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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

La madrugada del 5 de junio, alrededor de las 4 horas, 20 policías ministeriales llegaron a la casa de Arafat Rosas, estudiante de sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap). Entraron en su domicilio particular, se llevaron sus cosas y lo detuvieron sin informarle qué estaba pasando. Al abrir la puerta le apuntaron con una metralleta y lo subieron a un vehículo que lo llevó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), donde lo tuvieron hasta el sábado 6 de junio a las tres de la mañana.

Más de media hora después de que los ministeriales llegaran a la casa de Arafat, le mostraron una orden de cateo en la que, relata el joven, había siete puntos que decían que buscaban mechas, gasolina, gas, estopa y pistolas. No encontraron nada, pero se llevaron propaganda política y propaganda de hace dos o tres años. También se llevaron sus celulares, iPad, computadora y su camioneta. A su papá, que es diabético, lo sometieron, lo pusieron boca abajo y también lo encañonaron. 

Lo mismo ocurrió en otros dos operativos simultáneos, uno a unas cuadras de la casa de Arafat. En un departamento de estudiantes estaban Erick López Cruz y Juan Carlos Tepde Ixtacua. Los policías llegaron, dice Arafat, a irrumpir en la casa de los estudiantes de Sociología, con lujo de violencia. A Erik lo golpearon y le sacaron sangre de la nariz, tiene moretones y una herida detrás de la oreja. A Juan Carlos lo cachetearon y a ambos los esposaron. Cuando Arafat llegó al estacionamiento de la Procuraduría vio otro vehículo donde estaban sus dos compañeros, a quienes les estuvieron tomando fotos. Después los metieron a todos pero por separado a cubículos individuales dentro de la PGJ y los interrogaron por casi cuatro horas.

A Arafat le preguntaron si es anarquista, qué tan bueno es para la química, si sabe hacer bombas molotov, su opinión sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las instituciones del Estado y sobre los partidos políticos, y si tiene algún partido contra el que tenga un rotundo rechazo. El estudiante de Sociología se dio cuenta que querían inducirlo o inculparlo y decidió no declarar. Nadie firmó nada. En la PGJ querían que sus demás compañeros lo señalaran como responsable de los atentados con bombas molotov en las instalaciones del INE Puebla y del RUTA, pero se negaron. Y pasaron más horas. Les tomaron fotografías de sus caras, ojos, las huellas digitales varias veces y también de los tatuajes, a quienes tienen. 

“Finalmente a medianoche parecía que nos iban a liberar, nos llevan a un sótano”, relata el joven de 25 años. Los llevaron a los separos de la PGJ y un comandante les dijo que estaban detenidos. Les quitaron los cinturones y las agujetas y los tuvieron separados y encerrados alrededor de dos horas. Después les dijeron que ya estaban libres, pero bajo las reservas de ley, y los abogados de la Procuraduría les dijeron que dejaran de estar de activistas y se dedicaran a sus estudios.

Los abogados que los ayudaron fueron enviados por el Comité para la liberación de los presos y cese a la represión en Puebla, pero lo que ayudó a su liberación, hasta la madrugada, fue también la presión por la presencia de la abogada general de la BUAP.

Desde el viernes alrededor de las nueve de la mañana los papás y compañeros de los siete estudiantes fueron avisados del paradero de los jóvenes y se movilizaron hacia las instalaciones de la Procuraduría. Durante todo el día estuvieron afuera del edificio, y a las tres y media de la tarde el papá de Arafat Rosas, Miguel Ángel Rosas Bourguess, junto con las mamás de Ana Rosa Zilli Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona, dio una rueda de prensa explicando que hasta ese el momento no tenían claro qué había pasado con sus hijos. Por lo que escuchó dentro de la PGJ, dijo, a su hijo y a otros dos los querían acusar de motín y terrorismo, y en ese caso las penas podrían alcanzar hasta los 60 años en prisión.

Finalmente, alrededor de las dos de la mañana, los siete estudiantes fueron liberados. Cuatro de ellos siguen acusados de intento a daño en propiedad privada, y los otros tres están en calidad de testigos. Erik, Juan Carlos, Arafat y Ana Rosa Zilli Colorado son los acusados, y los que quedaron en calidad de testigos son Axel Jiménez Morillo, Dulce Carolina Parra Escalona y Shariff Guerrero Contreras, a quien golpearon fuertemente durante la detención.

Shariff Guerrero Contreras, golpeado durante la detención Foto: EsImagen

La PGJ emitió un boletín diciendo que “con reservas de Ley, se retiraron del Ministerio Público las siete personas presentadas ante su posible vinculación con hechos vandálicos.” El mensaje de apenas unos párrafos dice que las siete personas se retiraron “considerando que la averiguación previa está en integración  y tomando en cuenta que no hay flagrancia”. Sin embargo, resalta que la investigación sigue en curso “en relación a los acontecimientos tanto del 27 de marzo de 2015, como del 1 de junio del mismo año, en los que fueron afectadas instalaciones del Instituto Nacional Electoral, de la delegación de la Secretaría de Economía y de un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).”

Aunque Arafat aclaró que no participarán en la movilización que se haría este sábado a las siete de la noche, estarán al pendiente de su proceso legal. Los abogados que los sacaron, del Comité para la liberación de los presos y cese a la represión en Puebla, les recomendaron mostrarse en público para que no sean relacionados con ningún altercado. Mientras tanto, siguen a la espera de lo que ocurra con los cargos que les imputaron a los cuatro. 

El estudiante de Sociología dijo que tienen la conciencia tranquila porque saben que no hicieron nada, pero que sí tienen miedo. “(…) Como sabemos en Puebla y más con el gobernador Rafael Moreno Valle la mayoría de los que estuvieron presos, o están presos o procesados, la mayoría de los delitos que se les imputan no los cometieron, no hay suficientes pruebas, entonces en ese sentido sí teníamos miedo pero estábamos muy seguros de que no participamos en nada.”