El ayuntamiento que encabeza Antonio Gali Fayad está obligado a reparar el daño, y denunciar ante el Ministerio Público a los policías que con inacción violaron los derechos humanos de los jóvenes que se manifestaban en el zócalo capitalino en febrero pasado.

Foto: Marlene Martínez

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Estaban ahí, en el zócalo, y fueron testigos de como un grupo de sujetos desconocidos golpearon con palos y macanas a un grupo de estudiantes universitarios que mantenía un plantón y una huelga de hambre y no movieron un dedo y consintieron la agresión.

Esa fue la conclusión a la que llegó la Comisión de Derechos Humanos de Puebla al emitir una recomendación al gobierno de Antonio Gali Fayad, la 11/2015, en donde le pide castigue administrativamente y denuncie ante el Ministerio Público a los policías “quienes a pesar de observar lo que sucedía no intervinieron para prestar el auxilio y protección a las personas agredidas ni realizaron algún acto tendiente a la detención de los agresores y garantizar de manera inmediata, la atención médica de las víctimas”.

Fue en la madrugada del pasado 8 de febrero cuando una treintena de sujetos encapuchados armados con palos, varillas y toletes derribaron violentamente el campamento que habían instalado días antes los integrantes del Colectivo Universitario por una Educación Popular (Cuep) en donde mantenían una huelga de hambre en protesta por la falta de espacios para ofrecer cursos de capacitación para el ingreso a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap).

Los sujetos no solo golpearon a los estudiantes sino que además subieron a ocho de ellos a una camioneta negra, ante la mirada de los cuerpos de seguridad, pues según relataron los estudiantes había seis patrullas de policía tanto municipal como estatal, pero que no hicieron nada, y que incluso escoltaron a la camioneta que se llevó a los ocho muchachos.

En la camioneta, continuaron los golpes y comenzaron a torturarlos sicológicamente con la amenaza de que los iban a desaparecer, como sucedió con 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, aunque finalmente los abandonaron en un terreno baldío ubicando en las inmediaciones del parque industrial Puebla 2000.

Pero nada de esto fue observado por los policías municipales, en los varios partes informativos que la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal de Puebla hizo llegar a la CDH los 19 agentes de seguridad que fueron testigos de los hechos aseguraron que la madrugada del ocho de febrero solo vieron a cerca de 50 personas corría en todas direcciones sobre la plancha del zócalo, pero que como nadie les informó de agresión alguna siguieron su camino.

Una riña, dice el ayuntamiento

Tras la denuncia pública de lo sucedido, el secretario de Gobernación municipal, Manuel Castañeda, minimizó lo sucedido y lo calificó de “una riña entre jóvenes”.

Foto: Marlene Martínez

En entrevista el funcionario afirmó lo siguiente: «Lo que nosotros tenemos registrado, y el reporte que nos da la Secretaría de Seguridad es en el sentido de que hubo una riña entre jóvenes, obviamente no estamos identificando, no tenemos identificado a nadie, porque no es la competencia de esta instancia la que tiene que identificar, en todo caso serían los afectados los que a través del ministerio público tendrían que realizar sus declaraciones para iniciar la investigación, pero el reporte que tenemos es una riña de jóvenes lo que provocó una desocupación violenta”.

Y que se enteraron de lo sucedido por “un reporte de robo” pero que cuando llegaron a la plancha del zócalo ya había terminado.

Pero la investigación que llevó a cabo el organismo defensor de los derechos humanos en el estado deja mal parado al ex funcionario municipal, quién dejó la secretaría de Gobernación municipal a finales de abril de este año.

Piden a Gali sancionar a policías

Para la CDH no hay duda tras revisar nueve videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en el zócalo capitalino, los policías municipales «llegaron al lugar a bordo de unidades oficiales (ocho patrullas) y estuvieron presentes durante las agresiones» (…) «y pesar de observar la agresión, no intervinieron a prestar el auxilio y protección a las personas», violando con ello los derechos humanos de los integrantes del Cuep por omisión, por ello emitió cinco puntos que el ayuntamiento que encabeza Gali Fayad tendrá que cumplir.

• Primero, que se repare el daño físicos y psicológicos ocasionados a los jóvenes que fueron agredidos.
• Segundo, se les recuerde a los policías municipales que deben respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
• Tercero, que se capacite a los policías en el “respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica”.
• Cuarto, “se colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal de Puebla, en contra de los elementos que participaron en estos hechos”
• Quinto, “se colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que se presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los elementos de la Policía Municipal de Puebla, por estar relacionados con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación”.

Y aunque la CDH también documentó que por la zona circuló una patrulla de la policía estatal, el organismo asegura que ésta pasó minutos después de la agresión, por lo que «no se contó con elementos suficientes para acreditar que elementos de la Policía Estatal Preventiva, vulneraron algún derecho humano de los ahora agraviados».

Por lo pronto sigue pendiente la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia (PGJ), pues los jóvenes agredidos presentaron una denuncia por los hechos ante esa institución y quedó registrada con el folio AP100/2015/BGMZS.