Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera 

Si bien la lucha para el acceso a la justicia en casos de feminicidios ha avanzado lentamente, hay un tema que ha sido dejado de lado: la situación de los menores hijos e hijas de víctimas de feminicidio, quienes se quedan en la orfandad cuando el padre es el victimario.

La psicóloga Natalí Arias, de la asociación civil El Taller, confirma que los niños y las niñas son la población más invisibilizada dentro de esta problemática. Muchos de los esfuerzos han girado en torno al tema de acceso a la justicia, de las condenas a los feminicidas, por ejemplo, pero poco se ha abonado al tema de cuáles son las implicaciones que tiene en los hijos cuando esto ocurre. La psicóloga desconoce sobre la existencia de una regulación o política en Puebla dirigida a la atención a los menores en estas circunstancias, especialmente en los casos donde el padre es el feminicida.

Tanto la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como el DIF, instancias que de acuerdo con Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla deberían estar involucradas, rechazaron hablar sobre el tema. Pese a la insistencia, la PGJ no dio una entrevista directa y tampoco el DIF, cuyo enlace de comunicación social se limitó a explicar que según la directora jurídica de la institución la ley establece que en esos casos será la PGJ quien determine quién se queda con la custodia del menor, aunque por regla en un juicio de ese tipo la última palabra la tienen el juez.

Tanto el DIF como la PGJ forman parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y además, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla obliga a todas las instancias que atienden los temas de violencia hacia las mujeres a involucrarse en programas y planes de prevención y atención para la erradicación de la violencia que viven las mujeres en el estado de Puebla, sin embargo la maestra Lourdes Pérez Oseguera, del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla, reconoce que el DIF “no sirve para nada en estos casos”, y mas bien quien tiene la custodia es “quien se ponga abusado” después del crimen.

En su opinión, debería existir un protocolo muy claro de atención a los hijos porque finalmente también son víctimas, no daños colaterales. 

Natalí explica que la la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia habla de manera general de la atención a la violencia de las mujeres y la Convención por los Derechos de los niños determina que el interés superior del menor es el principio rector que debe ser observado en los casos donde el menor ha sido víctima de una situación de violencia o cuando se pelea su custodia.  “Este marco es el único que habla a partir del beneficio de los menores y sus derechos”.

En Puebla se desconoce la existencia de organizaciones con un trabajo específico acerca de las otras víctimas de los feminicidios: las hijas y los hijos de las mujeres asesinadas.

Lourdes Pérez dice que el caso del asesinato de Olga Nayeli Sosa Romero, asesinada a golpes por su esposo Moisés Torres López, el lunes 9 de abril de 2014, ha puesto en evidencia la ausencia de protocolos, la corrupción, la falta de transparencia y el tráfico de influencias, pues la custodia de Sara la hija de ambos, de ahora cuatro años de edad, se le quedó durante medio año a los abuelos paternos, padres del feminicida.

[quote_box_left]De acuerdo con ambas entrevistadas, en la mitad de los casos en los que se sabe quién es el asesino, se trata del esposo, parejas o ex parejas. Y si bien el los asesinato de mujeres a manos de los padres de sus hijos no es, para Natalí Hernández, un fenómeno en aumento, sí es un fenómeno olvidado.[/quote_box_left]

La investigadora cree que este caso también podría abrir la puerta para revisar qué está pasando con los hijos de otras mujeres, quién los está procurando y quién los custodia, cuestionamientos que habría que hacer a las autoridades más enfáticamente. La coordinadora del Observatorio de violencia de Género de la Ibero recuerda también del caso de una mujer llamada Lourdes que en 2009 fue asesinada por su esposo, quien aparentó que había sido un suicidio. Montó todo y se llevó a la hija de ambos y dejó al hijo que Lourdes había tenido antes con otra pareja. Cinco años después del asesinato la maestra conoció al hermano de Lourdes, quien le contó que nunca había vuelto a ver a su sobrina. 

De acuerdo con ambas entrevistadas, en la mitad de los casos en los que se sabe quién es el asesino, se trata del esposo, parejas o ex parejas. Y si bien el los asesinato de mujeres a manos de los padres de sus hijos no es, para Natalí Hernández, un fenómeno en aumento, sí es un fenómeno olvidado. Aunado a los problemas relacionados con la tipificación del feminicidio en Puebla, advierte que este tema en particular prende un foco rojo para que las autoridades sepan qué hacer en estas circunstancias y que las instituciones sean verdaderamente confiables para la sociedad.