La acción ejecutiva del presidente de EE. UU., Barack Obama, que prometió un alivio para unos cinco millones de migrantes en 2014 está detenida. Pero, aunque logre superar los bloqueos de los opositores, es seguro que otros seis millones que no recibirán los beneficios permanecerán indocumentados. Peor suerte corren aquellos de reciente ingreso, para quienes recibir asilo político es una posibilidad remota.

Foto: Sandra Sebastián.

Julie López | Plaza Pública

@PlazaPublicaGT

Todavía no llega a tierra firme la acción ejecutiva de inmigración que el presidente Barack Obama anunció en noviembre del año pasado, que le permitiría a unos 5.6 millones de migrantes indocumentados legalizar su estadía en EE.UU, y al gobierno de ese país reducir casi en la mitad el número estimado de personas que vive de manera ilegal en su territorio. Además evitaría la separación entre ciudadanos menores de edad y sus padres indocumentados (si los padres llegaron a EE.UU. antes de 2010). Una impugnación de 26 estados congeló los nuevos beneficios migratorios (y otros aprobados en 2012) desde el 18 de febrero pasado, que el Departamento de Justicia apeló en una corte del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans (Luisiana). La batalla se libra en las cortes, pero tiene repercusiones en las comunidades de migrantes y sus familiares afuera de ese país.

Hace casi cinco meses, la Casa Blanca estimaba que otros seis millones de migrantes indocumentados quedarían desprotegidos—pues los beneficios no aplican a ellos. Las cifras, que provienen de estimaciones de 2011, ubican a al menos 11.5 millones de migrantes indocumentados viviendo en EE.UU. En cuatro años, las cifras podrían haber aumentado. Por aparte, se desconoce cuántos de los estimados 800 mil guatemaltecos indocumentados en ese país están entre los posibles beneficiarios o los desprotegidos. Para recibir los beneficios, el migrante debió llegar a EE.UU. antes de 2010 y ser padre de hijos nacidos o que residen legalmente en ese país, o haber llegado como menor de edad antes de 2010, entre otros requisitos.

El 16 de febrero pasado el juez federal en Texas, Andrew Hanen, anunció que Obama carecía de las facultades para frenar las deportaciones, y decidir quién podía quedarse en ese país. Según Hanen, una magistratura debe decidir el asunto, no el Ejecutivo. Así, Texas lidera a 26 estados que rechazan la acción ejecutiva para todo el país, en tanto que otros 14 estados liderados por Washington y California pelean por aplicar los beneficios de la acción ejecutiva en sus jurisdicciones en apoyo a la apelación del Departamento de Justicia. Esta instancia también apela la impugnación de Texas para que los beneficios migratorios se puedan aplicar al menos en los estados que no figuran entre los 26 opositores. Es decir, en casi la mitad del país.

Pero Hanen insiste en que la Casa Blanca violó el Acta de Procedimientos Administrativos porque no proveyó un mayor periodo, entre el anuncio de sus acciones y la implementación de las mismas, para facilitar la discusión y análisis de las repercusiones. El juez argumenta que Texas sufriría la mayoría de los efectos adversos de la decisión de Obama.

El Pew Research Center en EE.UU. reveló en 2014 que Texas y Florida (opositores a la acción ejecutiva de Obama) están entre los seis estados donde se registró un incremento en la población de indocumentados. Los otros cuatro, California, Nueva York, Nueva Jersey, e Illinois, favorecen los beneficios migratorios. Reportes de prensaindican que la mayoría de migrantes guatemaltecos están en California, Nueva York, Florida y Texas.

Vaivén judicial, trasfondo político

El pulso por facilitar o bloquear la acción ejecutiva es judicial y político. Falta cerca de un año y medio para las elecciones en EE.UU., y el voto hispano y el apoyo a los migrantes son cada día más determinantes para ejercer cargos públicos.

Por ahora, el juez Hanen es la punta de lanza del opositor Partido Republicano contra el oficial Partido Demócrata, la Administración Obama, y el movimiento pro-migrante. Hanen ya dejó vencer dos plazos que el Departamento de Justicia le impuso: el 25 de febrero pasado, cuando ignoró un “recurso de urgencia para levantar la suspensión”; y el 9 de marzo pasado, para emitir una decisión final respecto a la acción ejecutiva. En cambio, el juez pidió a cada uno de los 26 estados opositores responder directamente al recurso del Departamento de Justicia. Los 26 insistieron en la suspensión de los beneficios migratorios.

Según Eric Olson, director asociado del Programa Latinoamericano en el Centro Woodrow Wilson (un centro académico de análisis en Washington, D.C.), el caso podría acabar en la Corte Suprema de Justicia. Hugo Mérida, representante titular electo ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), por la jurisdicción consular de Los Ángeles, California, dijo que si la Corte de Apelaciones ratifica la decisión de Hanen, el caso sí llegará a la máxima corte.

La Casa Blanca dijo que “la Corte Suprema y el Congreso han dejado claro que el gobierno federal puede establecer prioridades cuando se trata de aplicar leyes migratorias”. Mérida afirma que “en ambas cortes, de Apelaciones y Suprema, la administración Obama tiene jueces muy afines”, lo cual podría favorecer a la acción ejecutiva. “Por el momento, no hay mucho qué hacer; es un tema de proceso legal al que hay que dar tiempo para que tome su curso”, explica el representante de Conamigua.

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Mientras tanto, el Partido Republicano abre otros frentes contra los migrantes. Los republicanos preparan cuatro leyes que reducen los beneficios migratorios de la acción ejecutiva, y los beneficios de medidas migratorias anteriores (al limitar o eliminar los permisos para viajar a otras jurisdicciones o fuera del país). Algunos activistas aseguran que estas leyes también reducirían la protección hacia los refugiados, víctimas de trata de personas y violencia doméstica, con la posibilidad de una deportación. Además, podrían perjudicar a migrantes que ya trabajan legalmente en EE.UU.

Por aparte, el Subcomité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas mantiene en suspenso la discusión de una ley que eliminaría las “ciudades santuario”, o ciudades donde ninguna autoridad puede preguntar el estatus migratorio durante interacción alguna con transeúntes o automovilistas, y ninguna cárcel local de la policía se puede utilizar para detener a migrantes indocumentados. El senador demócrata José Rodríguez interpuso una medida para retrasar la discusión de la iniciativa. “No queremos ser un estado donde el slogan sea, ‘muéstrame tus papeles’”, dijo Rodríguez. No obstante, algunos reportes indican que la discusión se podría retomar a corto plazo.

En un ambiente donde las elecciones de 2016 ya generan discusión política en EE.UU., las medidas de los republicanos “no ayudan a un partido que trata desesperadamente de distanciarse de su imagen anti-migrante y anti-latino”, según La Voz de las Américas, un órgano informativo multi-media del gobierno federal estadounidense, para audiencias afuera de los EE.UU.

La Casa Blanca justifica la acción ejecutiva como único rumbo a seguir después que el Congreso estadounidense rechazó la reforma migratoria que el Senado sí aprobó en junio de 2013. Esta reforma le permitirá a unos ocho millones de indocumentados, que llegaron al país antes de 2012, regularizar su situación migratoria si carecen de antecedentes penales, entregan sus huellas al Departamento de Seguridad Nacional y cancelan multas por la permanencia ilegal en el país.

Algunos reportes de prensa indican que los traficantes de migrantes persuadieron a muchas familias a enviar o llevar a sus niños y adolescentes a EE.UU. bajo la falsa premisa que la aprobación de la reforma les facilitaría su ingreso y permanencia en ese país. Para 2014, se había duplicado la intercepción de menores de edad migrantes y centroamericanos en la frontera sur de EE.UU., en relación con el año de aprobación de la reforma en el Senado.

Beneficios migratorios en el limbo

El 6 de marzo el estado de Texas pidió a Hanen investigar si algunas de las medidas en la acción ejecutiva de migración ya se aplicaban pese a la suspensión. Siete días después, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, dijo que una preocupación principal es que la administración Obama ya se adelantó con la implementación de un aspecto de los nuevos beneficios migratorios.

“El asunto clave ahora es el extremo al que la administración Obama ha extendido permisos de trabajo a migrantes indocumentados, en contradicción directa con cuanto ha dicho a la corte distrital (en el contexto de las acciones legales)”, señaló Paxton. “(Ahora) cualquier implementación de las directrices del Presidente Obama serán difíciles, sino imposibles, de revertir”.

La impugnación del juez Hanen afectó parcialmente el programa de Acción Diferida para aquellos Llegados (a EE.UU.) en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en efecto desde agosto de 2012. El propósito de la DACA es proteger a los adultos que llegaron a EE.UU. como menores de edad. Los beneficiarios que necesitaban renovar su aplicación al programa no pudieron hacerlo después del 18 de febrero, pero al menos unos 100 mil solicitantes recibieron una extensión, que incluye un permiso de trabajo por tres años. La acción ejecutiva incluye la ampliación de cobertura de la DACA.

En otros estados que rechazan la acción ejecutiva, como Kansas, los congresistas estudian una propuesta, que redactó el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, “para recordarle a los migrantes indocumentados, que reciban ayuda de la acción ejecutiva de Obama, que todavía están ilegalmente en EE.UU.”. Kobach dijo que si la iniciativa de ley es aprobada, en ese estado ningún migrante indocumentado podría optar a una licencia de conducir, aun si le beneficia la acción ejecutiva y recibe un número del Seguro Social.

La ley de Kansas también prohibiría la obtención de un permiso de trabajo, y le prohibiría a los empleadores deducir impuestos estatales de los salarios de los migrantes que contraten (aun si les beneficia la acción ejecutiva de Obama). “No necesitamos reconocer que esta amnistía ilegal aplica a Kansas”, dijo Kobach. No obstante, Kansas es uno de los estados donde para 2014 se había reducido la población de migrantes indocumentados, según el Pew Research Center.

Otros estados que rechazan la disposición de la Casa Blanca son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Oeste y Wisconsin, además de Texas. El Pew Reserch Center destaca que, en Nevada, uno de cada cinco estudiantes escolares tiene una madre o padre indocumentado.

Foto: Sandra Sebastián.

En contradicción, las medidas migratorias parecen ser más estrictas en los estados con menor población nacida afuera de EE.UU. Según cifras de 2012 de The New York Times, en Kansas, se trata del 7%, y Arizona, del 15%, por ejemplo. Pero las medidas migratorias estrictas también se implementan en estados que rechazan la acción ejecutiva y cuyo porcentaje de población nacida afuera del país es más alto, como Florida y Texas, donde el 23% y 17% de sus residentes (respectivamente) no nacieron en EE.UU.

Los 14 estados que favorecen la acción ejecutiva están encabezados por California, uno de los estados donde residen más guatemaltecos, y (según la Fiscalía General de ese estado) que tiene al menos un millón de migrantes que califican para beneficios de la acción ejecutiva. Le siguen Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont, Distrito de Columbia, y Nueva York.

Lo que está en juego

El 20 de noviembre pasado, la acción ejecutiva de Obama ofrecía este panorama claroscuro:

(1) Posibilidad de aplicar a tres años de gracia, sin peligro de deportación, y a permisos de trabajo, si llegó a EE.UU. antes de 2010 y tiene al menos un hijo que es ciudadano o residente legal estadounidense. Este programa es conocido como Acción Diferida para padres de hijos ciudadanos o residentes, o DAPA (por sus siglas en inglés). Este beneficio estaba previsto para comenzar el 19 de mayo. El propósito de la DAPA es proteger a los padres indocumentados cuyos hijos nacieron en EE.UU.

(2) Protección y ampliación para 1.2 millones de migrantes elegibles para el programa DACA..

Según la abogada Jennifer Podkul, de la ONG estadounidense Derechos de los Migrantes y Justicia, “la DAPA y DACA sólo son útiles para detener una deportación mientras Obama sea presidente; después de eso, nadie sabe qué ocurrirá”.

(3) Expansión del programa para trabajadores migrantes especializados, que podría resultar en la llegada de entre 150 mil y 200 mil nuevos trabajadores a EE.UU.

(4) Fortalecimiento de la frontera y las prioridades del gobierno federal (nacional) para las deportaciones, y el programa “Comunidades Seguras”. Este consiste en contratar cárceles locales para retener y entregar migrantes indocumentados a agentes federales, entre otros aspectos.

Uno de los lineamientos de la acción ejecutiva es que el Departamento de Seguridad Nacional contrate a 20 mil nuevos oficiales de la patrulla fronteriza, para frenar o reducir nuevos ingresos de migrantes indocumentados. Actualmente hay 21 mil agentes asignados, el mayor número en la historia, que aún resultan insuficientes al país para blindar la frontera. Para ubicar a un agente cada tres metros en la frontera sur estadounidense de 3,218.7 kilómetros, en dos turnos de 12 horas, se requeriría al menos 1.1 millones de agentes por turno, según reportes de prensa.

Continúan las deportaciones

La suspensión de la acción ejecutiva, aún si es temporal, todavía hace vulnerables a los posibles beneficiarios. La Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA) afirmó tener indicios de que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) han capturado a migrantes que podrían calificar para beneficios, y comenzaron el proceso para su deportación. Los reportes salen de ciudades como Nueva York (aunque este estado no se ha pronunciado contra la acción ejecutiva) o Charlotte (Carolina del Norte), donde la ICE ignora los lineamientos de la acción ejecutiva que priorizan la deportación de migrantes indocumentados con antecedentes policiacos o conductas criminales, vinculados al terrorismo, o que cruzaron la frontera recientemente, tienen una orden de deportación pendiente, o no acudieron a una cita con un juez de migración.

La ICE eliminó de sus oficinas cualquier información acerca de los beneficios migratorios hasta que haya una decisión favorable en firme. Ahora la AILA cree necesario que el gobierno federal “despeje dudas sobre la discreción procesal” de los agentes de la ICE. Esta ambigüedad atemoriza a los migrantes indocumentados frente a cualquier autoridad en general.

[quote_left]La ICE eliminó de sus oficinas cualquier información acerca de los beneficios migratorios hasta que haya una decisión favorable en firme. Ahora la AILA cree necesario que el gobierno federal “despeje dudas sobre la discreción procesal” de los agentes de la ICE.[/quote_left]

Sin embargo, la directora de la ICE, Sarah Saldaña, dijo que las deportaciones continuarán según las prioridades establecidas. En marzo, la ICE capturó en diversos estados a 2,059 personas originarias de 94 países. Los detenidos tienen antecedentes delictivos por homicidio, robo, pornografía infantil, violación sexual y/o secuestro, entre otros. Mil de los detenidos ya tenían varias condenas, 58 pertenecen o tienen vínculos con pandillas, y 89 ya fueron condenados por crímenes sexuales, según datos de la misma ICE. Otros 476 son migrantes indocumentados que han sido deportados antes de EE.UU. El reingreso ilegal a EE.UU. después de la deportación conlleva una sentencia máxima de 20 años de cárcel. Los detenidos que no sean enviados a juicio, o a una audiencia con un juez de migración, serán deportados.

[quote_box_left]Extracto del texto originalmente publicado en Plaza Pública. Click aquí para seguir leyendo. [/quote_box_left]