Deben implementarse ya acciones derivadas de AVG para Edomex
Informaron que la Segob se comprometió a retomar en 99 % las acciones propuestas dentro del plan de acción de la AVG
Por Lado B @ladobemx
30 de julio, 2015
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© César Martínez López

Foto: César Martínez López.

Anaiz Zamora Márquez | Cimacnoticias

@Cimacnoticias

El Gobierno del Estado de México (GEM) debe implementar de manera urgente las acciones que se desprendan de la Alerta de Violencia de Género (AVG) –cuya procedencia fue admitida ayer–, y comenzar con un reconocimiento público de que en la entidad el feminicidio es una realidad que no ha sido debidamente atendida, demandaron organizaciones civiles.

Ello luego de que se evidenciara –mediante un informe elaborado por autoridades federales– que en el Edomex los casos de violencia contra las mujeres no se reducen al ámbito familiar, las autoridades locales carecen de un registro adecuado de casos de violencia, y la mayoría de los casos están impunes.

En conferencia de prensa hoy, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), agrupaciones que pidieron la alerta desde diciembre de 2010 y han librado una larga batalla legal para que sea decretada, reconocieron el paso histórico que ayer dio el Estado mexicano en la garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, al aceptar declarar la AVG.

Informaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) –que estaría decretando oficialmente la AVG este viernes 31 de julio– se comprometió a retomar en 99 por ciento las acciones inmediatas y urgentes propuestas por las organizaciones dentro del plan de acción de la AVG, que será entregado para su cumplimiento al GEM.

Ayer, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) ordenó la procedencia de la AVG para 11 municipios mexiquenses: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

La decisión del Sistema se desprendió de la investigación por violencia feminicida que se vio obligado a realizar por mandato judicial en la entidad, y que corrió a cargo de un  Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional, conformado por representantes de la Procuraduría General de la República, las secretarías federales de Desarrollo Social y Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres, y las comisiones nacionales para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y para Prevenir la Discriminación.

María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del OCNF, dijo que aunque la investigación oficial no indagó de manera profunda en el contexto que se vive en el Edomex y que da pie a la violencia contra las mexiquenses, sí reconoce muchas de las violaciones a DH y omisiones en las que incurren las autoridades al averiguar y sancionar los casos.

Del informe –elaborado con datos brindados por el GEM, activistas y familiares de las víctimas– se desprende que entre 2005 y 2010, en más de la mitad de los casos de homicidios contra mujeres (51 por ciento) no se ha formulado imputación alguna.

Mientras que en lo que respecta a los casos de feminicidio ocurridos de 2011 a agosto de 2014, casi el 40 por ciento se encuentra en la misma situación de impunidad.

De 2005 a 2014, el Edomex recibió el reporte de 4 mil 281 mujeres desaparecidas, de las cuales se reportó que 2 mil 727 fueron localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la localización; 95 fueron encontradas sin vida, y mil 500 –en su mayoría de entre 16 y 18 años de edad– permanecen como desaparecidas.

A lo que se suma que en 57.67 por ciento de los casos la víctima no conocía al agresor o bien, el GEM desconoce la identidad del victimario, dato que, según María de la Luz Estrada, refleja que las agresiones a las mexiquenses no se reducen al ámbito familiar, como el gobierno estatal se ha empeñado en señalar, y por el contrario la violencia comunitaria tiene una alta incidencia en la entidad.

“Estamos hablando de presencia de delincuencia organizada y común que puede estar relacionada con desapariciones y feminicidio; es necesario que sepamos cómo está operando esta delincuencia”, advirtió Estrada tras considerar que una de las primeras acciones como parte de la Alerta debería ser también la elaboración de un diagnóstico sobre la violencia comunitaria y la delincuencia.

Dentro del informe oficial se incluyen nueve recomendaciones generales para el Edomex, las cuales deberá implementar Segob en acciones concretas en los 11 municipios.

Para el OCNF las primeras cuatro recomendaciones contenidas en el documento, deben ser aplicadas por el gobierno estatal de manera inmediata como parte de la AVG; la primera recomendación ordena procurar justicia a todos los casos de asesinatos de mujeres y violencia que siguen impunes, e instar a las autoridades ministeriales a evitar los procesos de mediación entre víctimas de violencia familiar y sus agresores.

La segunda consiste en implementar mecanismos de rendición de cuentas para evaluar, supervisar y revisar el desempeño y productividad del personal judicial que investiga delitos de género.

La tercera recomendación señala que se deben implementar y renovar los mecanismos de localización de personas desaparecidas, especialmente en el municipio de Ecatepec, donde se ha registrado un alza en este delito; y en cuarto lugar se deben iniciar capacitaciones adecuadas al personal que atiende, investiga o sanciona la violencia contra las mujeres.

Para el OCNF, además de aplicar de manera inmediata estas cuatro recomendaciones en los 11 municipios, en la entidad debe hacerse un reconocimiento público sobre la existencia del feminicidio, ya que hasta ahora las autoridades mexiquenses han negado la problemática.

Los indicadores de cumplimiento de estas recomendaciones serán, dijo la activista, la investigación y resolución de los casos de feminicidio y desaparición que fueron presentados al SNPASEVM, entre los que destaca el de Mariana Lima Buendía, asesinada en diciembre de 2010, y que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó resolver las anomalías en la investigación de este crimen.

En la conferencia, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la CMDPDH, pidió no perder de vista que la declaratoria de AVG es resultado de un largo proceso de incidencia de las organizaciones civiles, y no se desprende de una solicitud del GEM.

Al mismo tiempo destacó que se debe incidir en una reforma al Sistema Nacional, toda vez que la dilación en la activación de la AVG demuestra que esa instancia, al estar conformada por representantes de los gobiernos local y federal, actúa con base en “intereses y momentos políticos”.

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