Violencia sexual en Puebla, invisibilizada por las autoridades

Violencia sexual en Puebla, invisibilizada por las autoridades

Ilustración: Shutterstock.com
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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El riesgo de ser víctima de una violación no se limita a la calle, el agresor no es siempre ese desconocido que te ataca en un paraje oscuro o solitario. A veces, el terror que provoca una agresión sexual se vive entre las cuatro paredes del hogar, “los agresores sexuales son personas cercanas a las mujeres, que saben que las pueden violentar una vez sino muchas otras veces”, explica Natalí Hernández, integrante del El Taller A.C. de Puebla, a la par que señala que existe un incremento del delito.

Y las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Snsp), confirman las palabras de la activista. Si bien la entidad no está en los primeros lugares nacionales de registro de denuncias y Averiguaciones Previas (AP), en el comparativo entre enero 2014 y enero 2015 las cifras locales casi se duplicaron. Durante el primer mes del año pasado se registraron 23 violaciones ante el Snsp y en “otros sexuales” (que no especifica a que delitos se refiere) 62; sin embargo, para el mismo mes de 2015 las violaciones fueron 51 y los “otros sexuales”disminuyeron a 52.

Los datos oficiales revelan además que a partir de abril de 2013 se registró un descenso en las APs referentes a la violación, y las cifras bajas mantuvieron esa tendencia hasta agosto de 2014, cuando inició el repunte hasta llegar a los 51 casos de enero de este año. Es decir, se registró  y denunció una violación cada 14 horas.

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Si bien las cifras han disminuido año con año, pues la información oficial registró 740 casos en 2011, 730 en 2012, 449 en 2013 y 340 en 2014, el problema, menciona la activista, es el subregistro y la complejidad para definir el delito. Se considera violación solamente si existe un acto de penetración, y no es muy claro en qué se distingue del maltrato sexual. Además, muchas veces las autoridades sólo consideran “grave”hasta que ocurre una penetración, “y eso se refleja en la atención diferenciada que las autoridades dan al abuso y a la violación”, explica Natalí Hernández.

Eso sin contar que, regresando a las cifras oficiales, los delitos registrados bajo el rubro de «otros sexuales» prácticamente se han mantenido en el mismo nivel durante todo lo que va del sexenio, y lo mismo pasa con el delito de Estupro.

Violación y embarazo de infantes

Durante los tres primeros años de gobierno de Rafael Moreno Valle el mayor número de denuncias por abuso sexual que registró la PGJ se centró en las mujeres de entre 13 a 17 años y 18 a 29, pero en el rango de 0 a 12 años de edad hay una cifra preocupante: en 2012 fueron 99 denuncias. Esto amplía considerablemente el rango de edades “en riesgo”y refuerza la teoría de que no sólo en la calle se dan esos abusos.

Uno de los focos rojos son los embarazos de niñas y adolescentes: Natalí menciona que al ver las cifras y cruzar los datos, una de las líneas que podríamos estar viendo por las edades de los embarazos es que es muy probable que sean producto de algún tipo de abuso, incluso de alguien muy cercano a las niñas. Hay que preguntarse qué pasa con las menores de 8 años de edad ya embarazadas, y cómo esto vulnera la vida adulta al convertirlas en niñas madres.

De acuerdo a datos de la Red por los Derechos de la Infancia, de enero 2012 a abril 2014 hubo en toda la entidad un total de 3 mil 484 niñas que se atendieron por parto. Además, se calcula que de 2011 a 2013 mil 286 niñas de entre ocho y 14 años de edad dieron a luz, y cada año las cifras aumentaron: en 2011 fueron 352 casos, en 2012 ascendieron a 393 (sólo menores de entre 12 y 14 años) y para 2013 fueron 541 niñas de entre 12 y 14 años.

“Me parece que un aspecto justo no se ha terminado de reconocer que los agresores son gente muy cercana a las víctimas, y que eso dificulta la denuncia. Es muy difícil que se atrevan a denunciar al padre al tío o a alguien cercano, por todo el estigma, aparte siempre se les cuestiona la veracidad del dato, la familia empieza a decir “sí pero tú qué hiciste”, etc.”, esto aunado a que cuando ocurre una violación, explica Natalí, se asume que la mujer ya no es virgen y eso conlleva otras implicaciones en el contexto social machista, infiriendo que la víctima es entonces “de fácil acceso” a otras personas.

A nivel local no existen políticas públicas ni un interés para la prevención de la violencia sexual. A lo largo del gobierno de Moreno Valle no han existido iniciativas propias para detener ni prevenir el tema de las agresiones sexuales. “Nadie habla de violencia sexual desde los espacios institucionales. Se les avisa a las mujeres qué hacer en caso de violación, pero en realidad no es información que las mujeres tengamos a la mano. Muchas mujeres no tienen acceso a una agencia del Ministerio Público y tampoco a un proceso de acompañamiento para llevar la denuncia”.

Me parece que un aspecto justo no se ha terminado de reconocer que los agresores son gente muy cercana a las víctimas, y que eso dificulta la denuncia. Es muy difícil que se atrevan a denunciar al padre al tío o a alguien cercano, por todo el estigma, aparte siempre se les cuestiona la veracidad del dato

Natalí considera que ha habido a lo largo de esta administración «un olvido», concretamente con los temas en general de violencia sexual y hacia las mujeres. No existe un programa claro de prevención, atención ni erradicación de la violencia.

Aunque existe el Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, no se han visto campañas concretas, ni tampoco acciones por parte de las instituciones públicas. Lo único es la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres, proveniente de una iniciativa del gobierno federal, que además sólo atiende a la población de la ciudad de Puebla, privilegiando a los habitantes de la capital y excluyendo a los del resto del estado.

La intención de invisibilizar el problema se refleja también en la política de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues se dejó de enviar boletines relacionados con violaciones y agresiones sexuales en general: el último que se registró fue enviado el 26 de septiembre de 2014, y desde entonces el silencio en ese delito ha caracterizado la comunicación oficial.

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