Las niñas no tienen derecho a decidir y terminan siendo madres

Las niñas no tienen derecho a decidir y terminan siendo madres

Karen de la Torre

@karelampia

Miriam y yo quedamos de vernos a las 4 de la tarde, ella llega antes. Está sentada, fresca, mirando su celular y yo acalorada por correr.

-¿Miriam? -le pregunto y ella asiente con la cabeza. Me siento a su costado y me mira nerviosa: si por ella fuera jamás volvería a hablar del tema, sólo accede para ayudar a esta periodista.

Miriam comienza a contarme lo que pasó, se enrojecen sus ojos. Esta chica es guapísima. Desvío la mirada porque sé que va a llorar. Llora. Le ofrezco una servilleta con puntos de tinta de mis lapiceros, la toma y se seca las mejillas. “Es que no sé, no sé qué pasó”, me dice. Ha pasado más de un año desde entonces pero en nuestra conversación no hay momento de paz. No deja de llorar.

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Las niñas no tienen derecho a decidir, hacia allá apuntan las cifras que se recolectaron para este trabajo, y son empujadas a ser madres.

En los últimos cuatro años se abrieron 993 averiguaciones previas por el delito de violación en contra de mujeres menores de 18 años (de los 0 a los 17). En el mismo lapso de tiempo sólo ha habido una solicitud de interrupción del embarazo. Está claro que no se puede afirmar que habrá embarazo luego de una violación, ¿pero solo una de mil?

No, las niñas no tienen derecho a decidir y terminan siendo madres.

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Después de los 14 años les llamamos adolescentes y no niñas, sin embargo, organismos internacionales reconocen a las personas menores de 18 años como infantes y para esta población hay todo un listado de leyes y convenios para un mismo fin: su protección como tarea primordial de los Estados. Nuestro país así lo reconoce.

¿Qué pasa cuando una menor de edad es violentada sexualmente y queda embarazada?

En Puebla el aborto es un delito pero hay 4 situaciones por las que está permitido: cuando es causado por accidente (“imprudencia de la mujer”, dice el Código Penal), cuando existe peligro de muerte de la mujer, cuando hay riesgo determinado por expertos de que el producto tenga una enfermedad grave, o bien, cuando el embarazo fue producto de una violación sexual.

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-En los años que llevas laborando ahí, ¿alguna vez se ha practicado un aborto legal por la causal de violación sexual? -lanzo la pregunta, él se toma la barbilla y piensa, y piensa.

-No, ninguno- contesta.

Me pide que no revele su nombre pues le costaría el trabajo: es personal de los Servicios de Salud del Estado, lleva 10 años trabajando en un mismo centro y durante su turno tiene trato directo con las usuarias.

Me explica el panorama: “Lo que nos ha tocado vivir ha sido que las mujeres no están reportando estos casos a tiempo. Ha resultado que cuando están dando a luz es cuando a veces nos llegamos a enterar de que el bebé es un producto de violación sexual”.

“A tiempo” quiere decir antes de las 12 semanas de gestación, aunque ni el Código Penal ni el de Procedimientos Penales marca el plazo. Lo que sí dicen los Códigos es la sanción y cómo reconocerla: para la mujer que “no tenga mala fama”, “que haya logrado ocultar su embarazo” o que “éste no sea fruto del matrimonio”, de seis meses a un año de prisión, pero si falta una de las circunstancias anteriores, la pena se incrementa de uno a 5 años; y para los terceros que hagan abortar a una mujer será de uno a tres años de encierro.

Números oficiales de abortos sancionados o por sancionar sí hay: en 2011 se inició una Averiguación Previa; en 2012, 4; en el 2013 y 2014, una respectivamente. El año pasado tres personas fueron sentenciadas por cometer este delito.

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“Se consideran de alto riesgo todos los embarazos que son antes de los 14 años. Desde el lado de la salud, es recomendable el aborto. También hay que saber que el embarazo en sí siempre representa posibilidad de riesgos a la salud y posibilidad de muerte: las mujeres deciden”, dice Oriana López Uribe, de la subdirección del Fondo María (María: Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), una organización que encuentra su razón de ser en el derecho a decidir.

Oriana agrega: “en ese sentido, se trata de que todas tengan la información y que decidan”. La regla de oro en el Fondo María es que cada una decide. Sólo se toma la opinión de madre, padre o tutores si es que la chica no está comprendiendo la información o lo que implica el aborto.

Pero, ¿qué es el derecho a decidir? Su alcance es muy amplio, va desde si se quiere o no ser madre, cuándo, hasta cuándo se puede postergar, planificación, métodos anticonceptivos, qué tanto sabemos sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro ciclo menstrual, sobre las relaciones sexuales. ¿Estamos empoderadas para pedir anticonceptivos?, ¿para pedir condón?, ¿cómo prevenimos infecciones de transmisión sexual?, ¿qué pasa si nos infectamos?, todo esto tiene que ver con el derecho a decidir.

“Hacemos las notas correspondientes de las violaciones que existen; estamos obligados a llenar formatos públicos para dar avisos. Lo que pasa es que no están bien articuladas las instituciones que deben estar, con una base de datos común; no está bien actualizada; no llegan a tiempo los reportes. Es un aviso, se archiva y no pasa nada

Oriana detalla que cuando una menor de edad está embarazada, se espera de ella que aborte para que no se salte la etapa de “la juventud”, sin embargo todo es cuestionable: “ser joven es una idea moderna. Nuestro modelo de ser joven, puede que no tenga nada que ver con ser joven en algunas comunidades rurales o indígenas, entonces, también hay que entender que una chica de 12 años de una comunidad quiera tener hijos. Hay que entender desde dónde estamos diciendo cuándo se debería ser madre y cuándo no, y si esto puede ser una visión colonialista o capitalista. Es decir, entran muchas cosas que normalmente no nos cuestionamos. ¿Cuál es la idea del plan de vida?”, señala.

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“Tenía 16 años. Trabajaba yo en un, en un salón especial. Acababa de salir, a las 12 de la noche. Hasta donde yo recuerdo salí. Bueno, iba un taxi por mí, esa vez no fue mi amiga, porque yo iba allá con una amiga. Este, salí y después de eso ya no supe cuando…, bueno cuando…

Cuando retomé el conocimiento estaba yo en la parada y sólo tenía este… mi chamarra y ya nada, ni blusa.

Tomé un taxi que iba pasando, me fui así como que… como sacada de onda, no sabía nada. Se me venían muchas cosas a la cabeza y llegué a la casa de mi amiga, la que no había ido, y de ahí me fui a mi casa y empecé a, a crearme que no había pasado nada, no le dije a mi mamá y seguí normal, como, como siempre ¿no?, cuando me doy cuenta que no venía la menstruación y dije bueno ¿qué pasa?

Así fue durante 2 meses, al segundo me lo pregunté: ¿estoy embarazada? Y me hice una prueba, y salió positivo, y entonces fue así como… mi… yo no, no sabía qué hacer. Me derrumbé por completo. Ya mi mamá me preguntó que qué me pasaba y le conté, y vio la prueba, fuimos con un ginecólogo y bueno, le explicó más o menos lo que me había pasado, y que si queríamos que planeara el aborto, que nos iba a cobrar 15 mil pesos y estaba decidida. Pero pues en ese momento no contábamos con los recursos”.

Miriam fue al DF a practicarse un aborto. En ese momento no denunció ¿por qué?, porque no quería saber nada. ¿Y en este momento? tampoco, lo que quiere es cerrar por completo ese capítulo de su vida. Miriam es una chica casi sin tiempo libre, sus calificaciones son excelentes y tiene muchos, muchos proyectos por hacer. Aún se siente culpable, pero ni siquiera tiene la menor idea de cómo llegó a ser fecundado su óvulo.

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“Cuando se abrió el Fondo María no se esperaba recibir a chicas embarazadas por violación sexual, porque la causal de violación para eximir de culpa a quien se practica un aborto existe en casi todos los Estados. La idea del Fondo María era llegar a las mujeres a tener acceso a la interrupción legal del embarazo, libre, que no entraran en las causales permitidas en sus Estados”, puntualiza Oriana, y enfatiza al decir que “muchísimas no denuncian”.

Es muy clara la NOM- 046-SSA2-2005, misma que se debe seguir para que instituciones gubernamentales atiendan casos de violencia. Esta norma se creó a raíz del caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, que en 1999 tenía 13 años y fue víctima de violación sexual y resultó embarazada, y ante la negativa por parte del gobierno para permitir el aborto, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo internacional concluyó reconociendo el derecho a decidir que tenía Paulina e imputó responsabilidad al Estado Mexicano, nuestro país entonces tuvo que comprometerse con atención médica, psicológica y sexual de mujeres víctimas de violencia.

Esta norma establece la obligación de dar aviso al Ministerio Público sobre posibles hechos ilícitos que se detecten al dar un servicio médico. El delito de violación contra menores de edad es grave, y se persigue de oficio, es decir, aunque la víctima no denuncie el Ministerio Público debe investigar los hechos ¿qué pasa, entonces?

Sí se cumple la Norma en Puebla o al menos así lo asegura el trabajador de Salud que prefiere reservar su nombre: “Hacemos las notas correspondientes de las violaciones que existen; estamos obligados a llenar formatos públicos para dar avisos. Lo que pasa es que no están bien articuladas las instituciones que deben estar, con una base de datos común; no está bien actualizada; no llegan a tiempo los reportes. Es un aviso, se archiva y no pasa nada”.

Sobre esos formatos, además, menciona un dato curioso: no contemplan a las niñas menores de 15 años como receptoras de violencia sexual, lo que imposibilita saber al menos cuántas niñas se han atendido en hospitales públicos a consecuencia de haber sufrido violencia.

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Es un hecho, las menores de edad pueden decidir y deciden, para muestra: de las 20 mil 765 interrupciones legales del embarazo practicadas en el DF, según la Agenda Estadística 2013, mil 40, fueron practicadas a menores de edad. El 3.2 por ciento de los abortos realizados son a mujeres que tienen procedencia de cualquier entidad menos del DF, ni del Estado de México.

En estos números se cuentan menores poblanas, al menos el Fondo María del 2009 al 2014 ha atendido directamente a nueve.

En la cifra oficial de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, del 2011 a marzo del 2015 sólo una chica de 15 años en el 2013 solicitó la interrupción del embarazo.

El mismo trabajador de los Servicios de Salud del Estado detalla que usuarias víctimas de violación sexual le han contado que en el Ministerio Público les han otorgado la pastilla anticonceptiva del día después, lo cual demostraría que en ese aspecto se cumple la NOM- 046-SSA2-2005, y así también sabe de casos en donde les niegan esta pastilla y las envían a los Centros de Salud.

La experiencia de Oriana en acompañamiento a interrupciones del embarazo le indica que en términos generalizados la NOM- 046 no se cumple.

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