Emiten 9 recomendaciones contra feminicidio en Michoacán
Plazo de 6 meses para que se cumplan o se declarará Alerta de Violencia de Género
Por Lado B @ladobemx
13 de abril, 2015
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Foto: César Martínez López.

Anaiz Zamora Márquez | Cimacnoticias

@Cimacnoticias

En el estado de Michoacán “existe un contexto complejo en el que las circunstancias de inseguridad por las que atraviesa su territorio contribuyen a generar condiciones que propician la producción y reproducción de la violencia contra las mujeres”, concluyó el Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en la entidad.

A más de un mes de que el Grupo de Trabajo entregó su informe final, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) difundieron nueve recomendaciones que el Grupo de Trabajo hizo al gobierno del estado, y que deberán cumplirse a más tardar en seis meses o de lo contrario se declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG).

En diciembre de 2014 la organización civil Humanas sin Violencia presentó la solicitud de AVG para Michoacán, en la que denunció que “existe un fenómeno de violencia generalizado en la entidad, así como una falla sistémica en la procuración de justicia, que se dan en un contexto de violencia normalizada, caracterizada por actos de brutalidad, impunidad e ingobernabilidad”.

En la petición se señaló que esa situación se pone de relieve con el aumento del feminicidio en la entidad, particularmente en los casos de mujeres sin identificar que fueron “apedreadas o calcinadas”.

Académicas y funcionarios que integraron el Grupo de Trabajo, además de allegarse de información del gobierno local, realizaron cinco sesiones ordinarias, dos visitas y 15 entrevistas a víctimas, familiares y organizaciones civiles, y 46 empleados en atención y procuración de justica, para elaborar sus conclusiones.

Como primera conclusión –según el documento de 94 hojas entregado el pasado 13 de febrero al Inmujeres–, el Grupo de Trabajo observó que un número significativo de delitos perpetrados contra mujeres en el estado no se ha investigado adecuadamente.

[quote_right]Según los datos oficiales, de enero de 2006 a diciembre de 2014 se registraron 719 muertes de mujeres, de las cuales 712 fueron por homicidios dolosos, y sólo siete fueron catalogadas como feminicidio.[/quote_right]

Según los datos oficiales, de enero de 2006 a diciembre de 2014 se registraron 719 muertes de mujeres, de las cuales 712 fueron por homicidios dolosos, y sólo siete fueron catalogadas como feminicidio.

Se indicó que en relación con estos casos, hay un total de 789 víctimas (debido a que las averiguaciones previas pueden relacionarse con más de una mujer asesinada). En el mismo periodo se recibieron 5 mil 287 denuncias por delitos cometidos contra niñas y mujeres.

Así, se propuso al gobierno local adoptar las medidas necesarias para que se garantice la investigación de todos los casos, y se resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable.

En segundo lugar, el Grupo de Trabajo concluyó que las instancias de atención a mujeres víctimas de violencia no implementan procesos articulados y coordinados (servicios integrales), lo que provoca que la atención sea deficiente y en ocasiones se revictimice a las sobrevivientes de violencia.  

Se planteó el diseño y aplicación de un “Modelo Único de Atención” a cargo del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, y asesorado por especialistas en el tema. También se deben elaborar protocolos de atención y capacitar a servidores públicos.

Si bien el gobierno de Michoacán reportó diversas acciones en materia de capacitación, el Grupo de Trabajo percibió que “éstas no son eficientes ni cuentan con planeación estratégica, ni mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto”, por lo que propuso fortalecer esta profesionalización con programas continuos y focalizados.

Se destacó que en el caso de las autoridades de salud, las capacitaciones deben incluir la correcta aplicación de la NOM-046 sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, ya que se observó que el personal médico no avisa de estos casos al Ministerio Público (MP) de conformidad con la norma, para evitarse “procedimientos engorrosos” o “no meterse en problemas”.

Como punto cuatro, el Grupo de Trabajo consideró que las campañas de difusión y promoción de los Derechos Humanos (DH) realizadas por el gobierno local “han sido insuficientes y el ámbito territorial de algunas ha sido limitado”, por lo que pidió campañas permanentes desde un enfoque multicultural y con una evaluación periódica de su impacto.  

Como quinta conclusión se señaló que si bien se cuenta con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra de las Mujeres, “es común” que éste no se alimente ni se actualice por parte de las autoridades.

El Grupo de Trabajo propuso sistematizar y actualizar esa información, así como impulsar la interconexión de los sistemas de información pública, y que el gobierno estatal publique de manera periódica las estadísticas generadas.

En sexto lugar se demandó fortalecer a las instancias judiciales con más presupuesto, espacios apropiados y personal suficiente para la atención y contención psicológica de las mujeres en situación de violencia, con especial énfasis en las agencias del MP.  

Al encontrar que no se emiten órdenes de protección en los casos de violencia denunciados, se propuso la elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión de estas medidas, la elaboración de un modelo de análisis de riesgo, y la regulación de los refugios.  

Se debe diseñar –como séptima observación– una estrategia educativa transversal en materia de DH para transformar los patrones culturales, y enseñe a niñas, niños y adolescentes a identificar la violencia, toda vez que “la violencia se encuentra arraigada en la sociedad michoacana”, recalcó el Grupo de Trabajo.

Como novena recomendación, se demandaron cambios legislativos, como elaborar y publicar los reglamentos de las leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (vigente desde 2009), y por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (promulgada en diciembre de 2008).

Se incluyó la necesidad de modificar la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar, para que se eliminen los procedimientos de conciliación.

También se pidió una reforma al Código Penal local para dar una penalidad específica al feminicidio, y crear el tipo penal de acoso sexual, que actualmente es considerado como una conducta del hostigamiento sexual.

Michoacán es la tercera entidad en el país en recibir recomendaciones por parte de un Grupo de Trabajo; previamente fueron emitidas recomendaciones para los estados de Guanajuato y Morelos.

Se espera que en breve se publiquen los informes de los Grupos de Trabajo que investigaron la violencia feminicida en Colima y Baja California.

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