Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El gobierno de Rafael Moreno Valle, que llegó al poder estatal con la promesa de hacer de la transparencia uno de los pilares de su administración, ha hecho de la opacidad su política de gobierno, poniendo trabas al acceso a la información lo mismo legales que ilegales, así lo dio a conocer la organización artículo 19 en su informe: “Transparencia, la deuda de Moreno Valle”.

Al respecto, Darío Ramírez, director de la organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, sostuvo: “La ausencia de transparencia en Puebla es una mala noticia para la democracia en esa entidad y en el país. Mientras se reforman las leyes federales, podemos confirmar que hay prácticas de funcionarios de gobierno contrarias a promover y asegurar el derecho a la información pública. La opacidad parece ser la política pública de Moreno Valle”.

El informe de Artículo 19 compila las prácticas que se realizan desde las oficinas de gobierno para inhibir “el ejercicio del derecho de acceso a la información como son: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo a la calidad de los usuarios, el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada, la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente), la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos y la cooptación del organismo garante”.

Y señala “la responsabilidad del congreso local y de las entidades del gobierno de Puebla” al no contener ni tratar de combatir “la política de opacidad endurecida en los últimos años”.

El licenciado no está

Y dos ejemplos compilados por Artículo 19 ejemplifican muy bien que en Puebla la transparencia está cancelada. El primero, la negativa del gobierno del estado a dar acceso a la información a documentos en la modalidad de consulta directa al no acordar la cita para cumplir con el procedimiento. El segundo el retraso deliberado en la entrega de la información, extendiendo al máximo los plazos sin razón legal alguna.

Así lo cuenta el informe:

“Un año después de aprobada la Ley de Transparencia, la Secretaría de la Contraloría emitió el Reglamento de la Ley de Transparencia. Un reglamento que contenía dos dedicatorias al gremio periodístico, pero que tienen repercusiones para todos los usuarios de la ley: prohibir el uso de cámaras fotográficas o mecanismos de reproducción digital en las consultas directas y establecer que, como parte del procedimiento para la consulta directa, el usuario debe agendar previamente una cita con la unidad de transparencia para acudir a revisar la información.

“Así quedó asentado en el artículo 47 del reglamento de Ley: ‘Cuando la información se haya puesto a disposición para consulta directa del solicitante, el Sujeto Obligado le hará saber en la respuesta el lugar, día y horario en que podrá realizar la consulta’.

“Y con la cita llegó la segunda pinza de una estrategia estatal para impedir el acceso a la información en su totalidad.

“Por ejemplo, Jorge Castillo solicitó al gobierno de Moreno Valle que le informaran cuál era el monto salarial de Diódoro Carrasco, el ex gobernador oaxaqueño que fue contratado como representante del gobierno poblano en el Distrito Federal, información que por ley debería estar publicada en el portal gubernamental. En la respuesta cambiaron la modalidad y pusieron la información a consulta, pero no agendaron cita para que acudiera a revisar la información, y fue hasta después de que publicó en el diario Intolerancia que la Secretaría de Finanzas se aferraba a no entregar dicha información, que finalmente le dieron la cita, sólo para cancelarle después de último minuto.

Primero agotaron el término –cuenta Jorge Castillo reportero del diario Intolerancia y responsable de la solicitud–. Y me dieron la cita hasta el final del plazo para consultar la información; en el último minuto me avisaron, me dieron una dirección extraña, yo no la conocía como inmueble de la Secretaría de Finanzas. Para esto tuve que estar llame y llame, y presionando para que me dieran la cita; finalmente, tras unos periodicazos, fue como me la dieron. Era en un lugar raro, en la colonia Romero Vargas, una Junta Auxiliar de la capital poblana, lejana a las oficinas de la Secretaría de Finanzas.

“Me habían citado a las dos de la tarde de un viernes, el viernes en que vencía el plazo. Ese día en la mañana, previendo que me podía perder, me fui temprano a buscar el lugar. Cuando llegué, era una nave grande, pero sin ningún señalamiento o anuncio. Preguntando, me dijeron los vecinos que sí era una bodega de Finanzas, pero que nadie iba, solamente se paraban a dejar cosas, pero que había un policía; le pregunté y me dijo que era la bodega de Finanzas, pero se le hizo extraño que me hubieran citado ahí.

“Regresé al centro y, horas después, cuando me preparaba para la cita, me habló Erika Rojas, encargada de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de Finanzas para cancelar la cita y la entrega de la información. Me dijo que no fuera, pues no me iban a entregar nada y que si quería interponer un recurso lo hiciera. Cuando le pregunté por qué, infirió que fue una orden”.

Sobre el particular la ONG plantea: “la negativa de la cita para la consulta directa es igual a no contestar una solicitud de acceso a la información, lo que representa la violación más grave al derecho de acceso a la información y la falta de reconocimiento de los Sujetos Obligados de los derechos garantizados en la Constitución Mexicana”.

Retrásales la fecha de entrega

El pasado 17 de abril de 2015, un integrante del Observatorio de Transparencia “Con los Ojos Abiertos” ingresó dos solicitudes de información al organismo de Carreteras de Cuotas del estado de Puebla, en las que se pedían los datos estadísticos del número de quejas registradas contra las líneas 1 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), desglosados por mes y señalando el motivo de la queja.

“Un mes después, cuenta Cuauhtémoc Cruz, coordinador del observatorio, la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Sujeto Obligado cambió la modalidad de entrega y la puso a disposición para consulta directa.

Sin embargo, de acuerdo con la nota que se publicó en el sitio web del Observatorio el oficio CCP/UAAI/0302/2015 estaba acompañado de un documento que incluye una serie de correos electrónicos en donde Josué Aguilar Ramírez, funcionario responsable de la UAAI, informaba —a los que se presumen sus superiores— que desde el 4 de mayo de 2015 —es decir después de transcurridos los 10 días de plazo legal para la respuesta—, los datos solicitados estaban listos para su entrega.

“El funcionario recibió dos respuestas a ese correo, las dos desde correos no institucionales (uno de información.solicitudes@gmail.com y otro de Mariel Méndez). En un primer correo se le pedía que se ampliara el plazo de entrega y se le informaba que la información se entrega en la fecha de vencimiento. En el segundo, remitido por Mariel Méndez Raid, se le notificaba que le enviaban la información para la puesta a disposición.

“Es decir, primero extendieron el plazo de respuesta, aunque no era necesario porque los datos estaban listos, y después le ordenaron cambiar la modalidad de entrega y ponerlos a consulta directa.

“El coordinador del Observatorio advierte que nunca tuvieron claro si la respuesta adjunta con los correos, donde se revela la estrategia gubernamental, les fue enviada ‘a propósito o por descuido de los funcionarios’, pero lo que es un hecho, señala, es que ‘aplicaron la prórroga violando la ley de transparencia y, además, cambiando la modalidad de entrega’”.

Acá el informe y algunos videos
https://readymag.com/303301