hacer lo posible por estar en Puebla más de una década, más de 15 años, como en su momento lo intentaron hacer la camarilla de Bartlett y de Marín, apoderarse de una región, de un feudo por el mayor tiempo posible”.

Sobre las camarillas el investigador Carlos Ornelas Navarro explica en un artículo publicado en la revista Nexos: “En la camarilla hay un jefe o cacique que establece las reglas del juego y las conductas que deben guardar sus miembros. En esos corros despuntan emociones como fidelidad al cabecilla (incluso se promueve el culto a su persona), defensa mutua, complicidades y vínculos de negocios con base en el gasto público”.

Un fiscal para los próximos siete años

La iniciativa de ley, que se presenta de común acuerdo por todos las fracciones políticas, incluida el PRI, plantea en su artículo segundo transitorio que “el Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor las presentes reformas, quedará designado por virtud de este Decreto, Fiscal General del Estado por el tiempo que establece el artículo 97 de la Constitución Política del Estado”.

Foto: EstoEsFoto (EEF).
Foto: EstoEsFoto (EEF) | Archivo.

El artículo señalado, otro de los que serán reformados a la Constitución plantea que “el Fiscal General del Estado durará en su encargo siete años”.

Y después explica que la designación en el cargo ya no estará en manos del gobernados en turno, como sucede actualmente, sino que será el Congreso del estado quien elija al funcionario basado en una terna que deberá presentar el titular, basado a su vez en una lista de 10 posibles que presentarán los diputados.

“De entre la terna que se conforme, se prevé que el titular de la Fiscalía General sea elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, permaneciendo en el cargo por un periodo de siete años”.

A la par, se plantea que con dicha reforma la Fiscalía General del Estado contará con “autonomía funcional, administrativa y presupuestal”, y deberá comparecer “ante el Congreso siempre que se le cite a informar sobre su gestión, además de presentar anualmente ante ese órgano colegiado, un informe de actividades”.

Organismos autónomos secuestrados

Uno de los rasgos de la presente administración ha sido la captura de los órganos autónomos, el Instituto Estatal Electoral (IEE), la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), a la par del control político en el Congreso del Estado que durará hasta el 2018 y la Auditoria Superior del Estado.

Aunque, como plantea Velázquez Caballero, doctor en historia, el intento por conformar grupos políticos que trasciendan el sexenio no es nuevo, lo intentó Manuel Bartlett y Mario Marín por hablar de sexenios recientes.

“Las instituciones están secuestradas por estos personalismos, por eso estos intentos de transparencia, gobernabilidad, institucionalización, pues todo fracasa porque siempre se va a invitar al amigo, al familiar, al lacayo, al súbdito, y todo es nepotismo oficial, una camarilla”.

Foto: Marlene Martínez
Foto: Marlene Martínez

En diciembre de 2010, a tan solo dos meses de iniciar el sexenio morenovallista el Congreso eligió a Javier Fregoso Sánchez, un colaborador de Martha Erika Alonso de Moreno Valle, como integrante de la CAIP, a pesar de que el personaje reconoció que tenía conocimiento en la materia.

Ocho meses después, en julio de 2011 el Congreso del estado decidía que Adolfo López Badillo, un ex funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde trabó relación con Juan Pablo Piña Kurcyz, heredero de otra de las familias políticas con un pie en el estado, sería el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En su actuar el funcionario ha evitado confrontar o inmiscuirse en casos incómodos para el gobierno del estado. Tres años después, en julio de 2014 Badillo fue ratificado para ocupar el cargo hasta 2019.

En octubre de 2012 el Congreso del estado, dominando por la coalición Compromiso por Puebla (PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza) eligió como consejero presidente del IEE a Armando Guerrero Ramírez, un personaje que no contaba con un título de abogado como presumió al momento de la designación. Tras descubrirse el fraude no fue sancionado por autoridad alguna, y durante su paso por el organismo electoral fue señalado en repetidas ocasiones por favorecer al grupo en el poder.

Un par de meses después el Congreso del estado eligió como integrante de la CAIP a Federico González Magaña, quién habían fungido como asesor electoral en la Coalición Compromiso por Puebla en la campaña de 2010. En su paso por el organismo electoral este portal documentó que se dedicó a proteger al gobierno morenovallista, pues solo el 2.4 por ciento de sus resoluciones fue a favor del ciudadano. En noviembre pasado renunció al cargo para ocupar un puesto en el recién creado Organismo Público Local Electoral (OPLE).

De momento su lugar sigue sin ocuparse, a pesar de Norma Estela Pimentel fue elegida suplente de González Magaña, y tendría que ocupar el cargo, y por ende la presidencia hasta el 2018.

En diciembre del año pasado el Congreso del estado eligió a Gabriela Sierra Palacios como integrante de la CAIP, la mujer llegó al cargo tras su paso por la Auditoría Superior del Estado y estará en la comisión hasta el 2020.

Un Congreso hasta 2018, la Auditoría el 2020

La consolidación de la camarilla y la continuidad en el poder “dependerá de los incentivos (del cacique), mientras el poder les de cemento para obtener riqueza, prebendas seguirán, sino cambian, transfugan como lo hizo Moreno Valle cuando el escenario ya no es conveniente”

En octubre de 2011 la Procuraduría General de Justicia informaba mediante un boletín que se había liberado una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Hernández Quintana, quién fungía como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Sobre el funcionario que fue impulsado por el ex gobernador Mario Marín pesaban acusaciones por delitos de conflicto de interés y se le señalaba también por sustraer documentos de la cuenta pública de Marín Torres.

En noviembre de ese año el Congreso nombró a David Villanueva Lomelí, yerno del ex gobernador Melquiades Morales –a quién se le ha señalado por abrir la puerta de la política a Moreno Valle— como titular del OFS. En diciembre 2012 y tras una reforma a la ley que además cambió el nombre al organismo a Auditoría Superior del Estado (ASE) se le ratificó en el cargo por un periodo de siete años, es decir que terminará su periodo en diciembre de 2018.

A la par, la actual legislatura dominada por el grupo afín al gobernador del estado se mantendrá en el cargo hasta el 2018, esto tras una reforma electoral para empatar las elecciones estatales con las federales lo que extendió por única vez el periodo de diputados y presidentes municipales a 4 años 8 meses.

1 COMMENT

  1. […] como contrapesos al poder, sino que este se profundizó con una lógica transexenal que apuntaba a la protección de los intereses y la agenda política del […]

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