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PGJ contrató a la juez del caso Cacho–Marín para dar cursos sobre derechos humanos

JuezaRosaCelia
Tomada de pgr.gob.mx
Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En diciembre de 2005 José Montaño Quiroz, en aquel entonces policía judicial, junto con otros agentes más, transportaba de Cancún a Puebla, en un viaje por tierra de más de 20 horas, y torturaba sicológicamente a la periodista Lydia Cacho, mientras mantenía en todo momento comunicación con la juez a cargo: Rosa Celia Pérez González.

El caso, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) por la violación a los derechos de la periodista quintanarroense, se resolvió exonerando al entonces gobernador Mario Marín y gran parte del aparato judicial involucrado en el caso, entre ellos la juez Rosa Celia Pérez González, a pesar de que se reconoció la tortura sicológica a la que fue sometida y la violación a sus garantías individuales.

La resolución se tomó a finales de 2007. Casi seis años después en octubre de 2013, la juez Rosa Celia fue contratada por la Procuraduría General de Justicia que encabeza Víctor Carrancá Bourget para ofrecer unos cursos de capacitación a los participantes del Taller de Litigación Oral que se impartieron en el municipio de Zacatlán, como parte del proceso de capacitación y especialización en el nuevo sistema penal acusatorio, recibiendo en pago, según el contrato que puede consultarse en la página de transparencia de la PGJ, 45 mil pesos por 30 horas de trabajo.

Es decir, la juez que fue señalada como una de las responsables de violar los derechos humanos de la periodista procesada y de permitir su tortura ahora da clases de derechos humanos.

“La juez sabía de mi tortura”

–En octubre del año pasado –señala en entrevista Lydia Cacho Ribeiro– llevamos a Ginebra, junto con Artículo 19, a las oficinas del alto comisionado, mi caso. Un caso de tortura y de acoso por parte del estado de Puebla, operado principalmente por el gobernador Marín y, por supuesto, manipulado por la jueza Rosa Celia, entonces, llama la atención que sea ahora la experta en capacitación de Derechos Humanos, cuando fue en realidad experta y operadora en la violación de los Derechos Humanos.

Tomada de frontlinedefenders.org
Tomada de frontlinedefenders.org

Entrevistada durante la presentación del informe de la organización Artículo 19 sobre las agresiones a la prensa que se registraron en 2014, Cacho Ribeiro explicó también que “a pesar de que en México no había procedido la tortura inicialmente, fue que a partir de llevarlo a Ginebra que el pasado 16 de diciembre por fin fue detenido José Montaño Quirós, uno de los jefe de la Policía poblana y uno de los que me torturó. Él era quien conducía el auto principal y él recibía órdenes y mantenía comunicación con la juez Rosa Celia. La evidencia judicial que obtuvimos y que entregamos en Ginebra, y que tiene la propia PGR, muestra claramente que la juez fue parte de la conflagración. Fue absolutamente consciente, sistemática, clara, por al menos mes y medio para operar no solo la detención, sino también la tortura y encarcelación fuera de todo ámbito de la ley”.

Por ello, plantea, “me parece la persona más inadecuada para dar una capacitación en Derechos Humanos; es casi una burla para el propio Poder Judicial en Puebla, sobre todo porque el caso sigue vigente. El policía Montaño Quiroz está en juicio, ahora está en los juzgados federales, pues la Procuraduría General de la República ya determinó que sí hay elementos para determinar que sí hubo tortura, y en el ámbito de esa tortura hay elementos para demostrar que la juez estuvo involucrada en el falso encarcelamiento, pero también en mi tortura”.

Sin permiso para faltar

El contrato, firmado por el contador público Roberto García Velarde, director administrativo de la PGJ y la juez Rosa Celia Pérez González el 10 de octubre de 2013, establece que la juez penal de segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) se comprometió a dar la capacitación en tres fines de semana a partir del 11 y hasta el 26 de octubre del mismo año, en sesiones de cinco horas: la primera el viernes en un horario de 16 a 21 horas; la segunda, el sábado de 9 a 14 horas.

“me parece la persona más inadecuada para dar una capacitación en Derechos Humanos; es casi una burla para el propio Poder Judicial en Puebla, sobre todo porque el caso sigue vigente. El policía Montaño Quiroz está en juicio, ahora está en los juzgados federales, pues la Procuraduría General de la República ya determinó que sí hay elementos para determinar que sí hubo tortura, y en el ámbito de esa tortura hay elementos para demostrar que la juez estuvo involucrada en el falso encarcelamiento, pero también en mi tortura”

Una cita complicada, al menos la del viernes, pues de acuerdo con el horario oficial de trabajo que debe cumplir en el TSJ su salida no puede ser hasta después de cumplidas las 13 horas, esto significa que solo tuvo una hora para trasladarse desde su oficina en la ciudad de Puebla, ubicada en el tercer piso del edificio con el número 2726 de la calle 29 Poniente, en la colonia Santa Cruz los Ángeles, hasta la sede del curso en el municipio de Zacatlán.

Un recorrido de aproximadamente 135 kilómetros –de centro a centro de las dos ciudades– y que implica entre 1:30 y 2 horas, según un estimado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Lo que está documentado por el TSJ es que la juez –a pesar de que no checa tarjeta de entrada o salida– en las tres fechas en las que estuvo en Zacatlán para cumplir con el contrato firmado con la PGR también debió cumplir con su jornada laboral normal en el tribunal, pues no hay constancia de que haya solicitado un permiso para faltar los viernes comprendidos entre el 11 y 26  de octubre.

No es la única juez que ofrece capacitación

El caso de la juez Rosa Celia, si bien es el más llamativo por ser la que tuvo a su cargo el encarcelamiento de la “vieja cabrona” –como la llamó el entonces gobernador Mario Marín Torres en aquella conversación que le dejó el mote del góber precioso–, no es el único de jueces y funcionarios públicos que fueron contratados por la PGJ para los cursos de capacitación.

Rosalva Elena Zárate Herrera, juez de Oralidad y Ejecución de la Región Oriente, con sede en el municipio de Libres, tuvo a su cargo el taller “Etapas del procedimiento penal acusatorio y salidas alternas; la investigación científica del delito en el sistema penal acusatorio”, que se ofreció también en Zacatlán y por el que se le pagaron mil 500 pesos por hora de capacitación y se le contrataron 30 horas.

El horario fue el mismo que se pactó con la juez Rosa Celia, viernes por la tarde y sábado por la mañana, cinco horas por jornada, y la distancia que separa a los poblaciones es de 144 kilómetros con un tiempo de recorrido de entre 1:30 y 2 horas. Al igual que su homóloga tampoco tiene registro de haber solicitado al TSJ un permiso para los días de su jornada laboral que ocupó para dar el taller contratado por la PGJ.

Las dos jueces se mantuvieron como docentes certificadas por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal hasta el 31 de diciembre de 2014, según el padrón oficial.