Foto tomada de elmanana.com

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 12 de marzo de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el protocolo para investigar delitos relaciones con la desaparición de mujeres. En Puebla, aunque cada vez desaparecen más mujeres, el fenómeno ha sido invisibilizado desde el gobierno y esta indiferencia se ha extendido hacia la sociedad civil. Y pese a que la existencia del protocolo pareciera un avance, las autoridades siguen actuando sin tomarlo en cuenta

El “Acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado, por el que establece los Protocolos para la Investigación de los Delitos Relacionados con Desapariciones de Mujeres, para la Investigación del Delito de Violación, para la Investigación del Delito de Feminicidio, y para la Atención de Mujeres Víctimas de Delito, todos ellos para el Estado Libre y Soberano de Puebla” entró en vigor el pasado 13 de marzo, una semana más tarde, el viernes 20 de marzo, la familia de Ángeles Abril Sánchez Contreras denunció la desaparición de la adolescente de 15 años, y durante todos estos meses el proceso ha seguido con trabas y del protocolo de investigación ni sus luces.

El documento tiene un apartado que habla específicamente del caso de los adolescentes (menores de edad), donde indica que debe ser el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes la investigación. Pero a la familia de Abril, quien cumplió 15 años dos días antes de haber sido vista por última vez en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en la ciudad de Puebla, los atendió el Ministerio Público y no fueron turnados con el agente especializado.

En varias entrevistas, los familiares maternos de la joven dijeron que aportaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) pruebas y datos sobre el posible plagiario de la joven, pero las pistas fueron ignoradas por las autoridades. Además, no fue emitida la Alerta Ámber de manera inmediata, y sólo se activo una “Pre Alerta Ámber”.

Los familiares de Ángeles Abril explicaron en entrevista que cuando fueron a la Unidad Especializada en Desaparición de Personas de la Procuraduría, el día lunes posterior a la denuncia de desaparición, la mujer que los atendió le dijo a la mamá que por qué decía que era una desaparición, “si yo tengo aquí en mi poder las declaraciones ministeriales que dicen que se fue con su novio”.

La madre de la adolescente dijo que su hija no tenía novio y la funcionaria le reiteró la existencia de las declaraciones. Semanas después tuvieron acceso al expediente, y en ninguna parte encontraron las supuestas declaraciones ministeriales referidas por la funcionaria.

Lo anterior incumplió lo establecido en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla como la adecuada atención de las mujeres, parte del mismo protocolo. Éste dice en el apartado IV que las autoridades encargadas de investigar la desaparición de una mujer deben “ser objetivas en sus actuaciones y evitar como sustento de sus resoluciones prejuicios derivados por la identidad de género, cultural o social como la vestimenta, la expresión corporal, su condición socioeconómica, preferencias sexuales u actividades cotidianas de la víctima o inculpada.”

En el caso específico de Abril, circuló en Tv Azteca y Diario Cambio un video en el que la joven aparece acariciando un conejo y le habla a su mamá, diciéndole que está bien, que ya no exagere, y que está esperando un bebé. Por la existencia de esa evidencia, los familiares de la adolescente han recibido negativas de la PGJ, pues les han dicho que como ya “apareció” la muchacha no hay delito que perseguir.

El “Protocolo de investigación de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres para el estado libre y soberano de Puebla”, un documento de 47 páginas, contempla tanto el marco jurídico internacional, y los tratados que ha firmado el Estado Mexicano, como nacional, a nivel Constitución Mexicana. El documento incluye también especificaciones técnicas del actuar de los peritos y detalles en materia de recolección de evidencia y criminalística.

Durante los más de tres meses que los familiares han seguido el caso de Abril, ningún funcionario les ha mencionado la existencia del protocolo. De acuerdo a una solicitud de información realizada por la periodista Mely Arellano, la misma PGJ respondió que “a la fecha, no se cuenta con información sobre la evaluación de la aplicación del protocolo.”

El protocolo menciona en su artículo 302 Bis, que “se impondrá de treinta años de prisión a prisión vitalicia y multa de cuatro mil a ocho mil días de salario” si la víctima es menor de dieciocho años de edad.

En todo el estado, de las 152 personas desaparecidas en los primeros meses de 2015 –con datos de la solicitud de información 00105015 con fecha del 30 de marzo de 2015 hecha a la misma dependencia– 85 son mujeres.