[pull_quote_center]“Si se comprueba que el gobierno del estado ha destinado dinero público a este tipo de actividades estaríamos frente a un delito”[/pull_quote_center]

Foto: EEF

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A finales de agosto las oficinas que el diputado federal Enrique Doger Guerrero ocupara en la colonia Bella Vista fuero saqueadas. El robo se produjo, según denunció el propio legislador a través de su cuenta de Twitter, luego de que recibió amenazas del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, a través de terceros. Y los ladrones, se llevaron equipo de computo y documentos partidistas y de contenido político. El robo fue uno más de varios que se sucedieron en meses previos contra opositores políticos y personajes críticos de la administración.

Dos días después del atraco Doger Guerrero señaló públicamente al diputado panista Eukid Castañón Herrera, el operador político del gobernador, como la cabeza de una red de espionaje político. Con el señalamiento público se nombraba lo que en columnas políticas y en pláticas de café se comentaba profusamente, había un equipo encabezado por Joaquín Arenal, un ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para vigilar e interceptar comunicaciones privadas a las ordenes de Casa Puebla y del propio Eukid Castañón.

La denuncia no quedó en lo mediático, Doger Guerrero presentó también una denuncia penal por el robo, aunque hasta la fecha asegura el legislador priísta no hay resultado alguno del trabajo policial.

Lo que sí hay son más pruebas de que existe un equipo en el gobierno poblano que interfiere ilegalmente las comunicaciones y que para ello se compró a la empresa italiana Hacking Team un software de intercepción y vigilancia llamado Galileo, que permite introducirse en equipo de computo y de comunicación para extraer información e incluso prender micrófonos y cámaras de manera remota para hacer seguimiento de objetivos políticos.

Y las huellas que se han podido hallar a través de la investigación periodística apuntan a Casa Puebla y a Eukid Castañón, y aunque Doger Guerrero es cauto pues sostiene que es tarea de las autoridades investigar la información que se dio a conocer con filtración de los documentos y correos internos de Hacking Team, también hace hincapié en que la intervención, vigilancia y espionaje es ilegal y tendría que haber consecuencias legales para los responsables.

“Es tarea de las autoridades investigarlo, e ir a fondo, evidentemente alguien lo está haciendo, y si alguien lo está haciendo con dinero del gobierno del estado es porque el gobierno está de acuerdo y el gobernador lo sabe, porque sería muy grave que si no lo sabe lo hagan, pero al hacerlo se está cometiendo un delito”.

Y agrega: “En el fondo es un tema de cumplimiento de las leyes y de impunidad, si alguien comete un delito que se le sancione”.

“Hay elementos para investigar”

Lado B (LB): ¿Esa red de la que usted hablaba en septiembre de 2014, y que denunció públicamente , es la misma que ahora se está detectando?

Enrique Doger Guerrero (EDG): La denuncia que hice en septiembre después del robo a las oficinas de gestión de un servidor, un robo por demás sospechoso que hasta hoy no hay ningún detenido ni nos han informado del avance de las investigaciones.

Denuncié en aquel momento que había un aparato de espionaje para vigilar opositores políticos e incluso periodistas, y ahora es una realidad con las denuncias que se han hecho ya con elementos claros.

Hay que recordar que ese tipo de prácticas son un delito tipificado, se debe de perseguir, investigar y sancionar a los que lo hacen. Lo que las leyes señalan es que la única manera de invadir la privacidad de una persona es mediante la orden de un juez y previa investigación, situación en que en este caso no hay. Incluso, si estuvieron investigando a un servidor en mi calidad de diputado federal les recuerdo que el fuero constitucional protege de ello, y que yo sepa no estoy acusado de ningún delito que merezca espionaje.

Entonces, en principio deberían ser las autoridades federales y también las locales las que investiguen a fondo. Y si se comprueba que el gobierno del estado ha destinado dinero público a este tipo de actividades estaríamos frente a otro delito, porque hasta donde yo sé solo los aparatos de procuración de justicia, o de inteligencia nacional, el CISEN son los que tienen la facultad de tener este tipo de instrumentos por que tiene que atender la seguridad nacional.

No veo por que el espionaje por que el espionaje a políticos que no son del PAN afecte a la seguridad del estado. Es evidente que vivimos en un estado policiaco, acá en Puebla, un estado que amenaza las garantías individuales, los derechos humanos y que afecta a las personas.

LB: Usted señaló al diputado local Eukid Castañón como responsable de la red de espionaje en septiembre del año pasado…

EDG: Pues se ha vuelto a mencionar a Eukid Castañón como un personaje que está al mando de un equipo de trabajo, en donde además hay personas que estuvieron en el CISEN. Yo quiero señalar que la denuncia que hice fue con base en un documento que llegó a mi oficina de personas dentro del equipo de ellos, que me informaron que mis actividades estaban siendo altamente vigiladas y que mi teléfono estaba clonado, y ahí es donde se menciona a Joaquín Arenal y a Eukid Castañón como quién coordinaban esto.

LB: En ese momento señaló a Eukid, ahora, en este nuevo momento ya que se conoce la compra del software, que ya se conocen las conversaciones documentadas que se filtraron al columnista Fernando Maldonado ¿la mano sigue siendo la misma?

EDG: Pues yo creo que es tarea de las autoridades investigarlo, e ir a fondo, evidentemente alguien lo está haciendo, y si alguien lo está haciendo con dinero del gobierno del estado es porque el gobierno está de acuerdo y el gobernador lo sabe, porque sería muy grave que si no lo sabe lo hagan, pero al hacerlo se está cometiendo un delito. Es tarea de las autoridades investigar.

Yo señalé lo que a mi me llegó como denuncia anónima, pero no es tarea de un servidor hacerlo, es de las autoridades. Y si no se hace nada es proteger la impunidad, y por reitero y subrayo, es un delito, está tipificado, no se puede intervenir las conversaciones privadas de nadie salvo una orden judicial, una orden de un juez y cuando hay una averiguación previa porque se cometió un delito, situación que ninguno de estos casos se da, por lo menos en lo que conocimos del espionaje Blanca Alcalá, Juan Carlos Lastiri y un servidor, no hay nada que perseguir.

LB: En los momentos en los que más se piden estos archivos exploit son los momentos electorales.

EDG: La evidencia señala que se trata de espionaje político. Entiendo que hay niveles de gobierno que necesitan de información de inteligencia para temas de crimen organizado, narcotráfico o algunas acciones que amenazan la estabilidad social y la paz pública, pero no es este el caso. Está claro que es un tema de vulnerar a quienes tenemos actividad política, y en el caso de quienes hemos manifestado aspiraciones a una candidatura al gobierno del estado es claro.

Y no solo eso, ya se han comenzado a meter con la vida privada de mi familia. Familiares míos han recibido correos amenazantes y mensajes a sus teléfonos celulares porque están vinculados conmigo, entonces es una escalada de que debe detenerse, porque ¿en que va a terminar? ¿En el secuestro o asesinato de un familiar o del propio político?

En el fondo es un tema de cumplimiento de las leyes y de impunidad, si alguien comete un delito que se le sancione.

El propio gobernador cuando tomó protesta dijo que nadie por encima de la ley, pues ahí tiene dos ejemplos, por un lado se acusa a Facundo Rosas de liderar una banda de robagasolina, y el otro el espionaje que es un delito.