Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A Marcelo García Almaguer, actual vocero del PAN nacional, violar la constitución (artículo 134) y el código electoral federal al promocionar al gobernador Rafael Moreno Valle en todo el país le costó sólo un regaño, apenas una amonestación privada que el aplicó el titular de la Contraloría, Malcom Hemmer Muñoz. Eso es lo que revela el expediente de sanción que le inició la Contraloría a petición del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014.

Un expediente que fue guardado celosamente por la dependencia, pues tras una solicitud de información (folio 110415) primero lo clasificó como reservado, y luego de que se presentó una queja en al Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) pidió 9 mil 852 pesos para entregar una copia del mismo.

El costo impuesto por la dependencia estatal fue pagado gracias a una colecta que se organizó entre periodistas y ciudadanos de a pie de Puebla y de todo el país a través de la página Fondeadora.

El expediente de sanción, que a la Contraloría estatal le tomó más de un año concluir a pesar de que el INE ya había aportado pruebas sobre los actos violatarios del ex vocero morenovallista, también revela que García Almaguer sabía que estaba transgrediendo la ley, y aún así llevó a cabo la promoción personalizada del mandatario lo mismo en radio, televisión abierta y cerrada y en espectaculares al interior de estadios fuera del territorio poblano.

[quote_box_right]

Constitución Política, Artículo 134.

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración publica y cualquier otro ente de los tres ordenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor publico.

[/quote_box_right]

Se revela también que los contratos con las empresas cableras y de publicidad fueron negados y escondidos a la autoridades electoral por el hoy integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que encabeza Gustavo Madero.

La desaparición de contratos con empresas que venden espacios publicitarios en las vallas fijas y electrónicas en los estadios ya fue documentado por Lado B, y demostró que la administración morenovallista había reconocido en 2013 la firma de un acuerdo comercial con Publicidad Virtual SA de CV, mientras que dos años después declaró inexistentes dichos documentos.

La ley plantea que los funcionarios públicos sólo tienen un periodo de 12 días para promocionar sus informes de labores, y que sólo pueden hacerlo dentro del espacio territorial que gobiernan, y Rafael Moreno Valle y su equipo de comunicación social han violado esas disposiciones en tres ocasiones en 2012, 2014 y 2015.

El organismo electoral federal –primero el IFE y después del INE— investigó los hechos y concluyó que en los dos primeros años citados se ha violentado la ley. Tras su investigación pidió al Congreso del estado y a la Contraloría estatal sancionen al mandatario poblano y a sus voceros. En ambos casos el legislativo poblano ha exonerado a Moreno Valle, mientras que el órgano de control estatal solo ha aplicado una amonestación a los voceros, primero a Sergio Ramírez Robles y más tarde a Marcelo García Almaguer, según se ha conocido tras sendas solicitudes de información.

En el último caso la Contraloría notificó de la sanción a García Almaguer en diciembre de 2014, quién para ese momento ya despachaba como secretario de Comunicación del CEN del PAN, y no fue hasta el 18 de junio de 2015 que pudo aplicarse.

La sanción

La mañana del 18 de junio, García Almaguer se acomodó en la oficina del Contralor Malcom Hemmer para escuchar su amonestación, eran pasadas las 9 de la mañana.

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción II y 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y por el Acuerdo del Ejecutivo del Estado que delega al suscrito la facultad de ejecutar las sanciones por responsabilidad administrativa que le corresponde al titular del Poder Ejecutivo, se le exhorta para que en caso de desempeñar un cargo, comisión o empleo público, deberá cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto y omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

De acuerdo con el acta, Marcelo García Almaguer no dijo nada. La amonestación privada, la sanción a la que se hizo acreedor por violar códigos electorales y artículos constitucionales para hacer visible a su jefe el gobernador del estado en todo el país, duró menos de 1 minuto, apenas 112 palabras. Después el funcionario partidista y el Contralor firmaron el acta.

Así terminó el proceso que se inició en enero de 2014, cuando José Antonio Hernández Fraguas, representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (el organismo que meses después cambiaría a Instituto Nacional Electoral), presentó una denuncia por la promoción extraterritorial del mandatario poblano.

[quote_box_left]Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 228

“El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.

[/quote_box_left]

La denuncia provocó la investigación del INE, y el organismo en cosa de cuatro meses pudo confirmar que de los 8 mil 99 impactos de Radio y Televisión que se emitieron como parte de la campaña de promoción del 3er Informe de Labores del gobernador panista, el 32 por ciento lo hicieron fuera de Puebla, en 23 estado del país.

A los delitos de promoción extraterritorial García Almaguer sumó el ocultamiento de los contratos que le fueron requeridos por el INE para confirmar si existía o no la relación comercial entre las empresas cableras y las compañías de publicidad en los estadios.

Los documentos jamás se entregaron y se negó reiteradamente su existencia, a pesar de que los representantes legales de Green TV y Milenio TV reconocieron la relación comercial, y las pruebas aportadas por el PRI mostraban la transmisión de spots televisivos y la utilización de vallas electrónicas en los estadios de futbol durante la transmisión de partidos que se jugaron en enero de 2014.

Impulsando Moreno Valle

El impulso a la figura de Moreno Valle a través de campañas publicitarias de impacto nacional no es nuevo para García Almaguer, en enero de este año y aprovechando el pautado de Acción Nacional se lanzó una campaña de spots partidistas en donde se privilegiaba la imagen del mandatario poblano, mostrándolo en inauguración de obra pública y presumiendo sus logros.

La campaña provocó la reacción del PRI, quién pidió al Consejo general del INE detener la transmisión de los spots.

El órgano electoral emitió una medida cautelar ordenando al PAN retirar los spots con el argumento de que podrían tratarse de promoción personalizada del poblano.

La Consejera Beatriz Galindo, presidenta de la comisión de Quejas y Denuncias del INE, explicó al diario Reforma que “el contenido central y destacado del promocional gira sobre un tema: los actos, logros y éxitos conseguidos personalmente por el Gobernador de Puebla, de quién se menciona su nombre y se muestra su imagen, por lo que podría tratarse de promoción personalizada de dicho servidor público”.

La colecta

Luego de que la Controlaría del estado notificó que el expediente era reservado, este reportero presentó una queja en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), en el transcurso de la queja la dependencia notificó que el expediente había cambiado de estatus y podría ser entregado como se pidió previo pago de 9 mil 852 pesos.

Se inició entonces una colecta para lograr abrir el expediente utilizando dos vías, una cuenta bancaria y la página fondeadora.com, y fue gracias al apoyo de más de 30 personas entre periodistas, ciudadanos de a pie e incluso un par de legisladores del PRI y el PRD que se pudo juntar el recurso necesario. 

Los fondeadores son:

• Dulce Ramos
• El equipo editorial de AnimalPolítico.com
• Javier A García, de Sacbé Producciones
• Alejandra Navarro Rueda
• Milena Ang
• María del Carmen Lanzagorta
• Elvia de la Barquera
• Iván Santiesteban
• Emilio López
• Ma Gabriela Hernández
• Omar Rábago Vital
• Antonio Salgado Borge
• Jade Cuevas Villanueva
• Yoliztli Ramos
• Tania Damián
•  Ángeles Navarro
• Jaime Morellos
• Arturo Alfaro Galán
• Roxana Luna Porquillo
• Iván Galindo
• Bernardo Hinojosa
• José Manuel Rodoreda
• Tuss Fernández
• Fernando Montiel Tiscareño

Y tres personas más que no tengo identificadas que aportaron 300, 300 y 200 pesos al inicio de la colecta.