Un promedio de 60 hectáreas por día se deforestan en la Región Oriental de Paraguay desde hace 10 años, a pesar de que existe la ley de Deforestación “Cero”. Nadie paró en la cárcel en este tiempo pues se carece de una política de Estado sobre el tema

Fotos: Tomadas de Connectas.

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El promedio señalado reporta unas 23 mil hectáreas de bosques arrasadas cada año en la Región a pesar de que desde hace 10 años existe la Ley de Deforestación “Cero”, según reportes de la organización WWF. Apenas ocho guardaparques, varios de ellos sin otros recursos que sus propias motos, deben cuidar 75 mil hectáreas que hacen a la Reserva San Rafael (Caazapá-Itapúa) y Parque Nacional Ñacunday (Alto Paraná), amenazados día y noche por traficantes de rollos, sojeros y narcos que buscan ampliar sus plantaciones de marihuana.

Organizaciones civiles que se dedican a la protección de los bosques se sienten desamparadas mientras la Fiscalía, la Policía, la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Instituto Nacional Forestal (Infona) tiran cada uno para su lado, lo que demuestra una total falta de política de Estado sobre el tema. Mientras tanto, la deforestación no para sin que hasta ahora haya un solo responsable en la cárcel en todo este tiempo. Un equipo de ABC Color recorrió la zona de influencia de dos reservas y un Parque Nacional que forman parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) y comprobó la total desprotección – o complicidad – de las autoridades para evitar la destrucción diaria de los recursos naturales del país.

Osvaldo Godoy, uno de los guardarques del Parque Nacional Ñacunday, del Departamento de Alto Paraná, tiene que hacer todos los días gestiones para conseguir una casa en donde pasar la noche él y sus demás compañeros que trabajan en la protección de este parque, que tiene 2 mil hectáreas y con el plus del salto Ñacunday, una maravillosa cascada de 40 metros en medio del bosque.

Godoy, que trabaja hace 20 años como guardaparques y desde hace cuatro está en Ñacunday, no tiene un techo donde dormir, y todos los días tiene que pedir una casa amiga en donde conciliar el sueño, para después volver a su rutina diaria. Los guardaparques del Parque Nacional Ñacunday -tres en total- no tienen un local propio. Duermen en casas ajenas, usan sus propias motos y deben comprar sus propios proyectiles para cuidar una de las últimas zonas boscosas del Alto Paraná, amenazada todo el tiempo por depredadores de madera y productores de soja y de marihuana, incansables en la tarea de extender sus plantaciones.

La historia de Godoy y sus compañeros pinta de manera triste el interés que el Estado le da al cuidado de sus recursos naturales en la región. Al menos ahora ya están construyendo su propio local, gracias a la donación del concejal Bernardino Navarro, quien cedió parte de su terreno a favor de los guardaparques.

Este artículo fue realizado por ABC DIGITAL (Paraguay) y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.

La verdadera «Ley Cero»

La Ley 2524, conocida como de “Deforestación Cero” para la región oriental, si bien se promulgó en 2004, entró en vigencia a partir de 2005. Pero lo único “cero” que se logró con esta normativa es hacerla cumplir, ya que desde que entró a regir en nuestro país, se arrasaron con 231 mil hectáreas de bosques en la región que corresponde a la BAAP, que abarca territorios de los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá.

En estos lugares y sus zonas de amortiguamiento se hace poco o nada para evitar el tráfico de rollos y de madera, la invasión de producciones sojeras en territorio de las Reservas y eliminar las plantaciones de marihuana, estimuladas por grupos narcos que cada día van ganando más terreno.

Una de las organizaciones que trabaja en la conservación de la Reserva San Rafael es Pro Cordillera San Rafael (Procosara). Esta entidad, con recursos propios, paga a cuatro personas que trabajan como guardaparques, pero que oficialmente son monitores forestales. Como apoyo van dos guardaparques de la SEAM, con lo que suman seis personas que se turnan por día para el cuidado de 73 mil hectáreas que tiene la Reserva.

Para llegar hasta el local de Procosara se debe pasar por extensas plantaciones de todo tipo de granos que abundan en la zona. La Reserva está ubicada a unos 450 kilómetros de Asunción, entre los distritos de San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira, Edelira, Itapúa Poty, Alto Vera y San Pedro del Paraná, del departamento de Itapúa, y los distritos de Tava’í, San Juan Nepomuceno y Yuty del departamento de Caazapá. Dentro de la Reserva y alrededores -que aún conserva gran variedad de flora y fauna- se concentran varios asentamiento indígenas y campesinos, que por las desgracias de sus circunstancias, representan una parte importante del problema para la conservación de estos bosques.

La madera, la soja, el hambre

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) está asentado en una de las regiones consideradas más ricas en recursos naturales y la de mayor producción agrícola del país. Pero a la vez, es la que tiene las zonas de más alto índice de pobreza, sobre todo en los departamentos de San Pedro y Canindeyú, en donde cordones de asentamientos campesinos empobrecidos crecen a la par de las extensiones agrícolas. Las tierras de la Reserva San Rafael se volvieron en objetivos de campesinos que buscan madera, de sojeros obsesionados con más terrenos para plantaciones y de los grupos narcos interesados cada vez más en instalar sus plantaciones de marihuana en donde prácticamente no existe control estatal.

En la zona de amortiguamiento de la Reserva se instalaron con el paso de los años varios asentamientos campesinos. Muchos de ellos lograron obtener la titularidad de sus tierras a través del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con la supuesta reforma agraria, mientras otros todavía están en proceso. En medio de grandes extensiones agrícolas, atravesando picadas de tierra roja que se vuelven intransitables en cada lluvia, sin los servicios básicos mínimos, las únicas opciones que se presentan para las familias campesinas que viven en el lugar son el cultivo de subsistencia, la venta o alquiler de sus derecheras a los productores de soja o la plantación de marihuana. Las familias que todavía se dedican al cultivo de subsistencia hacen honor a esa denominación; subsisten en medio de enormes carencias y precariedades, y cada día se ven más presionados a ceder ante lo que parece imparable: la extensión de plantaciones.

La salida más rápida a la hora de obtener dinero para las comunidades de la zona es la extracción de madera de las Reservas, sobre todo, por la impunidad que existe. El negocio es financiado mayormente por los brasileños, que pagan por todo tipo de madera, ya que lo que no se usa para muebles, se utiliza para carbón, otro rubro muy requerido por los brasileños de frontera. Para satisfacer las necesidades de los “inversionistas” del país vecino, los depredadores instalan “miniaserradero” en pleno bosque, de dónde sacan los tipos de madera requeridos por los compradores. Y si no se puede sacar la madera aserrada, se puede sacar por rollos. Grandes camiones cargados de rollos salen de las reservas de día y de noche, sin mayores problemas, llegando a las rutas.

[quote_right]La zona deforestada supera en superficie a 24 reservas y parques nacionales que forman los puntos protegidos de la región[/quote_right]

Recorrer en vehículo la Reserva San Rafael y la zona de influencia por sus caminos de tierra roja levanta tanto polvo como sospechas. Los “campanas” de los depredadores se ubican en estratégicas esquinas de las picadas, desde donde avisan cualquier movimiento de un rodado desconocido. Anteriormente el aviso de los campanas se hacía con explosiones de petardos “tres por tres”, pero ahora la tecnología les permite comunicarse con celulares o radios. Por ahora, los únicos que hacen controles diarios de la Reserva San Rafael son los monitores forestales de Procosara, que en algunas ocasiones, reciben el apoyo de un par de guardaparques de la SEAM. Para hacer el trabajo, cuentan con una sola camioneta, que ya requiere a estas alturas de un mantenimiento técnico importante.

Tiempo atrás, efectivos de la Agrupación de Policía Ecológica y Rural (APER) acompañaban más de cerca los recorridos diarios en la Reserva, pero después pidieron un pago extra “así como pagan los estancieros” para que cuiden de sus haciendas, lo que truncó toda ayuda policial para el resguardo de esta unidad policial. Pagar un sobresueldo a los policías ya escapaba del presupuesto de Coprosara, por lo que sus monitores forestales tuvieron que volver a trabajar solo con agentes de la SEAM.

Actualmente, en la zona del BAAP de la Región Oriental existen 25 parques y reservas nacionales, que totalizan 512 mil 17 hectáreas, según los datos que manejan la Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas y la propia Secretaría del Ambiente (Seam).

El mapeo satelital de la WWF sobre deforestación señala que en los últimos 10 años se han aniquilado con 231 mil 882 hectáreas en los departamentos que hacen al BAAP, que equivale al 45% de todas las áreas protegidas. Sin embargo, la zona deforestada supera en superficie a 24 reservas y parques nacionales que forman los puntos protegidos de la región. Es decir, solo la Reserva de la Biosfera Mbaracayú, de 226 mil 995 hectáreas, hace que la zona deforestada no supere en superficie al total de lo que se protege en esta región del país.

Instituciones alejadas

Las intervenciones de otros organismos del Estado en la Reserva San Rafael, como la Fiscalía Ambiental o la Policía, se dan de a ratos y ante una denuncia formal de los guardaparques o de las autoridades de Coprosara. En efecto, resulta complicado para la fiscalía medioambiental encargada de la Reserva hacer intervenciones más seguidas, teniendo en cuenta que la oficina de dicha dependencia fiscal se encuentra a 120 kilómetros de distancia de la Reserva, en Encarnación, en donde también está la oficina del Instituto Forestal Nacional (Infona), entidad que debe velar por la emisión y control de las guías forestales habilitantes para el traslado de maderas.

Para quienes trabajan en proteger estos recursos naturales, carecer de apoyo estatal es una preocupación constante, pero la situación llega a un punto casi de desesperación e impotencia cuando se comprueba la complicidad de parte de funcionarios estatales -que en teoría deberían ayudar a cuidar los bosques- en la actividad ilícita.

El 15 de junio de este año, campesinos que estaban trabajando con motosierra echando y aserrando árboles en plena Reserva, recibieron a balazos de escopeta a guardaparques de la SEAM y a los monitores forestales de Coprosara cuando estos fueron a verificar lo que ocurría. Nadie resultó herido, pero los afectados hicieron la denuncia ante la Comisaría 110 de la compañía “Cuatro Puentes”, del distrito Alto Vera, que es la más cercana al lugar. Tres días después del incidente, desde Coprosara llamaron a la Fiscalía del distrito de Alto Vera para preguntar cómo avanzaba la investigación. Grande fue la sorpresa de la fiscala María del Carmen Palazón al enterarse en ese momento que hubo un tiroteo en plena reserva, ya que los efectivos policiales de la Comisaría 110 nunca elevaron la denuncia de Coprosara ante el Ministerio Público. Un mes después, Palazón imputó por obstrucción a la investigación fiscal a los policías encargados de dicha comisaría, Mayor Pedro Ortigoza, y su ayudante, Suboficial César Arnaldo Amarilla, quienes fueron relegados de sus cargos.

Aquella vez, los depredadores dejaron un mensaje, escrito con aceite de motor sobre una madera acerrada, recién cortada: “Fuera Parquero o te mato”. Desde entonces, los guardaparques ya no volvieron a hacer recorridos por la zona. No era la primera amenaza que recibieron los trabajadores ambientales que resguardan esta Reserva, ni la primera vez que sus denuncias ante las autoridades terminaban en la nada.

En las zonas aledañas a las reservas conviven varias comunidades campesinas, que empezaron años atrás como asentamiento. Taguato’i es una de ellas y cuenta con un centenar de familias. El denominador común de estos alejados pueblitos son la pobreza, la falta de recursos (camino, luz, agua) y crecientes necesidades insatisfechas; ante este panorama, no es difícil caer en la tentación de desmontar los bosques, ya sea para vender la madera o lo que últimamente está ganando mayor mercado en la región; hacer de lo extraido carbón para venderlo hacia Brasil.

Anteriormente, lo que más buscaban los depredadores eran las maderas como “yvyra pytã” o el cedro, por la calidad de las mismas. No obstante, últimamente “se llevan hasta las hojas” asegura uno de los guardaparques de la Reserva, ya que todo lo que se puede extraer sirve para hacer carbón. En efecto, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), desde 2011 a junio de 2015, Paraguay exportó en forma oficial 244 mil 233 kilos de carbón vegetal al Brasil, principal mercado legal e ilegal de este producto. Según estimaciones de exfiscales y fuentes policiales, lo exportado legalmente al vecino país no representa siquiera el 20% de lo que realmente va cada año.

La marihuana, el miedo, el silencio…

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