Pilar Crespo | Sebastián Escalón | Frontera D

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A principios de los años 80 del siglo pasado, Edmond Mulet, hoy secretario general adjunto de la ONU, era un joven abogado que formaba parte de una red de adopciones que operaba en Guatemala. Dos veces se vio envuelto en problemas legales. En 1981 fue incluso detenido, acusado de haber vulnerado las leyes de adopciones del país: sacaba a los bebés como “turistas”. Él dijo que no era una adopción. Él dice que había motivos humanitarios. Según un miembro de la Fiscalía Especial sobre adopciones, su método evadió los controles y desamparaba a los niños. evitar la cárcel.

Noviembre de 1981. Detectives de la Policía Nacional irrumpen en la habitación 338 del lujoso hotel Camino Real, en Ciudad de Guatemala. Visten de civil. Allí detienen a cuatro mujeres canadienses listas para llevarse a su país a cinco niños guatemaltecos. Una de las capturadas iba a adoptar a un recién nacido. Otra, a un pequeño de tres años y llevaría a otro bebé de menos de dos meses para una pareja canadiense. Las dos restantes portaban dos bebés para familias adoptivas en Canadá. La Policía envía a los niños al orfanato nacional Elisa Martínez mientras investiga lo que les parece una estructura de tráfico de menores. El 24 de noviembre, a las 10 de la mañana, la Policía detiene en su oficina a Edmond Auguste Mulet Lesieur, el abogado y notario encargado de los trámites (aunque en su declaración, él diría haber acudido por propia voluntad a las dependencias policiales).

Hoy, Edmond Mulet, de familia ligada al periodismo y a la diplomacia, es una de las figuras más respetadas y admiradas de la sociedad guatemalteca: lo demuestran la Orden Doctor Mariano Gálvez en grado de Paradigma que le otorgó su universidad en 2013, o el nombramiento de Personaje del Año que le concedió el diario Prensa Libre en 2011. Este hombre delgado de 63 años, voz suave, dicción clara y modales refinados, tres veces electo diputado, ex presidente del Congreso, embajador de Guatemala ante Estados Unidos y la Unión Europea y ex director de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, es el diplomático guatemalteco que más alto ha escalado en la jerarquía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde que lo nombraran secretario general adjunto para operaciones de paz en 2007.

Pero en 1981, Edmond Mulet Lesieur era un abogado treintañero que daba sus primeros pasos en política desde el Partido Nacional Renovador (PNR), con el cual se disponía a participar en las elecciones legislativas. Y también formaba parte de una red internacional de adopciones: Les Enfants du Soleil (Los Niños del Sol).

Unos años antes, en 1977, un cambio en la legislación guatemalteca abrió la posibilidad de que los notarios gestionaran los procesos de adopción. Gracias a eso, desde principios de los 80 las adopciones comenzaron a incrementarse y se convirtieron en un negocio muy lucrativo.

A medida que Guatemala se ganaba la reputación de ser un país en el que adoptar era fácil, en Europa, Estados Unidos y Canadá aumentó la demanda. También fueron subiendo las sumas que los padres adoptivos estaban dispuestos a pagar por un niño guatemalteco. La población, además, era vulnerable: la mitad de los guatemaltecos sumidos en la pobreza y un conflicto armado que dejaba miles de niños huérfanos y desamparados. El ansia de los abogados por hacerse cargo de procesos de adopción fue creciendo.

En los años que siguieron, se formaron numerosas redes de adopción que se infiltraron en el Estado. En la Secretaría de Bienestar Social para obtener niños de los orfanatos nacionales. En los Juzgados de Familia para declararlos “en abandono” con los ojos cerrados. En la Dirección General de Migración para sacarlos del país sin la documentación requerida. En la Procuraduría General de la Nación (PGN) para agilizar los trámites de adopción. En el Registro Civil para cambiar la identidad de los menores, en el caso de que fueran niños robados.

Así, en 2008 Guatemala llegó a ocupar el primer lugar en la ‘exportación’ de niños hacia Estados Unidos.

Pero aquí estábamos en el principio de todo, y aquel 24 de noviembre de 1981 Edmond Mulet se encontraba en aprietos: detenido en la sede del Segundo Cuerpo de la extinta Policía Nacional, lo interrogaba un detective que le atribuía haber creado un “sistema de exportación de menores”.

Las adopciones que no lo eran

Entre los documentos que llamaron la atención del policía investigador estaban las cinco solicitudes de emisión de pasaportes para los niños, firmadas por Mulet. En la casilla motivo del viaje el abogado había escrito “turismo”. Y como dirección en Guatemala de todos los bebés figuraba la de su despacho de abogado.

Mediante un mandato legal, las familias canadienses habían encargado a Mulet la tarea de tramitar una adopción. En ese documento se designaba a Mulet como su representante legal en Guatemala.

De acuerdo a la legislación vigente en 1981, una adopción requería tres pasos: un informe de una trabajadora social adscrita a un Juzgado de Menores que indicara que los adoptantes eran idóneos para hacerse cargo de un menor, un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación y dos testigos –cualquier persona era válida– que declararan que dichos adoptantes eran personas honorables y de buenas costumbres. Con esto resuelto, un abogado redactaba la escritura de adopción en presencia de los padres biológicos del niño y de sus padres adoptivos. La escritura se remitía al Registro Civil, que apuntaba en la partida de nacimiento del niño el nombre de sus nuevos padres. Entonces, todo estaba listo para que las autoridades de migración emitieran un pasaporte con la nueva identidad del menor para que éste viajara a su nuevo destino.

Estos trámites solían durar aproximadamente un año. Pero en lugar de seguir el procedimiento de ley, Mulet decidió tomar atajos. Simplemente redactó por cada niño una escritura pública y dos actas notariales. Una primera en la que los padres biológicos consentían la adopción, otra en la que entregaban sus hijos a una asociación llamada Los Niños del Sol, y una última en la que pedían a las autoridades de migración que facilitaran el viaje del menor a Canadá.

Con esto, Mulet se presentó ante la Dirección General de Migración y solicitó que le expidieran pasaportes para sus “turistas” recién nacidos. Se ahorraba así todos los trámites que implicaban un ligero control de la idoneidad del proceso por parte las instituciones del Estado: PGN, Registro Civil y Juzgado de Familia.

El proceso había sido insólitamente rápido: entre el nacimiento de cuatro de los niños –septiembre y octubre de 1981– y la llegada de las mujeres canadienses para recogerlos pasaron apenas entre dos y tres meses.

En 1981, según el informe policial, Mulet declaró al detective que él “estimaba que no había necesidad de que nuestros juzgados de Familia ni el Ministerio Público ni los padres del menor tuvieran que ver con el destino del mismo”.

De hecho, dijo, ya había mandado a otros menores al exterior siguiendo esa misma pauta.

 Los Niños del Sol

Tras la investigación policial, el juez de paz Carlos Antonio Albúrez Roca, del Quinto de Paz del ramo penal, se hizo cargo de las diligencias judiciales: interrogó al abogado, a las mujeres canadienses y a las madres biológicas de los niños. Así fue desvelando cómo operaba Los Niños del Sol.

La asociación creada en Canadá con el nombre Les Enfants du Soleil por el abogado canadiense Jean Francoeur se definía únicamente como un “centro de información acerca de la adopción internacional”. La práctica reveló una actividad distinta: una vez que entraban en contacto con parejas canadienses que quisieran adoptar, su función era ayudarles a reunir y legalizar en Canadá los documentos necesarios para la adopción, para luego dirigirlas hacia Edmond Mulet, que en teoría haría lo propio en Guatemala. Lise Francoeur, esposa de Jean Francoeur, a veces incluso acompañaba a los adoptantes en el viaje a Guatemala, o trasladaba de un país a otro a los niños en caso de que las parejas no pudieran o no quisieran viajar. Lise y su madre, Simone Bédard, fueron dos de las mujeres detenidas en el hotel Camino Real en la operación policial de noviembre de 1981. Ambas se disponían a llevar a un niño guatemalteco a Canadá para otras personas.

El juez Albúrez Roca entendió que estaba frente a una estructurada red de adopciones. Sus preguntas a las madres biológicas de los cinco niños encontrados en el hotel Camino Real buscaban determinar quién las había convencido de entregar a sus hijos. Y descubrió que a todas las había captado una misma persona: Ofelia Rosal de Gamas.

Rosal de Gamas era la jaladora de la red, es decir, la persona encargada de buscar mujeres que aceptaran entregar a sus hijos en adopción. Cuñada del general Óscar Humberto Mejía Víctores, presidente de facto de Guatemala entre 1983 y 1985, Rosal de Gamas se convertiría durante ese mismo periodo en la encargada del orfanato estatal Rafael Ayau. En 1987, dos años después de que su cuñado abandonara el poder, la policía la acusaría de encabezar otra red de adopción que tenía en ese momento en su poder a 24 niños de entre un mes y dos años de edad.

Evelia R. era una de las madres detenidas en 1981. Empleada de un salón de belleza, ganaba 80 quetzales mensuales (unos 80 dólares, hoy, alrededor de 1.700 quetzales), una cifra insuficiente para mantener a su familia. El juez le preguntó cómo había conocido a la jaladora. Evelia le respondió que, estando embarazada, se había encontrado en el mercado con Rosal de Gamas, quien le preguntó si estaba en condiciones de dar sustento al niño que llevaba en su vientre. A partir de ese primer encuentro se sucedieron la conversaciones con Ofelia Rosal de Gamas, quien le obsequiaba pan o tortillas. Hasta que un día Evelia le escuchó decir que podía entregar al recién nacido a quien tuviera los medios para criarlo. “Así fue como se inició todo”, puntualizó Evelia.

Otra de las madres, Delia D., servía en una casa en la que ganaba 45 quetzales al mes (algo menos de mil quetzales actuales). Delia estaba embarazada y desesperada: el padre del niño no lo reconocería y sus patrones podían echarla de la casa. Paseaba triste por el Parque Central –relató– cuando se le acercó una persona que le preguntó por su embarazo. Al escuchar que no era deseado, le habló de Ofelia Rosal. Cuando Delia D. se encontró con la jaladora de Los Niños del Sol, Rosal le mostró diapositivas de niños adoptados que “se veían bien”. Así la convenció de que le entregara el niño al dar a luz. Delia lo hizo dos días después del parto.

Además de la pobreza y de su relación con Ofelia Rosal de Gamas y Edmond Mulet, había otro antecedente clave que unía a estas mujeres guatemaltecas: el lugar donde nacieron sus hijos. Tres de las madres biológicas –Aura R., Gladys C. y Evelia R.– dieron a luz en una casa de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Hilda Álvarez Leal, la comadrona. Los testimonios coinciden: después de entregar a sus hijos, Ofelia Rosal o su hijo, Frank Gamas, llevaban a las madres a la oficina del abogado Edmond Mulet para que firmaran las escrituras notariales.

Según una vecina de la partera, Hilda Álvarez Leal falleció “hace como 30 años”. En cuanto a Ofelia Rosal de Gamas, un familiar dijo en 2013 que vivía, pero postrada en estado vegetativo tras un derrame cerebral. El hijo de Ofelia, Frank Gamas, declinó hablar sobre estos hechos. Dos años más tarde, un pariente comunicó que Ofelia Rosal había muerto.

En 2011, Plaza Pública localizó a dos de las madres biológicas. Una de ellas negó haber dado un hijo en adopción. La familia de la segunda pidió que volviéramos al día siguiente. Tras someternos a un largo interrogatorio, respondieron que la mujer acababa de migrar a Estados Unidos y no sabían cómo localizarla. Sería sexagenaria.

 “Yo pensé que todo estaba dentro de la ley”

Diane W., una de las canadienses detenidas en noviembre de 1981, enfermera de 36 años, estaba casada y no podía tener hijos. A Jean Francoeur lo habían conocido ella y su marido por medio de un amigo con el que habían hablado de su deseo de adoptar un hijo. El matrimonio se comunicó con Francoeur, que les presentó la asociación Les Enfants du Soleil y les recomendó los servicios de Edmond Mulet en Guatemala.

Para iniciar el proceso, Diane W. y su marido le enviaron a Francoeur una voluminosa documentación: declaración bancaria, certificado de buena salud, certificado de infertilidad, así como el informe de idoneidad firmado por una trabajadora social canadiense.

En una carta manuscrita supuestamente destinada a “las autoridades de adopción”, los W. afirmaban ser una pareja “amorosa, unida, feliz y en buena situación financiera”. Y deseaban un niño para educarlo en un “clima de amor, calor, seguridad, generosidad y amor”. En los formularios que les presentó la asociación, los padres escogían el sexo, la edad y el número de niños que deseaban. Había incluso una opción que decía: ‘lo más joven posible’. La pareja optó por un niño y una niña menores de cuatro años. Otro documento que la organización Les Enfants du Soleil les hizo firmar fue un mandato para que Edmond Mulet los representara en Guatemala y cumplimentara las adopciones en calidad de abogado y notario.

Diane W. le dijo al juez Guerra Figueroa que a principios de noviembre de 1981, Edmond Mulet les hizo llegar el mensaje de que había un bebé para ellos y que los trámites de adopción habían terminado. Estaba todo listo.

Monique M., otra de las canadienses detenidas en 1981 en el hotel Camino Real, junto a tres parejas de la misma nacionalidad, recibieron también por estas fechas la llamada de Francoeur: los trámites para la adopción del niño ya habían terminado y todo estaba listo.

Dado que las otras tres parejas adoptantes no podían viajar a Guatemala por razones laborales, la expedición se armó así: Lise Francoeur, como representante de Los Niños del Sol, y su madre, Simone Bédard, se harían responsables de dos niños para dos de las parejas que permanecieron en Canadá. Monique M. se encargaría de su propio hijo y de uno más, para una pareja amiga. Diane W. se llevaría al suyo.

Ante el juez Albúrez Roca, la canadiense Monique M. se sorprendió cuando le mostraron que Edmond Mulet no había hecho los trámites debidos. “Yo pensé que todo estaba dentro de la ley. Para eso contraté a un abogado, que es el señor Mulet, ya que nuestra intención ha sido la buena fe y el deseo de ayudar a niños necesitados”, afirmó.

[quote_right]Tanto Monique M. como Diane W. dijeron al juez que ignoraban que los niños que se llevaban a Canadá no habían sido adoptados legalmente debido a que las escrituras públicas realizadas por Mulet no formalizaban las adopciones.[/quote_right]

Tanto Monique M. como Diane W. dijeron al juez que ignoraban que los niños que se llevaban a Canadá no habían sido adoptados legalmente debido a que las escrituras públicas realizadas por Mulet no formalizaban las adopciones. Así lo entendió el juez Ramiro Guerra Figueroa, del Octavo de Primera Instancia, quien tomó bajo su responsabilidad el caso penal después del juez de Paz Albúrez Roca. Guerra Figueroa, hoy fallecido, retiró los cargos que pesaban sobre las mujeres canadienses y ordenó que las pusieran en libertad el 7 de diciembre, después de haber pasado quince días entre rejas. Las madres biológicas también salieron de la cárcel.

 “Por presiones políticas obtuvo su libertad”

 Edmond Mulet estuvo en aislamiento una jornada, el 25 de noviembre. Al día siguiente, todavía encarcelado, defendió su inocencia en la televisión. Dijo que todo era un showpolítico para desacreditarlo a él y al Partido Nacional Renovador, y acusó a la policía de haberlo torturado psicológicamente. Al final proclamó: “¡Viva la inteligencia! ¡Abajo la violencia!”.

Ese mismo día, su partido se movilizó para apoyarlo

Alejandro Maldonado Aguirre, entonces candidato presidencial por la alianza Democracia Cristiana–PNR y hoy uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que resolvió anular la sentencia que en 2013 condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio, denunció un “plan truculento” para destruir el movimiento político.

Mientras tanto, Mulet intentaba recobrar su libertad y que se diera carpetazo el proceso en su contra. Alegó que, como aspirante a diputado, gozaba de inmunidad, sin saber que su partido aún no había oficializado las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.

Esa versión es la que todavía hoy sostiene el actual secretario general adjunto de la ONU: que su detención fue una maniobra organizada por la cúpula policial. La razón, explica, es que “aquel año [1981] fue la toma de la embajada de España”, en la que masacraron a 37 personas, entre campesinos, estudiantes y ciudadanos españoles, y continúa: “la única persona que denunció esa toma y a Donaldo Álvarez, Germán Chupina Barahona, al presidente Lucas García y a Pedro García Arredondo, fui yo. Esto me generó problemas graves. Tenía amigos en el Gobierno y en el Ejército que me pedían que me fuera del país porque estaba en una lista”.

El 7 de febrero de 1980 Inforpress Centroamericana recogió esta declaración de Mulet sobre los hechos de la Embajada. En declaraciones a Nuevo Diario decía que “las acusaciones que se han venido haciendo en contra del embajador de España en Guatema han sido hechas en forma irresponsable y sin ningún fundamento”.

Prensa Libre también hizo eco al comunicado de su agrupación, el Partido Nacional Renovador, que condenaba los “trágicos sucesos” en que murieron “apreciados altos funcionarios y personal de esta misión”, “ilustres ciudadanos guatemaltecos” y “campesinos manipulados por fanáticos extremistas de izquierda”. En ese comunicado solo se solicitaba a las autoridades que esclarecieran los hechos.

Sin embargo, las fechas no coinciden: la toma de la embajada española en Ciudad de Guatemala ocurrió casi dos años antes, el 31 de enero de 1980.

Aquel mismo 7 de diciembre en que las mujeres canadienses salieron de la cárcel, Mulet obtuvo también la libertad.

“Lo que a mí me consta”, sostiene hoy Mulet, “es que al final de esta investigación, el juez penal concluyó que todo se había hecho bien”, y en consecuencia el caso fue cerrado. Y por ello las canadienses detenidas, añade el diplomático, “se pudieron ir de Guatemala, ya con sus visas y todo en regla, a pasar la Navidad con sus hijos”.

Pero las cosas no sucedieron exactamente así

En rigor, las mujeres canadienses sí volvieron a su país a finales de diciembre, pero sin los niños que querían adoptar. Según una de las madres adoptivas, éstos permanecieron un año completo en el hogar Elisa Martínez hasta que las adopciones se formalizaron, esta vez siguiendo el proceso legal y sin intervención de Mulet. Ese año fue de angustia para las madres adoptivas –según describió una de ellas–, que creció aún más cuando, al recibir por fin a los niños en Canadá, se dieron cuenta de que durante ese tiempo algunos habían sufrido problemas de salud. Uno de ellos presentaba secuelas de poliomielitis contraída en el hogar, y otro la cicatriz de una operación en el perineo.

Y por otro lado el juez Octavo, Ramiro Guerra Figueroa sí encontró motivos suficientes para iniciar un juicio contra Mulet por patrocinio infiel, un delito que alude a cuando un abogado actúa conscientemente contra los intereses de sus clientes, en este caso las mujeres canadienses que querían adoptar. Como se trataba de un delito menor, a Mulet se le concedió la libertad provisional, aun cuando se formularon cargos.

Pero el juicio nunca llegaría a celebrarse

La Sala Cuarta de Apelaciones declaró que el acta de apertura pecaba de “notoria inconcreción” y por lo tanto debía ser descartada. A pesar de que el juez Guerra Figueroa intentó reactivar el caso, el 10 de mayo de 1982, ya con Ríos Montt en el poder, la Sala declaró no hallar “motivos bastantes para llevar el proceso a la fase pública”. Un documento policial de junio de 1984 guardado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional indica que en este caso de 1981, Mulet “por presiones políticas obtuvo su libertad”.

Pero lo cierto es que con la legislación guatemalteca de la época era casi imposible sancionar a los abogados por adopciones irregulares ni perseguir con eficacia a las redes que se dedicaban a este tráfico. No existían aún vías legales que permitieran enmarcar las acciones individuales de cada miembro de una red de tráfico de menores, como las calificaba la policía. Por ejemplo, a un abogado que simulara una adopción no se le podía considerar como un eslabón dentro de una organización delictiva, sino simplemente como responsable de delitos menores o faltas al código del notariado. No existía forma de analizar en conjunto la cadena de actos de todos los miembros de la red para entender qué pretendían, sino cada uno por separado.

Además, en aquella época, sólo el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual se consideraba trata de personas. Más tarde, con la reforma al Código Penal del 2005, la adopción irregular se convirtió en una modalidad del delito de trata. Y Guatemala comenzó a ratificar un arsenal de convenios internacionales, en gran medida por el impulso de Unicef, la agencia de Naciones Unidas para proteger a los niños.

En 2011, Plaza Pública accedió a documentación de la Secretaría de Bienestar Social conservada en los Archivos de la Paz que testimonia que la asociación Los Niños del Sol también funcionó en otros países como Honduras, El Salvador y Colombia. Y que, en Guatemala, esta asociación no solo captó a niños a través de una jaladora privada, como sucedió con los menores encontrados en el hotel Camino Real, sino también en orfanatos estatales como el Elisa Martínez. En estos últimos, los procedimientos empleados estaban más sujetos a la legalidad.

[quote_box_left]Extracto del texto originalmente publicado en Frontera D. Click aquí para seguir leyendo. [/quote_box_left]