El desdén a la transparencia: legisladores, gobierno y comisionados la ignoran

El desdén a la transparencia: legisladores, gobierno y comisionados la ignoran

Foto: Marlene Martínez
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Amira George

Algo que ha quedado en evidencia durante la actual administración estatal en Puebla es el sistemático desdén hacia la transparencia como política pública, actitud que permea desde el poder Ejecutivo pasando por el Legislativo y llegando incluso en la propia Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), y que se hace palpable en el nulo avance en la armonización de la reforma a la ley en la materia.

Pero no es el único, otro ejemplo visible de la falta de interés en los diputados es el retraso en la toma de protesta de la comisionada suplente, luego de la renuncia de Federico González Magaña, que de momento ha dejado al organismo con tan solo dos integrantes; pero este el desinterés, o desconocimiento sobre el procedimiento, no es sólo responsabilidad del Congreso del estado, sino del propio organismo garante de la transparencia.

Recapitulemos: fue el pasado 3 de noviembre cuando González Magaña presentó ante el Congreso su renuncia formal a su espacio en la CAIP para integrarse al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE); el oficio en el cual dimitió del cargo fue presentado en el pleno de la LIX Legislatura al día siguiente.

De manera casi paralela, el presidente de la CAIP, Javier Fregoso Sánchez, aseguró que la obligación de iniciar el procedimiento para la designación del suplente del ahora ex comisionado recaía en el Poder Legislativo; “en este caso no corresponde a nosotros decir cuál es el paso a seguir o acotar las fechas, es el Congreso del estado y ahí es donde deberían darnos una respuesta”, manifestó a pregunta expresa.

Sin embargo, el titular de la comisión, cuyo período en la presidencia del organismo se vence a finales de este año y lleva ya cuatro años como integrante del organismo, parece desconocer que dentro del Reglamento Interno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, en su artículo 10 fracción XVI se indica que es facultad del pleno: “Informar a la Legislatura del Estado sobre la falta absoluta de alguno de los Comisionados para los efectos procedentes”.

La CAIP no dice nada

“En este caso no corresponde a nosotros decir cuál es el paso a seguir o acotar las fechas, es el Congreso del estado y ahí es donde deberían darnos una respuesta”

A nueve días de la renuncia formal de González Magaña el Congreso local no ha recibido la notificación o solicitud de parte de la CAIP para que se ocupe el espacio que quedó vacante, según informó Marco Antonio Rodríguez Acosta, presidente de la Comisión de Transparencia del legislativo, antes de que pidiera licencia a su cargo.

“La verdad es que no hemos recibido el acuerdo de CAIP y no se ha tomado ninguna determinación, estamos esperando el acuerdo de comisión”, señaló el representante del Partido Social de Integración.

Foto: Es Imagen
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Incluso durante este miércoles durante la sesión del pleno del Congreso se presentó un oficio firmado por Norma Estela Pimentel Méndez, quien fue electa como suplente de González Magaña desde 2012, en el cual notificó su renuncia al cargo que desempeñaba como directora de la Unidad de Acceso a la Información de San Pedro Cholula, para estar disponible en el momento que fuera convocada para su integración a la CAIP.

Esta situación pone en evidencia el nulo conocimiento que tiene Fregoso Sánchez sobre el marco legal del organismo que preside, pues el procedimiento para pedir al suplente de algún comisionado se encuentra estipulado dentro del propio reglamento de la comisión, aseguró en entrevista Lilia Vélez Iglesias, presidenta del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

“Es muy penoso que el propio presidente ignore por completo el marco jurídico que tendría que aplicar y al cual está sometido”, lamentó la especialista, sin embargo recordó que este no es el único tema que está pendiente en materia de transparencia en el estado.

¿Y la reforma a la ley?

Aunque el plazo que marcó el Congreso de la Unión para que los estados realicen los cambios necesarios en sus leyes locales de transparencia se vence hasta mayo próximo, el Congreso no parece ocupado en iniciar el análisis de las reformas que tendrán que hacerse para armonizar el marco normativo.

Foto: Es Imagen
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Una situación que a decir de la también coordinadora de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, muestra una vez más representa una falta de compromiso de parte de los legisladores.

Y el tiempo comienza a agotarse, pues el tercer período ordinario de sesiones del legislativo, en el que se encuentran en este momento, termina el 15 de diciembre. En este periodo se privilegian la discusión de las leyes de egresos e ingresos del estado y los 217 municipios, antes que otros temas.

Después de esa fecha los diputados entrarán en un receso y retomarán las labores hasta febrero; esto reduce el tiempo para una discusión abierta de la reforma, la cual debería estar abierta a la ciudadanía, lo cual se ha pedido desde meses atrás, recordó la especialista.

“Hay un completo desinterés en el tema, como lo hay en términos generales en esta administración estatal, hablo del Ejecutivo y hablo de las Legislaturas, ésta y la anterior, aunque en la anterior se aprobó la ley vigente. ¿Qué va a pasar? que el tiempo se nos va a venir encima y se va a legislar con menos consideraciones y menos apertura”, vaticinó Vélez Iglesias.

Quedará lista: Rodríguez Acosta

Pese a estas críticas, Marco Antonio Rodríguez Acosta ha referido, en entrevistas que ha dado en los últimos meses, que la reforma no sólo va avanzada, sino que quedará lista “lo antes posible”.

En su última declaración antes de que inicie su período de licencia, el cual si bien fue aprobada por un período menor a 30 días podría llegar a ser de manera definitiva como anunció previamente, dijo que en el tema sí hay acuerdos, ya que “los diputados de la comisión ya cuentan con la información de la reforma”.

Durante el tiempo que Marco Antonio Rodríguez Acosta presidió la Comisión de Transparencia ésta sólo presentó dos puntos de acuerdo en el pleno del legislativo, los cuales consistieron en exhortos para los ayuntamientos, dependencias y entidades de gobierno, así como los partidos políticos para que actualizaran sus portales de internet

A decir del ahora legislador con permiso, ya se ha discutido las modificaciones y aunque él deje el puesto la comisión podrá continuar con los trabajos.

Es más, la diputada Sara Chilaca Martínez, quien funge como secretaria de la comisión, evadió dar una entrevista sobre cómo operará la misma tras la salida de Rodríguez Acosta, pues, dijo, debe esperar el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para tener conocimiento de qué pasará.

Sí, pero no

Es importante precisar que en las actas de las sesiones de la Comisión de Transparencia que están publicadas en el portal del Congreso, no se reflejan los avances que presume el diputado.

El último registro que se tiene de algún tipo de mención de la Reforma Constitucional en la materia fue el 18 de mayo pasado, cuando Rodríguez Acosta informó a los integrantes de la comisión que ya se había publicado la modificación de la Ley General de Transparencia, y que se envió la información de la misma a los legisladores “para presentar un proyecto uniforme”.

Desde entonces, han pasado casi seis meses sin que el tema se vuelva a tocar en las reuniones de trabajo, o que al menos se haya registrado esto en las actas, por lo que se ignora de manera oficial si ya se han presentado propuestas por parte de los integrantes de la comisión, o si han comenzado a escuchar a los usuarios de la ley para conocer las necesidades y áreas de oportunidad.

Vale la pena mencionar que durante el tiempo que Marco Antonio Rodríguez Acosta presidió la Comisión de Transparencia ésta sólo presentó dos puntos de acuerdo en el pleno del legislativo, los cuales consistieron en exhortos para los ayuntamientos, dependencias y entidades de gobierno, así como los partidos políticos para que actualizaran sus portales de internet en un período de 60 días hábiles para cumplir con las obligaciones que les marca la Ley de Transparencia del Estado.

Así el interés de la transparencia en Puebla por parte de los actores políticos.

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